Derechos Humanos

Clamor contra la limitación de la justicia universal

Víctimas, juristas y ONG recurrirán la limitación de la justicia universal en el Tribunal Constitucional y, si no reciben amparo, llevarán el caso a Estrasburgo.

¿QUIERES COLABORAR CON ETHIC?

Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).

COLABORA
22
febrero
2014

Víctimas de crímenes contra los derechos humanos, juristas y organizaciones no gubernamentales presentarán recursos de amparo contra la limitación de la justicia universal en el Tribunal Constitucional que el Gobierno ha promovido para contentar a China. Si estos recursos no salen adelante acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.

Así se han pronunciado en el encuentro ‘Derechos Humanos y Justicia Universal’, organizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de España en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de escenificar el rechazo ante la reforma que será aprobada de forma inminente en el Senado y dará carpetazo a una docena de causas abiertas en la Audiencia Nacional.

Las jornadas han reunido a víctimas saharuis, del genocidio Tibetano y del ataque de Estados Unidos contra el hotel Palestina en el que murió el cámara José Couso; así como a fiscales, jueces y políticos que han clamado contra la reforma de la justicia universal por abrir espacios de impunidad contra los «criminales».

«Vamos a seguir luchando en la calle, con nuestras manos, con nuestras voces. Este año estaremos otra vez delante de la embajada de Estados Unidos para recordarle su deber de colaborar con la Justicia, y si no nos hace caso iremos al Tribunal Constitucional y, si no nos hace caso, iremos a Estrasburgo», ha enfatizado Javier Couso, hermano del cámara José Couso, fallecido tras ser víctima del ataque de Estados Unidos al hotel ‘Palestina’ de Irak el 8 de abril de 2003.

Javier Couso ha afirmado que las víctimas no buscan venganza, sino la investigación y el castigo de los criminales de guerra para sentirse recompensadas. Además, ha denunciado que su familia se ha sentido «muy abandonada» por el Gobierno socialista y el ‘popular’, tras haberse enterado por los cables de Wikileaks de que jueces y fiscales asesoraron a Estados Unidos sobre cómo cerrar su caso.

Por su parte, el monje tibetano Thubten Wangchen se ha mostrado «decepcionado» con el Ejecutivo español por «decir amén» a un Gobierno chino que no respeta los derechos humanos y tiene a millones de ciudadanos viviendo bajo «el miedo, la presión y la tortura».

También ha tomado la voz Mahmud Daf Buyemaa, que ha recordado en un emocionado discurso a sus familiares y a las demás víctimas españolas que fueron asesinadas a tiros por Marruecos descansan en fosas comunes halladas en el Sáhara. «No condeneis a las víctimas, hemos sufrido terror y desprecio», ha dicho, en relación con la reforma contra el que el Partido Socialista ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad.

María Garzón, directora de Fibgar e hija del exjuez de la Audiencia Nacional, ha leído una carta escrita por su padre desde Buenos Aires. En su misiva, Baltasar Garzón  llama a acudir a «todos los escenarios internacionales de Derechos Humanos» para explicar el significado de la reforma y anima a colectivos de abogados, jueces y fiscales a plantear las iniciativas oportunas para recuperar un «espacio sustraído» a las víctimas.

En su escrito, el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha recordado que muchas «leyes han cercenado los derechos humanos de forma clara y grosera» y aplaude los avances de los últimos años, pese al «recorte» de la ley acometido en 2009.

El caso Couso

Antes de dar lectura a esta misiva, interveno la periodista Olga Rodríguez, superviviente del ataque de EEUU contra el hotel ‘Palestina’, que afirmó los reporteros en lugares en conflicto «están vendidos y desprotegidos» al no tener el amparo de la justicia.

«Es el único caso abierto en el mundo en el que hay pruebas bien claras que llevan a concluir que fue un crimen de guerra premeditado», ha indicado Rodríguez, para dejar claro que este caso no se circunscribe sólo a José Couso, sino que afecta a la protección de la «libertad de información». «Una persona que cubra un conflicto verá como su propio país le niega Justicia. Es la ley pro impunidad«, ha añadido.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Cobalto rojo

Siddharth Kara

¿Es posible garantizar un suministro fiable de cobalto sin poner en juego la vulneración de derechos humanos?

COMENTARIOS

SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER

Suscríbete a nuestro boletín semanal y recibe en tu email nuestras novedades, noticias y entrevistas

SUSCRIBIRME