Los grandes retos de la transición energética

La transición energética es una de las nueve propuestas que se presentan en la Cumbre del Clima de Naciones Unidas esta semana. El secretario general Antonio Guterres ha invitado a dirigentes de unos 70 países y numerosos actores económicos a presentar sus nuevos objetivos y coaliciones empresariales para relanzar la lucha, si cabe más ambiciosa, contra el cambio climático. Se esperan iniciativas de aspecto social, empleo, acción local y ciudadana, transición industrial o adaptación al cambio climático, entre muchas otras.

La Comisión Europea llega a la cumbre del clima con el paso cambiado, en plena transición interna. Esto posiblemente reste visibilidad al enorme compromiso que la nueva presidenta, Úrsula Von der Leyen, plantea. El 1 de noviembre entrará un nuevo equipo a dirigir la Comisión Europea que, dentro de su grupo de comisarios, incluye al vicepresidente primero Frans Timmermans que tiene encomendada la puesta en marcha de un Green Deal europeo. Como anunció en su discurso inaugural, la determinación de la futura presidenta de alcanzar la neutralidad de emisiones antes de 2050 supone un reto de ingentes características y una exigencia para la acción rápida y efectiva. Además, se pretende determinar mediante aprobación legislativa, de forma que Europa sea el primer continente con emisiones de gases de efecto invernadero neutras.

La UE cerró 2018 con un descenso de emisiones de CO2: aunque vuelven a reducirse, aún no son suficientes para las exigencias actuales

Recordemos que la Unión Europea cerró 2018 con un descenso de emisiones de CO2 que, siendo importante porque vuelve a la senda de reducciones interrumpida en 2017, sigue alejado de la senda de reducciones de en torno a un 6,5% anual que exigen los escenarios definidos por el IPCC 1.5 °C. A nivel global, la tendencia es aún peor, pues el año 2018 ofreció un aumento de emisiones de +1,7%. Esto se debe, en gran medida, al incremento en el uso de energías fósiles, principalmente carbón, dado que pese al aumento importante de las generación de energía renovable, esta no es capaz de satisfacer el aumento de demanda global.

Alcanzar este objetivo conlleva dos cambios estructuralmente importantes si hablamos del sector energético y que suponen, a su vez, un desafío para el sector financiero. En primer lugar, vinculado a la inversión necesaria a realizar en nuevas infraestructuras de generación, distribución, eficiencia energética en edificios e industrias y electrificación del transporte. Cálculos de la propia Comisión Europea cifran las necesidades de inversión de la transición energética en más de 500 mil millones de dólares anuales, es decir, un 40% adicional a la senda actual de inversión del sector. Durante los últimos años, el crecimiento en energías renovables e infraestructuras de distribución eléctrica ha mantenido una tendencia positiva, que parece indicar que el sector energético conseguirá alcanzar su cuota de compromiso de aquí a 2030, pero no el que se plantea para 2050.

Actualmente, el precio de la generación eléctrica renovable de muchos orígenes (solar y eólica principalmente) alcanza valores competitivos sin necesidad de que se planteen ayudas públicas para tal objetivo, lo cual es una muy buena noticia. Aun así, el diseño e implementación del reto de descarbonizar el continente en 30 años sigue siendo complicado. La electrificación sigue requiriendo inversiones de elevado coste relacionadas con el aumento de infraestructuras de generación, transmisión y almacenamiento. La inversión a plazos tan largos no tiene incentivos definidos aún, más al contrario, en muchos casos se considera de mayor riesgo, aunque cuente con favores regulatorios. El desarrollo tecnológico, aunque avanza en muchos frentes, aún debe hacer competitivos los métodos de almacenamiento ante situaciones de intermitencia renovable o aumento de demanda.

Todos estos elementos dificultan las decisiones de inversión por inseguridad jurídica, rentabilidad esperada o altos montantes a desembolsar en el momento inicial, lo que hace que la mayoría de los proyectos los estén realizando aquellos con capacidad financiera solvente. En definitiva, es necesario encontrar el equilibrio adecuado entre rentabilidad y riesgo, entre beneficios a la inversión y coste de la financiación, que no siempre es sencillo, lo que pasará por una reducción de incertidumbre, el desarrollo de incentivos positivos y la dilución de riesgo mediante colaboraciones público-privadas para aquellos ámbitos con difícil solución de mercado.

El desarrollo tecnológico, aunque avanza en muchos frentes, aún debe hacer competitivos los métodos de almacenamiento

En segundo lugar, es preciso que haya un cambio en las decisiones de inversión en aquellos proyectos no compatibles con los escenarios climáticos. En líneas generales, el informe del IPCC 1.5 °C determinaba que solo podemos emitir 580 giga toneladas de CO2 eq a nivel global si queremos mantener una probabilidad media de no superar el aumento de temperatura de +1.5 °C. Es lo que se denomina como presupuesto de carbono restante (Carbon Budget en su acepción inglesa), que se debe entender como el margen de maniobra de nuevas emisiones que, desde el comienzo de 2018 hasta que las emisiones globales netas sean iguales a cero, permitirá estabilizar la temperatura del planeta dentro del objetivo establecido.

Se trata de informes académicos que muchas veces son desarrollados en colaboración con entidades del tercer sector y que han ido teniendo cada vez una mayor repercusión en los agentes financieros, inversores principalmente, en sus decisiones de inversión. Iniciativas como Climate Action 100+ están teniendo un impacto importante en el cambio de las estrategias tradicionales de las principales empresas contaminantes a nivel global. En este aspecto, es relevante que muchos actores financieros no solo interiorizan los retos y presionan a las empresas para conseguir un cambio de actitud, sino que empiezan a utilizar su idioma financiero para calcular el riesgo que supone mantener una política continuista. Estos estudios sitúan la pérdida de valor potencial de estas empresas en el largo plazo en torno al 30%-40%, un drama financiero para cualquier inversor de largo plazo.

En definitiva, el proceso de descarbonización en el sector energético empezó hace ya mucho tiempo, pero los retos siguen siendo grandes. Requieren cambios estructurales que se podrán abordar con la firme combinación entre decisión política, vinculación del sector inversor, análisis académico y desarrollo tecnológico. Muchas variables que articular y que esperemos que en esos 100 primeros días de mandato que la presidenta de la Comisión se ha dado para lanzar nuevas propuestas puedan encauzarse e impulsarse.