Diversidad de vacunas, un instrumento por la justicia social

A medida que se avanza en la pandemia generada por la covid-19 se observan las dificultades para gestionar algo nuevo y viejo por parte de los actores políticos y económicos, así como de los instrumentos y medios de comunicación. Esto se debe, como ya hemos apuntado recientemente, a cuarenta años de predominio de una globalización y un monetarismo que han llevado a olvidar a la ética e incluso a su relación con los procesos de gobernanza en la gestión de riesgos y catástrofes en un mundo supuestamente desarrollado. Porque la pandemia es una catástrofe de dimensiones mundiales.

Quizás no sea ocioso hacer una breve síntesis de cómo se vislumbraban hace unas décadas tales procesos. En los años 70 del siglo pasado se planteó la regulación de las tecnologías respecto a las grandes cuestiones que todavía siguen vivas: el conflicto entre tecnologías y medio ambiente, con las repercusiones económicas y sociales consiguientes. Esta situación conflictiva es perfectamente trasladable al conflicto que ahora la covid-19 ofrece en lo que se ha dado en llamar dilema entre salud y economía.

Un largo e intenso debate se pude resumir en una cita a Ulrich Beck en su archiconocido ensayo La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad: «Con el surgimiento de la sociedad del riesgo, los conflictos sobre la distribución de los males se superponen a los conflictos sobre la distribución de los bienes (renta, trabajo, seguridad social) que constituyeron el conflicto básico de la sociedad industrial y se intentaron solucionar en las instituciones relevantes. Estos conflictos sobre la distribución de los males pueden interpretarse como conflictos sobre la responsabilidad distributiva. Surgen en torno a la distribución, prevención, control y legitimación de los riesgos que acompañan a la producción de bienes».

Las tensiones sobre la ciencia

Podemos calificar la ciencia como sage, un término francés que hace referencia a la sabiduría y el buen juicio; a la sensatez y la prudencia; a la certeza de la posibilidad de equivocarse y la capacidad de reconocer los errores. La pandemia ha situado a la ciencia en primera línea, le ha concedido un extra de protagonismo, a la vez que está sometiendo su sagesse a una presión evolutiva, acentuando determinados problemas y debilidades estructurales, y manifestando nuevas brechas y desafíos ante los que la institución ciencia y la comunidad científica deben responder y adaptarse.

En España, un 61% de la población considera que los beneficios de la ciencia y la tecnología son mayores que sus perjuicios

Son múltiples los retos a los que se enfrenta la ciencia. Muchos y diversos sus potenciales beneficios. Las encuestas de percepción social de la ciencia muestran que la ciudadanía tiene en general una percepción positiva de los beneficios de la ciencia. En España, un 61% de la población considera que los beneficios de la ciencia y la tecnología son mayores que sus perjuicios. Por su parte, según la primera encuesta sobre cultura científica, percepción y actitudes sobre la ciencia y la innovación en el sector empresarial, realizada en España, un 78% de los empresarios y directivos de las empresas españolas consideran que la investigación en I+D genera beneficios económicos a largo plazo, y un 61% que contribuye a generar puestos de trabajo. Un 85% asocian la ciencia con el progreso, y un 42% con la idea de riesgo.

En esta época de pandemia, destacan por razones obvias los beneficios que la ciencia aporta en el ámbito de la salud. Pero la ciencia no está exenta de riesgos ni eximida de generar daños, al menos a parte de la humanidad. Algunos de los más presentes en el imaginario colectivo están ligados, por ejemplo, a la tecnología bélica o a la contaminación ambiental.

El reto de la desigualdad

La ciencia es un derecho de la ciudadanía recogido como tal en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en las legislaciones de muchos países, entre ellos la Constitución española, cuyo artículo 44 señala la obligación de los poderes públicos de promover la ciencia y la investigación científica en beneficio del interés general.

