Medidas de impacto contra la exclusión social

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Luis Meyer

En Madrid hay en torno a 5.000 personas sin hogar, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Casi la mitad no utiliza los recursos de la red asistencial de la Comunidad. La consecuencia: duermen en la calle durante todo el año, la razón por la que en la capital se forman, en los meses más fríos, dramáticos paisajes de viviendas improvisadas con cartones, especialmente en el centro. Una situación insostenible si tenemos en cuenta que, como refleja un estudio del Centro de Acogida Assís, el 10% de los indigentes fallece por hipotermia.

Urge tomar medidas que, especialmente en tiempos de crisis, requieren grandes dosis de creatividad. «Las soluciones tradicionales para financiar el Estado de Bienestar están agotadas», afirma tajante Inés García-Pintos, actual jefa de Responsabilidad Social de CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros). Sabe de lo que habla: hasta hace poco presidió Spainsif, asociación sin ánimo de lucro formada por entidades interesadas en promover la Inversión Socialmente Responsable en España. Según la experta, los bonos de impacto social son una herramienta de probada eficacia en el extranjero que «tiene que ser difundida en nuestro país para poder llevar a cabo proyectos sociales como el de las personas sin hogar y otros muchos que requieren medidas urgentes».

Por medio de estos bonos, emitidos a cuatro o cinco años, la Administración detecta un problema de índole social, busca a ONG expertas que puedan solucionarlo y recurren a financiación privada, bien de fundaciones, de empresas o particulares. Solo recuperan lo invertido más un beneficio en caso de que el proyecto se culmine con éxito, el cual está medido a través de indicadores establecidos de antemano.

Madrid, pionera

La Comunidad de Madrid acaba de dar un gran paso en la implantación de esta fórmula, que se acaba de aprobar por unanimidad, con el acuerdo de todos los partidos. Alberto Reyero, portavoz y diputado del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea, fue uno de los impulsores antes de la votación. «Lo llevábamos en nuestro programa político antes de las elecciones», cuenta, «y para que todo los comprendieran pusimos el ejemplo de housing first, un modelo que lleva años funcionando en otros países para las personas sin hogar». Con toda probabilidad, este será el primer problema que ataque la Comunidad por medio de los bonos de impacto. El proyecto piloto presentado por Ciudadanos contemplaría la puesta a disposición de 200 viviendas. «Una vez hemos llegado a este acuerdo, tenemos que perfilar el proyecto partiendo de las aportaciones de todos. Se abrirá una ponencia en la comisión de políticas sociales para poder contar con la presencia de expertos», informa Rellero.

«No hay que confundirlos con los bonos sociales», advierte García-Pintos: «Estos los emite la Administración con el compromiso de dar una prima a los inversores». En el caso de los bonos de impacto social, la devolución de lo invertido solo se da en caso de que el proyecto tenga éxito. «Por tanto, la parte de acción social que se traslada a manos privadas es, fundamentalmente, el riesgo», añade el portavoz Ciudadanos, para quien esta fórmula tiene, además, otros aspectos positivos. «Permite apostar más por la innovación social. Son proyectos con menos garantías, por eso las Administraciones son más reticentes a la hora de aplicarlos. Con los bonos de impacto tendrán más salida porque los riesgos de que no tengan éxito no los asumen las arcas públicas».

Importar una fórmula exitosa

Los bonos de impacto social han probado su eficacia desde años atrás en otros países. El pionero es Reino Unido, que los aplicó por primera vez para reducir la tasa de reincidencia criminal en los presos rehabilitados de la cárcel de Petersbourgh. Tras el éxito de esta primera experiencia, la fórmula se aplicó a otras urgencias sociales como los sectores de la infancia vulnerables en la ciudad de Essex, el desempleo en el noroeste del país o los sin techo en Londres.

El caso de la Comunidad de Madrid, y los de Cataluña y Euskadi, que también implantarán los bonos de impacto social, es un empuje inestimable a las políticas sobre los sectores desfavorecidos, pero es solo el primer paso: una vez aprobados, el reto es enorme, porque el control y las decisiones de los proyectos sociales son en su totalidad de la Administración. Si las primeras experiencias son fallidas, será una oportunidad perdida porque ahuyentará la financiación privada. «Hay que asegurar el éxito en la mayor medida de lo posible, porque tienes un compromiso con los inversores», avisa García-Pintos.