Siglo XXI

TIC sostenibles, sociedades sostenibles

Las empresas de telecomunicaciones deben ser respetuosas con el medio ambiente y, al mismo tiempo, aplicar estas medidas al resto de los sectores.

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20
mayo
2015

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El sector de las TIC no es en absoluto el más impactante en el medio ambiente, pero tiene su cuota de responsabilidad: concretamente, el 2% de la huella de carbono a nivel mundial, según el informe Smart 2020, presentado por la ONG británica The Climate Group.

El funcionamiento de las operadoras de telecomunicaciones requiere llevar de forma pareja, por tanto, políticas de sostenibilidad: «Nuestra actividad, como cualquier otra, implica una serie de impactos medioambientales, positivos y negativos, que se producen tanto a lo largo del ciclo de vida de nuestra red, desde la selección de los emplazamientos, su construcción, operación y mantenimiento, hasta su desmantelamiento, y también durante la realización de actividades y la prestación del servicio a nuestros clientes», confirma José Manuel Sedes, mánager de Sostenibilidad y Calidad de Vodafone España, y prosigue: «Entre dichos impactos medioambientales, los más significativos se refieren por una parte al consumo de energía durante la operación de la red de telecomunicaciones, y por otra los residuos derivados tanto de la utilización y mantenimiento de equipos de las instalaciones de la red, como los teléfonos que quedan fuera de uso debido principalmente a los rápidos cambios en la tecnología y que hacen que los usuarios sustituyan sus móviles por otros más avanzados. Además, existen otros impactos con menor incidencia relativa en comparación con los dos anteriores, como son los consumos de papel y de agua en oficinas, las sustancias que pueden dañar la capa de ozono, o el consumo de energía para el transporte».

De este enumeración, el aspecto que más preocupa a Daniel López, experto en residuos de Ecologistas en Acción, es el destino de los aparatos electrónicos, en concreto, los teléfonos móviles: «No es normal que haya el doble de ‘smartphones’ que la población mundial», reclama, «el consumismo, el enorme ‘boom’ de dispositivos móviles, es lo más preocupante en cuanto a la enorme cantidad de residuos electrónicos que acaban en vertederos. Los sistemas integrales de gestión hacen un buen trabajo en nuestro país, pero tienen un límite. Hace falta una regulación más exhaustiva en este sentido. Está bien que algunas operadoras incentiven el reciclaje reduciendo el precio de un móvil si a cambio entregas el anterior, pero hace falta que nos tomemos más en serio la última directiva europea en este sentido, que acaba de trasladarse a nuestro país por medio de Real Decreto. Basta con pasarse por un centro de tratamiento de residuos para comprobar que prácticamente todas las partes de un móvil son reutilizables. Por eso no tiene sentido que aún, a día de hoy, la mayoría terminen en vertedero o estén guardados para la posteridad en los cajones de las casas».

No cabe duda de que los retos del sector en materia de sostenibilidad son numerosos y heterogéneos, y aunque queda mucho por hacer, existen dos avances positivos: las grandes operadoras se han puesto las pilas en este sentido, y la normativa es ahora más concreta e incide con mayor énfasis en las políticas medioambientales. «Se ve el avance en diferentes aspectos, como la instalación de antenas de telefonía móvil, que causaron en su día mucho conflicto social, pero porque antes había más caos regulatorio y permisividad, y ahora por suerte hay más control en este aspecto. En cualquier caso, desde Ecologistas en Acción seguimos vigilantes, para evitar duplicidades», advierte López.

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En Vodafone España también consideran positivo este avance regulatorio: «Las normativas han ido evolucionando en los últimos años en los diferentes ámbitos de la sostenibilidad relacionados con nuestra actividad», confirma Sedes. «Así, por ejemplo, en eficiencia energética son destacables las implicaciones derivadas de la Directiva de Eficiencia Energética  y su eminente trasposición a la normativa española, que va a suponer la obligación de realizar auditorías energéticas antes del  5 de diciembre de este año y de forma periódica cada 4 años a partir de la primera auditoría. Creemos que este hecho va a suponer un importante impulso y mejora de los comportamientos energéticos de las empresas españolas en general».

