Una ley pionera

El pasado 16 marzo el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad  la Ley de Economía Social, acontecimiento normativo de primera magnitud, y punto de inflexión para la Economía Social, ya que no sólo reconoce a un sector que genera empleo, y riqueza, sino que es un reflejo de la sensibilidad pública hacia las demandas históricas del sector. Una Ley que sin duda alguna colocará a la Economía Social en un lugar relevante en el escenario socio económico español.

Todos los que hemos participado en la elaboración de esta Ley estamos de enhorabuena, ya que los objetivos que se había marcado el sector se han cumplido con creces. Hay que agradecer la dedicación y el empeño de todos los Grupos Parlamentarios, ya que el texto ha salido enriquecido en toda la tramitación parlamentaria, convirtiéndose, a partir de este momento, en un referente mundial. Con esta aprobación, se da un paso más para reconocer a la Economía Social como una realidad socioecómica incuestionable con una identidad y personalidad propias.

Este marco jurídico ha sido aprobado dentro de un contexto de crisis que no es ajeno a las empresas que conforman el tejido de la economía social y que ha marcado la actividad tanto de CEPES, como del resto de actores empresariales del sector, los cuales están realizando esfuerzos titánicos para mantener y crear empleo. Y es precisamente en esta cualidad tan significativa del sector la que está en el espíritu y la filosofía de esta Ley ya que constata la capacidad de las entidades de la Economía Social no sólo para solventar algunos desequilibrios del mercado del trabajo, sino para poner de manifiesto su contribución a la potenciación del desarrollo local, al fomento de la igualdad de oportunidades, y a la cohesión social, por su capacidad para la inclusión de colectivos en exclusión en el mercado laboral

La Ley hace un excelente ejercicio para clarificar y conceptualizar a la Economía Social y a las entidades que la componen, lo que permite acabar con la  indefinición que hasta ahora sufría el sector y que dificultaba en cierto modo su visibilidad. Desde el inicio, además, siempre se ha defendido la idea de que este marco legal respetara las características propias y la diversidad de las familias que componen la Economía Social (Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades, Empresas de inserción, Centros Especiales de Empleo, Cofradías de Pescadores y Asociaciones y Fundaciones).

La ley además de definir los canales de interlocución del sector, establece como una tarea de interés general la promoción de la economía social por parte de los poderes públicos. Esto aparece como fundamental y nos va a permitir, mantener un nivel de exigencia en el fomento de la economía social y reclamar nuestra presencia en los foros en los que se discuten las políticas públicas de cualquier índole. Todo este conjunto de factores hará que la Economía Social sea más conocida, más visible ,más reconocida y potenciada por los partidos Políticos, Administración y Sociedad,

Constituye, en definitiva, una reafirmación ante la sociedad de que si por algo se caracterizan las empresas de Economía social, es por sus valores  que se proyectan en unos principios específicos de funcionamiento  y un compromiso  que marcan unas claras diferencias respecto de otras formas de empresa.