Refugiados climáticos: los parias del calentamiento global

Más 25 millones de personas en el mundo se han visto obligadas a desplazarse de sus lugares de origen por motivos medioambientales. Son los denominados «refugiados climáticos»; su tragedia es como un tsunami silencioso ante el que la comunidad internacional practica la política de la avestruz. Naciones Unidas cifra el número de migrantes por causas ecológicas en 200 millones en el año 2050 y advierte que la inmensa mayoría procederá de países pobres. La Organización Internacional para las Migraciones alerta desde hace tiempo: se está gestando una gran crisis humanitaria.

Las imágenes que ilustran este reportaje las firma el italiano Alessandro Grassani, ganador de la XV Edición del los Premios de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña-Médicos del Mundo. Las fotos fueron tomadas durante el duro invierno de la provincia de Arkhangai, en Mongolia, y recogen un caso actual de desplazamiento forzoso de una población debido al impacto metereológico del cambo climático.

En los últimos años, Mongolia ha experimentado profundos cambios climáticos y sociales: los inviernos cada vez son más largos y las precipitaciones y las nevadas han aumentado considerablemente. El resultado es que miles de familias dedicadas al pastoreo se han visto obligadas a migrar hacia la capital porque, bajo temperaturas que alcanzan los 50 grados bajo cero, sus animales mueren de frío.

«Las personas retratadas en estas imágenes comparten un destino común: son pastores que se han visto forzados a abandonar las áreas rurales y aisladas en las que solían vivir» explica a Ethic Grassani. Mongolia es un país extremadamente pobre: el 20% de sus 3 millones de habitantes vive con 1,25 dólares al día y el 30% sufre malnutrición. La capital, Ulan Bator, está habitada por 1,2 millones de personas. La mitad de la población malvive en las barriadas de chabolas que se han desarrollado alrededor de la ciudad, unos suburbios conocidos como el Distrito Gher. Los «gher» son las tradicionales tiendas mongolas que las familias de pastores que abandonan las zonas rurales llevan consigo para que les sirva, al menos al principio, de cobijo.

«Estas personas llegan a la ciudad después de toda una vida pasada en los pastos, son analfabetas y no están capacitadas para emprender ningún otro tipo de trabajo. Por tanto, acaban viviendo una vida llena de dificultades en las barriadas de chabolas de la ciudad, que se han desarrollado rápidamente en los últimos 20 años sin ningún tipo de planificación urbana ni acceso a agua corriente o electricidad», añade Grassani.

Entre las ironías que rodean el fenómeno del cambio climático destacan sus asimétricas consecuencias: los países más pobres, los que menos emisiones de gases de efecto invernadero han emitido, son los más afectados. «El 90% de los desplazamientos -explica Grassani- se producirá en los países menos desarrollados dando lugar, en las próximas décadas, a nueva situación de emergencia humanitaria». De ahí que haya organizaciones, como Greenpeace, que exijan que los países que provocan más impacto medioambiental sufraguen los gastos derivados de sus efectos. Entre estas partidas se situarían las destinadas a los migrantes forzosos por razones climáticas.

El trabajo de Grassani ilustra el drama que viven decenas de miles de mongoles que se dedicaban al pastoreo, pero las dimensiones de la tragedia son colosales si atendemos a los datos que manejan tanto Naciones Unidas como otros organismos y estudios, entre ellos el célebre Informe Stern, que analiza «la economía del cambio climático» y especifica que las sequías y las inundaciones serán las causas principales de estos movimientos en el siglo XXI.

200 millones de personas

«Puede que haya hasta 200 millones de personas afectadas por las alteraciones de los sistemas monzónicos y otros tipos de precipitaciones, por sequías de una virulencia y duración sin precedentes, y por la elevación del nivel del mar e inundaciones de las zonas litorales», advierte Norman Myers, investigador de la Universidad de Oxford.

«Se ha invertido una enorme cantidad de tiempo y energía para determinar los efectos metereológicos del cambio climático, pero se han dedicado muchos menos esfuerzos y recursos a analizar empíricamente las consecuencias del cambio climático sobre las poblaciones humanas», apunta Laura Thompson, directora adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Desde este organismo explican que no sólo faltan estudios científicos, sino que también falta un marco jurídico internacional para este tipo de migrante y un mayor interés y sensibilidad por parte de una comunidad internacional que, según la OIM, está respondiendo a este desafío con «la política del avestruz».

Aunque a estos desplazados muchas veces se les denomina «refugiados climáticos» lo cierto es que, lejos de ostentar el estatus de «refugiados», actualmente viven en un limbo legislativo. Si atendemos el corpus jurídico vigente, éste es un problema que no existe para la comunidad internacional.

