¿A dónde van los residuos electrónicos?

En 2018, la policía tailandesa encontró en el puerto de Laem Chabang siete buques cargados de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que habían sido importados sin contar con los permisos legales. La negativa previa de China a seguir importando este tipo de residuos se vio como una oportunidad por parte de numerosos empresarios tailandeses, que se apresuraron a construir plantas de reciclaje aprovechando la escasa legislación nacional al respecto. Al incremento del turismo extranjero, cuyos impactos positivos no pasan de lo económico, el país asiático vio cómo se le sumaba otro tipo de turismo más dañino. Porque los desechos electrónicos no regresan a sus lugares de origen, y causan una serie de problemas sociales y medioambientales de gran calado.

Las autoridades tailandesas acabaron poniendo freno a la importación de RAEE, pero la generación de dichos residuos aumenta a nivel global en un mundo tecnológico, y los países que los producen encuentran otros países en desarrollo a los que poder trasladarlos.

El barrio de Agbogbloshie, en Acra, capital de Ghana, fue durante muchos años uno de los vertederos de RAEE más grandes del mundo. En sus tiempos de mayor crecimiento, este vertedero de desechos electrónicos llegaba a recibir una media de 200.000 toneladas anuales de residuos. Aquello propició que cientos de ghaneses llegaran hasta Agbogbloshie para intentar ganarse la vida mediante el reciclaje y la reventa de los desperdicios. Por supuesto, lo hicieron con medios extremadamente precarios que ponían en riesgo la salud de todos los habitantes de la zona. Como advertía un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), comer un huevo de gallina criada en estos territorios supone 220 veces la ingesta diaria de dioxinas cloradas, altamente contaminantes.

Ghana, como el resto de países en desarrollo, no desarrolla correctamente sus modelos legislativos referentes a la gestión de RAEE, y el gobierno del país solo vio como solución el cierre del vertedero. Por supuesto, todas las personas que trabajaban en él simplemente se trasladaron a otros pequeños basureros repartidos por el país.

La exportación de RAEE a países en vías de desarrollo se realiza, en muchas ocasiones, de manera ilegal, dada la laxitud legislativa. Y el problema continuará aumentando si no se establecen mecanismos legales para reducir la producción de desechos y gestionarlos correctamente.

El último Informe Mundial de Residuos Electrónicos de las Naciones Unidas revela que en 2022 la humanidad generó 62 millones de toneladas de estos residuos. También advierte que, al ritmo actual de generación anual de más de 2 millones de toneladas de RAEE, se alcanzarán en 2030 las 82 millones de toneladas, provocando un desastroso colapso, ya que no seremos capaces de gestionar correctamente ni el 20% de estas cantidades. En la actualidad, casi el 10% de estos residuos acaba en países en desarrollo del sur global, principalmente de África, el Sudeste Asiático, Centroamérica y Sudamérica, generando problemas de hondo calado entre sus poblaciones.

Casi el 10% de los residuos electrónicos acaba en países en desarrollo del sur global

Más allá del problema medioambiental que generan los RAEE, su exportación masiva a países en desarrollo genera en estos una flagrante vulneración de los derechos humanos.

El derecho a la vida y al más alto nivel de salud posible se ve claramente afectado por los arcaicos procesos de reciclaje y recuperación de materiales provenientes de los residuos electrónicos, debido a las numerosas sustancias tóxicas que se liberan durante el proceso. La prohibición china de seguir recibiendo basura tecnológica estuvo amparada por estudios que demostraron el incremento de daños dérmicos, respiratorios y digestivos entre las personas residentes en aquellas áreas que servían de vertedero de RAEE. Es importante, además, remarcar los riesgos para la salud de los menores. El polvo liberado en los rudimentarios talleres de reciclaje se expande por todos los lugares de tránsito o estancia de menores, desde los parques infantiles hasta las escuelas, liberando grandes cantidades de metales pesados como el cadmio, el cobalto, el plomo o el zinc. Más alarmante aún es el problema generacional que supone para los nonatos la exposición tóxica de las mujeres embarazadas.

Son, justamente, los menores quienes ven también vulnerados sus derechos al verse obligados, en numerosas ocasiones, a una de las peores formas de trabajo infantil, según el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Volviendo al ejemplo de Ghana, allí los niños son involucrados en actividades de incineración y desarme manual de residuos electrónicos, por lo que quedan expuestos a riesgos que van desde los accidentes ocupacionales al envenenamiento por metales pesados. Al igual que los niños, los adultos ven vulnerado su derecho a estar informados sobre las sustancias químicas utilizadas en el trabajo y sus propiedades peligrosas. La mayor parte de personas que trabajan en el reciclado informal son las más pobres de los entornos urbanos y tienen un bajo nivel de alfabetización que les impide comprender los peligros de toxicidad que enfrentan.

El trabajo infantil con residuos electrónicos implica accidentes ocupacionales y envenenamiento por metales pesados

El derecho de todas las personas a la alimentación está protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, y apuntalado por el Convenio sobre Asistencia Alimentaria, que incide en el acceso a alimentos adecuados, inocuos y nutritivos. Si tenemos en cuenta que las sustancias tóxicas liberadas durante el reciclaje de residuos electrónicos impactan en los suelos y la vegetación, podremos comprender que el consumo de vegetales cultivados cerca de los basureros electrónicos, y el de animales que ahí se alimentan, es altamente peligroso para las personas.

Son positivos los esfuerzos de países como China, Tailandia y Ghana para poner freno al problema de la basura electrónica. Pero el mundo desarrollado debe afianzar procesos de gestión que eviten su desplazamiento a estos y otros países en desarrollo. También reforzar una legislación que haga hincapié en la prevención, para reducir el consumo, y prestar ayuda a dichos países para que puedan aplicar normas de control. Está en juego la sostenibilidad de nuestro planeta y, por tanto, también nuestra propia salud.