¿Vuelve la burbuja inmobiliaria?

Han pasado once años y el futuro del hotel El Algarrobico, considerado por las organizaciones ecologistas uno de los puntos negros de la costa española, sigue siendo difuso. Así lo ha advertido Greenpeace, que ha calificado de «mayúscula» la «inseguridad jurídica creada» por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en torno a este hotel ubicado en Carboneras (Almería). Según fuentes de la organización, debido a «la incomprensible decisión» que da firmeza a la sentencia que avala la legalidad de la licencia, la promotora «podría iniciar las obras, lo que sería una auténtica aberración».

La promotora Azata del Sol comenzó a construir El Algarrobico en mayo de 2003 sobre un suelo, dentro del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, recalificado como urbanizable por el Ayuntamiento de Carboneras (entonces PSOE) y con el empeño de la Junta de Andalucía (PSOE) y el ministerio de Medio Ambiente (entonces PP). Azata del Sol tenía todos los papeles en regla y apoyo político para el proyecto, que incluía varios hoteles y un complejo turístico a gran escala, aunque según Greenpeace la compañía sabía perfectamente que la ley acabaría por volvérseles en contra.

En un comunicado, la directora de campaña, María José Caballero, ha trasladado el rechazo del colectivo al fallo del Alto Tribunal andaluz adelantado por Europa Press y en que rechaza los incidentes de nulidad promovidos por Ecologistas en Acción, Salvemos Mojácar y Junta de Andalucía, y a los que se adhirió la Abogacía del Estado.

Caballero ha remarcado que los autos notificados a las partes procede del magistrado Rafael Toledano, quien «dio un giro a la historia jurídica del hotel dictando la validez de la licencia tras 17 sentencias en contra del inmueble, situado a menos de 25 metros del agua». Ha criticado, en esta línea, que la resolución llegue sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre si los terrenos, «que invaden lo poco que protege la Ley de Costas», son urbanizables o no.

Desde Greenpeace esperan que el Supremo se pronuncie con urgencia sobre este hecho. Asimismo, hacen alusión al procedimiento que da la titularidad del suelo a la Junta andaluza y ha tildado de «malintencionado» que el TSJA no haya ejecutado el derecho de retracto «impidiendo que el Gobierno andaluz pueda pagar la finca a Azata del Sol y tomar posesión de la misma para derruir el hotel».

Por último, ha recordado que ya hay tres sentencias del Tribunal Supremo y otras tres de la Audiencia Nacional que sostienen que el hotel invade la servidumbre de protección, esto es, la franja que marca la Ley de Costas de 100 metros desde el límite inferior de la ribera de mar.