«Esta situación significa que no reciben ayudas económicas ni puede acceder a alimentos, refugios, escuelas u hospitales a no ser que se vean desplazadas a causa de fenómenos metereológicos extremos como, por ejemplo, el terremoto que asoló Haití. La falta de un convenio internacional les convierte en los parias del calentamiento global», apunta Enrique Turner, abogado especializado en derechos humanos.

«Es verdad que, aunque se trata de un problema de dimensión global que muchas veces encierra dramas personales, cuando no vidas o familias prácticamente destruidas, en ciertas ocasiones supone una mejora de la situación de estas personas. Pero en cualquier caso debería existir un tratado que proteja a quienes tienen que desplazar sus vida por efecto del cambio climático», añade.

Suecia es el único país cuya legislación se ha aproximado a esta problemática. Su política de inmigración hace referencia a los migrantes medioambientales como «personas que necesitan protección» y no pueden regresar a su país como consecuencia de un desastre ecológico. No obstante, se desconoce hasta qué punto incluye los efectos del cambio climático. El documento parlamentario donde se recoge este derecho pone como ejemplo de «desastre medioambiental» una catástrofe nuclear y no alude de forma específica al calentamiento global.

Vulnerabilidad por regiones

Asia meridional y Asia oriental son consideradas áreas muy vulnerables a la migración forzosa debido a las predicciones de elevación del nivel del mar y a las densas capas de población que viven en zonas bajas. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) subraya que seis de los diez megalópolis asiáticas se sitúan en el litoral: Yakarta, Shangai, Tokio, Manila, Bangkok y Mumbai. Mientras, en China el 41% de la población, el 60% de la riqueza y el 70% de las grandes ciudades se localizan en grandes regiones.

El informe Migración y Cambio Climático, de la OIM, concluye que varios millones de personas se encuentran también en situación vulnerable en África, especialmente en la zona del Delta del Nilo y a lo largo de la costa occidental del continente. Los cambios en las lluvias pueden tener efectos graves para la seguridad alimentaria del África subsahariana. Según los análisis del IPCC, para 2020 la disminución de las precipitaciones podría afectar al rendimiento de los cultivos, lo que aumentaría la malnutrición en una región que ya sufre los severos efectos del hambre.

Entre las regiones particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático se encuentran también los pequeños estado insulares. El territorio de muchas de ellas -Bahamas, Kiribati, Maldivas y las Islas Marshall- está apenas tres o cuatro metros sobre el nivel del mar. Para el año 2080 los habitantes de estas islas estarán expuestos a un riesgo 80 veces mayor de lo que habría sido si la industrialización no hubiera provocado el calentamiento global.

Poblaciones enteras de algunas islas de las Maldivas han tenido que ser trasladadas por este Gobierno a otros lugares debido al aumento del nivel del mar, lo que supone un coste enorme para este país, cuya población supera las 310.000 personas. «Las soluciones internas a veces pueden resultar absurdas dado que es el territorio nacional lo que puede verse sumergido», señala Andre Simms, de la Fundación New Economics.

Golpe al desarrollo

Según el citado informe de la OIM, la migración forzosa hará peregrinar a millones de personas desde zonas ecológicamente devastadas de países pobres hacia zonas habitables o medioambientalmente accesibles de esos mismos u otros países pobres. Las tendencias migratorias hacer prever que la mayor parte de los desplazados no llegará a países ricos.

«Esta situación afectará al desarrollo humanitario en al menos cuatro dimensiones: desbordamiento de las ciudades y de los servicios urbanos, erosión del crecimiento económico, aumento de la inestabilidad política y de los conflictos étnicos y deterioro de las políticas de salud y el bienestar social», apunta Laura Thomson.

La gerente de la Organización Internacional de Migraciones afirma que estos movimientos ponen en peligro el cumplimiento de algunos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. «Amenazan particularmente la continuidad de los servicios sanitarios y educativos previstos en el objetivo número 2 (la enseñanza primaria universal) y los objetivos 4 y 5 (reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y combatir el VIH SIDA, el palaudismo y otras enfermedades).

Desde la Comisión Mundial de las Migraciones de Naciones Unidas subrayan que «la política interna de cada país es una variable fundamental para reducir los riesgos» que conlleva el cambio climático para las poblaciones. Sin embargo, parece utópico pensar que países devorados por la pobreza en los que el reto principal es la supervivencia diaria vayan a llevar a cabo planificaciones ordenadas para mitigar estos efectos o para organizar una migración forzosa a gran escala.

«Tal y como suele ocurrir antes del estallido de una crisis, existen numerosos datos que confirman que el tsunami silencioso de los refugiados climáticos tendrá un alto coste humano, social y económico si nos se llevan a cabo las medidas necesarias para frenarlo. El primer paso es un tratado internacional que reconozca la dimensión del problema», concluye Turner.