Cómo reconstruir la economía tras el fin del carbón en España

En el extraño verano de 2020 la desescalada eclipsó una noticia histórica en España: la era del carbón se acercaba un poco más a su fin. En tan solo una semana, siete de las quince centrales térmicas del país cerraban para siempre. El anuncio fue un gran paso en el camino de la transición energética, pero puso sobre la mesa un nuevo problema ya que cientos de empleados se encontraron, repentinamente, frente a un futuro laboral incierto. ¿A dónde iban a ir a parar? En este contexto, el pasado 24 de marzo se blindó un acuerdo símbolo de la nueva era en la que ya estamos inmersos: el Acuerdo por una Transición Energética Justa para las centrales térmicas en cierre: el empleo, la industria y los territorios.

El documento, que nació en abril de 2020 pero hasta ahora no había recibido el apoyo de todos los actores necesarios para su aplicación, recoge el compromiso de administración, sindicatos y energéticas –EDP, Naturgy, Iberdrola y Endesa– para reactivar en clave verde la economía de las poblaciones afectadas por la inminente desaparición de las centrales térmicas. En pocas palabras, es «un acuerdo único en el mundo que demuestra el compromiso del Gobierno, no solo con la descarbonización, sino con la protección de los más vulnerables y con el diálogo social», como indicó la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, también firmante del acuerdo junto a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social.

Sin dejar a nadie atrás

Evitar la marginación laboral de los trabajadores de un sector en proceso de extinción es el eje vertebrador de este nuevo documento. Para luchar contra la pérdida de competitividad, sus protagonistas se comprometen con la economía de las regiones afectadas en Aragón, Andalucía, el Principado de Asturias, Castilla y León y Galicia proyectando nuevos nichos estratégicos a largo plazo que ejerzan como palanca para la transición ecológica. Lo harán recurriendo a los Convenios de Transición Justa, una figura holística basada en el «mantenimiento y la creación de actividad en las comarcas a través del acompañamiento a colectivos en riesgo, la fijación de población en los territorios rurales y la promoción de una diversificación coherente con el contexto socioeconómico».

Así, la fórmula pasa por aprovechar los recursos ya existentes en el territorio y combinarlos con nuevas inversiones externas y acceso a apoyo financiero público, como subvenciones a empresas e investigación, o los instrumentos de capital riesgo. El objetivo es potenciar el crecimiento económico y social en clave sostenible, priorizando las actividades energéticas. Un ejemplo de esta propuesta es la creación de subastas de energías renovables para estos territorios, dándoles la oportunidad de reposicionarse como fuerzas energéticas del siglo XXI.

El acuerdo facilitará la inserción de los perfiles difíciles de relocalizar, especialmente los mayores de 52 años

Por su parte, las eléctricas se comprometen a relocalizar a sus empleados y a facilitar el acceso a formación profesional para mejorar la empleabilidad de los que tengan que dedicarse a nuevas actividades. Atenderán también a los trabajadores y empresas satélite dependientes de las centrales térmicas, activando nuevos contratos para la relocalización tras el desmantelamiento de las plantas, la restauración medioambiental del entorno o las futuras actividades productivas.

En la canalización de estos esfuerzos jugará un papel clave la administración de cara a mantener en activo a todos los trabajadores, tanto de las centrales como de las empresas auxiliares, invirtiendo en la recapacitación laboral a través de programas de formación profesional enfocados hacia la economía verde. También facilitará la inserción de los perfiles más complicados de relocalizar prestando especial atención a los mayores de 52 años, para los que se prevé crear bonificaciones a la contratación.

Este recién anunciado acuerdo es uno de los principales motores de la Estrategia de Transición Justa, un mecanismo para asegurar que todos los actores afectados aprovechen también las oportunidades que ofrece este paso a un sistema más verde. De forma paralela, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 trabaja en la ruta hacia la neutralidad climática que será allanada por el marco legal del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Tres piezas que se complementan entre sí para que la maquinaria del Estado, el sector privado y la sociedad civil, escriban este nuevo capítulo de la historia con tinta verde.