Ley de Cambio Climático: 758 enmiendas y un solo camino hacia la transición energética

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Cristina Suárez

@CristinaSuarezV

El pasado mes de mayo el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, un texto legal de más de 30 páginas que marca la hoja de ruta hacia un sistema económico descarbonizado que consiga frenar de forma efectiva la emergencia climática. Durante estos meses, los parlamentarios del Congreso de los Diputados han presentado cientos de enmiendas al texto inicial tras escuchar las recomendaciones de organizaciones verdes, sociedad civil y empresas. En total, se han notificado 758 propuestas de cambios a los artículos del texto legal, un elevado número que refleja su ambición a la hora de situar en primera línea la transición ecológica. Precisamente la ambición ha sido la protagonista en el debate online sobre la Ley de Cambio Climático llevado a cabo por los grupos parlamentarios –con la ausencia de Ciudadanos y Bildu– y organizado por Ecodes, Seo Birdlife, Instituto Internacional de Derecho y Clima y Fundación Renovables, entre otros. Algunos diputados, como Juantxo López de Uralde (Unidas Podemos) han valorado el proyecto de ley como uno de los más potentes en reducción de emisiones, ya que pretende minimizar en 2030 un 20% los gases de efecto invernadero respecto a 1990 para alcanzar, «a más tardar en el año 2050», la neutralidad. Un objetivo claro que no parece ser suficiente. De hecho, Helena Caballero (PSOE) anunció una auto enmienda que incrementar el porcentaje de la reducción de emisiones hasta el 23%, además de apuntar aún más alto en la penetración de energías de origen renovable, proponiendo pasar del 35% que reflejaba la primera versión del Proyecto de Ley al 42%. «Estos objetivos son un suelo, no un techo, por eso la palabra al menos es fundamental», insistió la socialista indicando que estas metas solamente son el principio de lo que queda por venir.

Este suelo no termina de parecerle muy estable a otros partidos políticos. El Partido Popular (PP), con el diputado Diego Gago a la cabeza, afirmó en este encuentro que, a pesar de que aprueba alcanzar la neutralidad climática en 2050, existen «objetivos discordantes» entre el conjunto de grupos. Cabe destacar que el PP, Ciudadanos y Vox tumbaron la proposición de ley de Cambio Climático de la Región de Murcia calificándola de «ilógica» puesto que «ya se está trabajando en una nacional». La diputada por Vox, Mireia Borrás, ha sido mucho más crítica con el documento, haciendo referencia a la enmienda a la totalidad del proyecto de ley que presentó su partido al «rechazar de facto todos los pilares sobre los que se basa». A esta crítica añadió que la ley no está lo suficientemente alineada con «un objetivo económico que garantice la reindustrialización tras la descarbonización», un aspecto preocupante para este partido, que considera que la ley no cuenta con las evidencias suficientes.

La reducción de emisiones se incrementará de un 20 a un 23%

«No somos negacionistas del cambio climático, pero sí que cuestionamos la manera en la que se está abordando porque, aunque hay numerosos estudios que aseguran que el cambio es antropogénico, hay otros que insisten en que no hay una evidencia clara. Puede tener incidencia en mayor o menor medida pero ahí hay un debate científico que debe resolverse», explicó Borrás. «En base a esto nos cuestionamos todo el dogma ideológico que hay alrededor de esta ley. Las energías renovables son algo que el partido siempre va a apoyar porque es bueno y positivo para España pero no por un tema de cambio climático, sino de sentido común», apuntó.

Las grandes ausentes en el papel

La exigencia de objetivos realistas ha sido el denominador común entre todos los diputados participantes en el debate online, moderado por Cristina Monge. Como Joan Capdevila, de ERC, indicó «se han superado las 200 reuniones para la Ley de Cambio Climático», lo que demuestra que «esto no va a ser una línea llana, sino un camino largo y difícil. Tenemos que aplicar los objetivos que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo nos plantean, como hemos solicitado en la enmienda». Y es que, a pesar del centenar de reuniones para perfilar este proyecto de ley, los parlamentarios consideran que se han dejado fuera algunos aspectos relevantes para una transición realista. «Estamos olvidando la política forestal. El principal sumidero del CO2, después del mar, son los montes. Por eso es importante que se defina una política eficaz y sostenible», indicó Capdevila.

Esta ausencia también llamó la atención del diputado por Teruel Existe, Tomás Guitarte, que echó en falta además menciones a sectores tan relevantes para la economía española como el ferrocarril. Hizo la primera referencia a la España Vacía y la construcción de nuevas centrales de energía renovable. «No estamos dispuestos a que se implanten en pequeños municipios sin que se utilice la ocasión para fomentar el desarrollo de estos territorios», aseguró tras proponer la creación de un fondo para sufragar este objetivo y frenar así la despoblación, una visión a la que se sumó también la parlamentaria de Vox, Mireia Borrás. Por su parte, el diputado por Más País en la Asamblea de Madrid, Héctor Tejero, lamentó que el Gobierno no aprovechara «la oportunidad de ir un poco más allá del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima)« argumentando «que ya tiene tiempo y que lo que necesitamos es horizonte, no suelo».