Punteras también en sostenibilidad

En la asociación de empresas del sector Ametic consideran que el papel de las TIC trasciende sus propias estructuras: son la herramienta clave para el desarrollo sostenible de un país, por eso deben tener un papel ejemplarizante: «A pesar de que el sector no es de los más agresivos con el medio ambiente, debe ser pionero en el desarrollo y adopción de soluciones tecnológicas eficientes, y en la aplicación de cambios estructurales operativos (derivados en parte de la utilización de dichas tecnologías) que le permitirán controlar su huella de carbono, ya que tiene recorrido para afrontar la reducción de los impactos nocivos que provoca», afirman en un informe, y prosiguen: «De esta forma, el sector TIC se debe mostrar ante el resto de sectores como un referente en innovación y en el aprovechamiento de los beneficios derivados de la utilización las tecnologías verdes, y para eso, es necesario que apueste firme y continuadamente por la investigación y el desarrollo de soluciones que mejoren la eficiencia energética de los componentes, sistemas y aplicaciones, dando lugar a innovaciones tecnológicas tales como la virtualización, , etc., que también podrán ser aplicadas en otros sectores para optimizar la configuración de sus sistemas de información». Así, desde la asociación informan de que la contención del cambio climático a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, logrando una economía y una sociedad bajas en carbono, es uno de los principales retos planteados en la Estrategia 2020 de la Comisión Europea, y en ello «las TIC juegan un papel esencial en el control y reducción del consumo de energía, propiciando una evolución estructural del resto de los sectores hacia productos y servicios menos intensivos en recursos, y el ahorro de energía en los edificios y las redes eléctricas». Insisten en que  «esta evolución estructural hacia productos y servicios menos intensivos en recursos hace referencia tanto al propio sector TIC (efecto directo) como al resto de sectores productivos (efecto habilitador)».

Grandes medidas para grandes soluciones

En la misma dirección que el planteamiento de Ametic, las principales operadoras de telefonía integran en su agenda sus políticas de sostenibilidad. Algunas, desde hace mucho tiempo: «Es preciso señalar que, como prueba de nuestro compromiso con el medio ambiente, tenemos implantado desde 1997 un Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma internacional ISO 14.001, y fuimos el primer operador en España que lograba este certificado. En este ámbito, se encuadran las actuaciones para aumentar la eficiencia energética de nuestras instalaciones o las relativas a la gestión de los residuos», aclara Sedes, y constata el compromiso de llevar esta actividad más allá de la propia empresa. «Además de asegurar nuestro adecuado comportamiento ambiental, la visión de la Estrategia de Sostenibilidad de Vodafone consiste en utilizar el potencial de nuestra tecnología, productos y servicios para crear sociedades más sostenibles. De acuerdo con dicha estrategia, y en el campo del medio ambiente, Vodafone viene desarrollando soluciones que ayuden a otros sectores tanto a mejorar su productividad y competitividad, como a reducir su contribución al cambio climático, entre las cuales cabe citar las correspondientes a ciudades inteligentes, logística inteligente, contadores eléctricos inteligentes o las de eficiencia energética».

Parece que las operadoras han captado el mensaje de que su papel en una sociedad sostenible va más allá de su propia actividad. Ahora, las instituciones públicas deben recoger el guante y regular para una mayor eficacia: «Hay un problema agudo de falta de información en las administraciones», informan desde Ecologistas en Acción: «De nada sirve trasponer directivas europeas si los ayuntamientos y las comunidades autónomas, en quienes recae la mayor responsabilidad en cuanto a tratamiento de residuos, no están informados de las nuevas regulaciones para actuar en consecuencia».

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