Así ha golpeado la pandemia a los derechos humanos en España

El 14 de marzo de 2020 será una fecha que pase a la historia para todos. Fue el día en el que el gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos, que había llegado a la Moncloa tan solo dos meses antes, declaró el estado de alarma ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la covid-19. En ese mismo día, España se recluyó con la esperanza de dar un poco de aire a los hospitales al borde del colapso y aplacar la que sería la primera de varias olas del virus. Los nuevos casos se contaban de a miles cada día, y la primera línea de batalla contra la enfermedad era una sanidad ya golpeada por los recortes económicos que habían venido desfilando desde la crisis económica del 2008. Una dura realidad en la que, según el último informe de Amnistía Internacional, La situación de los derechos humanos en el mundo, gran parte de la población española se ha visto vulnerada. 

Entre los más afectados, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, se encuentra el personal sanitario, que al principio de la pandemia ni siquiera contaba con los equipos de protección adecuados para trabajar. «A pesar de las declaraciones de apoyo generales, en nuestra opinión, los sanitarios de la atención primaria han sufrido dos pandemias, la de la covid y la de la gestión.

No hubo material [por ejemplo, los equipos de protección individual llegaron con retraso y no contaban con acceso a las pruebas del virus], ni inversión, ni personal suficiente, y obviamente se puso en riesgo su salud y su seguridad personal». Según los datos del informe, en 2020, al menos 93.000 trabajadores y trabajadoras de la salud habían contraído la enfermedad (un 5,1% del total de los casos), y 89 de ellos perdieron la vida.

Algunas personas en centros de mayores estuvieron confinadas indefinidamente en sus habitaciones

Junto al personal sanitario, Amnistía pone el foco en la población mayor, a la que, según Beltrán, «se ha abandonado». Los datos lo corroboran: las personas de edad avanzada son las principales víctimas de la pandemia. En noviembre, en torno a 20.000 personas habían muerto de covid-19 en las residencias de mayores, un dato que representa alrededor del 50% de todas los fallecimientos registrados por la enfermedad hasta ese momento.

El informe también señala que, durante los peores momentos de la pandemia, «algunas personas residentes en centros de mayores estuvieron confinadas indefinidamente en sus habitaciones, con escaso o nulo contacto con sus familiares y sin supervisión efectiva de las autoridades regionales y nacionales, lo que dio lugar a violaciones de sus derechos humanos».

La cuarentena supuso también para muchos una vulneración de sus derechos ya que «se ha multado a más de un millón de personas y detenido a más de 8.000 por una ley injusta como lo es la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana», advierte Beltrán. Además, apunta el informe, se han registrado numerosas denuncias de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad para hacer cumplir las medidas de confinamiento. «En junio, el Gobierno reveló que había en curso cuatro investigaciones internas de la Policía Nacional y que 41 guardias civiles habían sido sancionados por su conducta durante el estado de alarma», reza el texto.

Beltrán: «Se han tomado algunas medidas correctas, como las moratorias en el pago de los alquileres»

Otro de los puntos tratados por el informe es la violencia machista. En 2020, las llamadas de mujeres a las líneas de ayuda contra este tipo de violencia aumentaron en un 60% con respecto al año anterior. También el número de consultas online de mujeres que buscaban seguridad se disparó sin límites: un 586% en comparación con 2019. Por otro lado, un total de 45 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas.

No obstante, Beltrán considera que la administración hizo un buen trabajo en este aspecto: «Los centros de protección de mujeres se mantuvieron abiertos en todo momento porque se consideraron un servicio esencial, y hubo una buena respuesta a la emergencia». De la misma manera, el director de Amnistía Internacional España reconoce que se han tomado algunas medidas correctas como «las moratorias de tres y seis meses en el pago de los alquileres», pero resalta la importancia de cuidar todos los otros puntos para velar correctamente por los derechos humanos en una situación tan excepcional como esta.