Derechos Humanos

Centroamérica, la otra crisis migratoria

Miles de centroamericanos huyen cada día de sus casas: cruzan ríos sobre neumáticos, se esconden en los dobles fondos de los camiones y se exponen a extorsiones, violencia sexual y secuestros.

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18
Sep
2016
Marc Bosch

Las reiteradas depresiones económicas de América Central no solo agravan una violencia de tipo crónica y aumentan la incapacidad de los gobiernos de mejorar las condiciones de sus ciudadanos sino que, año tras año, obligan a cientos de miles de personas a huir de sus comunidades para asegurarse su supervivencia. Al igual que en África y Oriente Medio, para muchos ciudadanos centroamericanos la huida es la única posibilidad para salvar sus vidas y la de sus familias.

Aunque en el Océano Pacífico no se avistan embarcaciones con cientos de personas abordo como se ha visto en el Mar Mediterráneo, y a pesar de que en los límites de la frontera sur de México con Guatemala y al norte de México con Estados Unidos no haya campamentos asentados con guatemaltecos, salvadoreños ni hondureños, los migrantes centroamericanos que pasan cada día por estas zonas se cuentan por miles. En su huida, cruzan ríos sobre neumáticos, caminan por veredas durante kilómetros, viajan en La Bestia (el tren de carga que cruza México), se esconden en los dobles fondos de los camiones y se refugian en albergues.

Según una Encuesta de Victimización realizada por los equipos de Médicos Sin Fronteras, el 88% de los migrantes consultados manifestó que la violencia que se daba de forma generalizada en sus países de origen era una «fuerte razón de preocupación». De entre las razones específicas por las que se produce la migración, más del 30% de los salvadoreños y hondureños señalaron las amenazas directas, mientras que el 19% mencionó ataques directos y el 8% incluyó también intentos de reclutamiento forzado. Desde 2012, la organización brinda atención a la población vulnerable en México que escapa de la violencia de Honduras y El Salvador. En 2015, ha proporcionado atención médica y de salud mental a 9.130 centroamericanos.

Desde que se empezó a aplicar el Plan Frontera Sur –anunciado en julio de 2014 por el gobierno mexicano e ideado para frenar el paso de los migrantes hacia EEUU– se ha constatado que la exposición a tratos inhumanos, extorsiones, violencia sexual y secuestros por parte del crimen organizado es mayor. En ocasiones, con la complicidad con las autoridades mexicanas. «En este intento, decidí venir con mi vecina. Ambas fuimos retenidas por un grupo de delincuentes. Los policías federales fueron sus cómplices y cada una de nosotras fue entregada a uno de los pandilleros. Fui violada, me pusieron un cuchillo en el cuello y no me resistí; me da vergüenza decirlo pero creo que fue lo mejor. Si no, me habrían matado», explicó una paciente hondureña.

Los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos, considerado por los migrantes como país receptor, y México, tomado por la mayoría como país de tránsito, se centran en aplicar políticas enfocadas en la contención de los flujos migratorios. Sus principales recursos se destinan a la persecución, detención y deportación sin mayores protocolos. Esto impide saber cuáles de estas personas requieren asilo u otras medidas de protección. Sobre todo entre aquellos que pertenecen a grupos vulnerables como mujeres, niños, grupos LGBTI y adultos víctimas de violencia extrema.

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Resulta enormemente preocupante que muchos de los pacientes, que ya presentan cuadros agudos de ansiedad, depresión o estrés postraumático, puedan ser devueltos a sus países origen, aunque  hayan sido amenazados por pandillas y sus vidas corran serio peligro. La devolución masiva y sistemática de menores vulnera la legislación mexicana que establece que siempre prevalecerá el interés del niño o del adolescente.

MSF hace un llamamiento para que los gobiernos de la región reconozcan y aborden esta situación. Además de la asistencia médica, las autoridades de México y Estados Unidos deben garantizar la implementación de mecanismos de protección efectivos, incluyendo los previstos en las convenciones sobre el estatuto de refugiado y las directrices para el reconocimiento de las víctimas del crimen organizado y las maras. La región no puede dar la espalda a esta crisis de refugiados centroamericanos, originada por situaciones de violencia extrema, cuyas consecuencias humanitarias se ponen en evidencia a diario a lo largo del territorio mexicano.

Marc Bosch es responsable de las operaciones para América Latina de Médicos Sin Fronteras.

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