No obstante, la creciente desigualdad provoca que los beneficios de la misma no se distribuyan de forma equitativa en tiempo y forma entre los distintos grupos sociales, sino que lo hacen respondiendo a pautas de desigualdad arraigadas profundamente en nuestras sociedades. Las comunidades y personas con menos ingresos, más débiles, más desfavorecidas, no sólo se ven más afectados por las pandemias y catástrofes naturales, sino que no reciben por igual los medios para defenderse de ellas. Basten dos sencillos ejemplos: el conocimiento sobre las medidas de higiene, o la tecnología para mantenerlas –algo que nos parece tan sencillo como la tecnología del jabón y el acceso al agua corriente– y el acceso a los recursos tecnológicos para hacer frente a los efectos de las catástrofes naturales.

La comprensión de la covid-19 requiere por tanto considerarla, más que como una pandemia, como una sindemia –término acuñado por el antropólogo médico Merrill Singer en los años noventa y desarrollado posteriormente en 2003 y en su libro publicado en 2009 Introduction to syndemics: a systems approach to public and community health–. La aproximación sindémica, en palabras de Singer y sus colaboradores, se centra en el complejo biosocial, teniendo en cuenta las interacciones entre enfermedades, y de estas con los factores sociales y ambientales que estimulan y aumentan los efectos negativos de dicha interacción, particularmente las condiciones de desigualdad e injusticia social.

Disponer de diferentes vacunas facilitará el tratamiento de personas diversas, con necesidades médicas y epidemiológicas diversas

La ciencia, como institución social, se basa en la cooperación, y su producto, el conocimiento, es comunal o comunitario, y universal, lo que significa que puede ser compartido por toda la humanidad, pero, ¿a qué precio? Una de las características atribuidas a la institución científica por el sociólogo Robert King Merton es el desinterés. Esto quiere decir que la ciencia y los científicos trabajan por el bien común, en beneficio de toda la sociedad, sin preferencias ni discriminaciones. Quizás Merton no sopesó bien la influencia del capitalismo y los mercados en esta característica, que no deja de asemejarse más a un deseo cuando los resultados de la ciencia van más allá del puro conocimiento y tienen un explícito valor estratégico –por ejemplo, por su potencial para incrementar el poder de sus poseedores– o económico, como es el caso de los productos farmacéuticos.

El desarrollo de tecnologías sanitarias, vacunas y medicamentos requiere de grandes esfuerzos e inversiones económicas que el sector público raramente puede asumir en su totalidad. La lucha contra el virus SARS-COV-2 y sus distintos efectos sobre la salud pública nos está mostrando, prácticamente en primera línea y en tiempo real, cómo los científicos están trabajando desde el sector público y el privado, desde laboratorios de investigación y centros de asistencia sanitaria, siguiendo distintas aproximaciones y estrategias, para obtener vacunas y medicamentos que permitan prevenir el contagio del virus y tratar sus efectos.

La búsqueda de diferentes vacunas no es un capricho frívolo. Y aunque pueda tener un componente de rivalidad económica e incluso geoestratégica –asociada a la búsqueda de la vacuna más temprana y más eficaz– desde el punto de vista biomédico y epidemiológico responde a la necesidad de obtener productos con diferentes características, que permitan tratar a la población mundial en toda su amplitud y diversidad, maximizando la eficacia –los beneficios– y minimizando los efectos nocivos –los riesgos–.

Desde el punto de vista de la protección y justicia social, disponer de diferentes vacunas facilitará el tratamiento de personas diversas, con necesidades médicas y epidemiológicas diversas, con diferentes respuestas a uno u otro compuesto, en función de su edad o estado de salud. Disponer de distintas vacunas, creadas mediante diferentes aproximaciones y métodos científicos, con variados requerimientos de conservación, permitirá asimismo diversificar su producción y distribución. En definitiva, una mayor diversidad en la formulación, en la fabricación y en la distribución es un modo de socializar el acceso a las vacunas, y por tanto de luchar por la equidad y contra la desigualdad.

Jesús Rey Rocha es investigador en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC). Emilio Muñoz Ruiz es investigador ad honorem en el Departamento de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) del IFS-CSIC y en la Unidad de Investigación CTS del CIEMAT.