Los grupos coinciden en que el desarrollo urbano y el teletrabajo se han quedado fuera de la Ley de Cambio Climático

Otro de los grandes ausentes, tal y como indicó Carlos Bravo (Transport & Environment), ha sido el transporte pesado, a pesar de que los camiones provoquen el 7,5% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en nuestro país. Desde su punto de vista, esta no es sino otra de las «incoherencias» de este proyecto de ley. Y aquí entra en juego, de nuevo, la España rural. «Los grandes olvidados siempre son los vehículos agrícolas, que necesitan también de investigación para poder funcionar de forma más sostenible», explicó Guitarte. Además de discutir sobre la falta de medidas para un incremento de estaciones de carga que garanticen la autonomía de los coches eléctricos o sobre la prohibición de la minería del uranio, los grupos parlamentarios coincidieron en que el desarrollo urbano y el teletrabajo se han quedado fuera del marco legal a pesar de ser aspectos tremendamente relevantes en la actualidad.

La pandemia ha puesto en evidencia la urgencia de trabajar sobre ambos, especialmente cuando se habla del trabajo desde casa, que ha demostrado «ser una medida muy útil para reducir los desplazamientos a la oficina», otra de las grandes fuentes de emisiones según Carlos Bravo. En relación al transporte privado y la movilidad, el experto insistió en que la ley «debería dejar muy claro que hay que abandonar los combustibles tradicionales. Nos parece muy positivo que no se vayan a dar autorizaciones a la explotación de hidrocarburos, pero hay varios coladeros que permiten que algunos proyectos ya tramitados se puedan realizar». La diputada por el PSOE, Helena Caballero, aprovechó para confirmar que pronto habrá una ley específica sobre movilidad.

Más presencia de la ciudadanía y el foco en la pobreza energética

¿Cómo participan las comunidades autónomas y los municipios en una de las leyes más ambiciosas de la historia de España? «El papel de las comunidades autónomas es clave para poder implementar las medidas», apuntó Diego Gago (PP). El proyecto de Ley comprende la creación de un Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética como órgano responsable de evaluar la aplicación de los objetivos y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático. Esta explicación tan escueta no acaba de convencer a los partidos. ¿Quién conformará el Comité? ¿Quién vigilará su labor? ¿Qué presupuesto se destinará a sus competencias?

Héctor Tejero urgió añadir una pincelada más social a los objetivos de la ley. «Nosotros propusimos una enmienda de la participación de la sociedad civil a través de asambleas para empoderar a la ciudadanía, fundamental en este cambio», explicó el representante de Más País, una presencia que Guitarte (Teruel Existe) considera imprescindible: «Esto tiene que funcionar de abajo a arriba, no puede ser algo de las esferas políticas. El ciudadano debe percibir su participación como una necesidad». Así, Helena Caballero (PSOE) indicó que para la participación de la sociedad civil «ya existen los consejos de medio ambiente» con los que se reúnen a menudo.

Este planteamiento social del proyecto de ley vino de la mano de la pobreza energética, que tampoco aparece reflejada en el texto a pesar de que cada vez queda más claro que no se puede comprender el derecho a la vivienda sin incluir el acceso a una energía asequible. El parque de edificios de España es, en su mayoría, viejo –dos de cada tres viviendas tienen más de 50 años–, un hecho sobre el que se puso el foco durante el confinamiento. Cuantos más años tenga un piso, más ineficiente e insalubre será. La rehabilitación de viviendas genera grandes beneficios en materia de gestión ambiental y repercute sus inquilinos pero no todos pueden permitirse una reforma integral, como denunció Cecilia Fronda, de Fundación de Ecología y Desarrollo: «La ley se limita a decir que promoverá la eficiencia energética sin hacer mención a algún artículo que diga que trabajar la pobreza energética es clave para reducir las emisiones de las familias más vulnerables», apuntó.

Aún falta por concretar cómo funcionará el Comité de Expertos responsable de evaluar los objetivos y medidas

Aunque Juantxo López (UP) insistió en que la pobreza energética se está afrontando por vía de varios decretos para facilitar el autoconsumo, Más País volvió a hablar de sus enmiendas: la primera, que los edificios públicos se comprometan a tener certificaciones de energía en 2030; la segunda, obligar a los grandes edificios privados a que adquieran una mayor eficiencia energética y, en cuanto a pobreza energética en particular, que los planes de rehabilitación de edificios y las ayudas queden priorizadas a familias vulnerables, concretamente a los hogares monoparentales. El Partido Popular (PP), por otro lado, se centró más en mejorar el bono social eléctrico y bajar la factura de la luz, una petición que también compartió Vox, incluyendo además «la garantía del acceso a la red a través de instalaciones fotovoltaicas de en áreas agrícolas y ganaderas para fomentar su autoconsumo».

En referencia al mundo rural, Teruel Existe propuso que la ley precise metas a corto plazo, haciendo hincapié en que han de ser prioritarios los edificios de familias vulnerables y de municipios pequeños, llegando a alcanzar la totalidad de construcciones eficientes en 2040. «Es necesario ponerse objetivos porque si no la ley pecará, como siempre, de no cumplir las metas», criticó Guitarte. Con ello, exigió que las zonas de bajas emisiones –ERC enmendó que se consideraran a partir de 25.000 y no de 50.000, como está en el texto inicial– puedan hacerse de forma voluntaria para así garantizar que cualquier municipio de la España Vacía que lo desee tenga la oportunidad de garantizar su desarrollo en base a la sostenibilidad. «No podemos consentir que ese apoyo vaya solo a las grandes ciudades», concluyó.

Tras numerosos aplazamientos, hace un mes terminó el plazo de enmiendas para el proyecto de Ley. Todavía es pronto para conocer cuáles pasarán al siguiente grado pero, ante tal abanico de propuestas de todos los colores, los grupos parlamentarios urgen al máximo un consenso, la única llave hacia una transición energética justa e inclusiva que se desarrolle acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las peticiones de la Unión Europea.