El paisaje de la corrupción (III)

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Luis Meyer

Lo escribimos en nuestro anterior repaso al lodazal patrio, que recorre la clase política transversalmente: el FMI dio la voz de alarma el año pasado con un estudio que estimaba en un 2% del PIB mundial el coste de la corrupción. No parece que haya alarmado a muchos, al menos, entre quienes ostentan los poderes públicos en nuestro país, más bien al contrario: pareciera que el dato del FMI les hubiera espoleado hacia el lado oscuro y la galopada de corruptelas es aún más desbocada, si cabe.

Y es un hecho que cada vez cala (y harta) más a los ciudadanos. Así lo demuestra Transparencia Internacional (TI) en su informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2016, en el que España se sitúa en el puesto 17 de los 28 países de la Eurozona. Respecto a los 176 países de de todo el mundo que participan en el estudio, nuestro país se sitúa en el puesto 41, por encima de otras naciones mediterráneas europeas como Italia y Grecia, pero muy por debajo de Portugal.

O dicho de otro modo: España ha tocado fondo, porque está en la peor posición de su historia en el listado del IPC. Según las conclusiones de las encuestas, «los ciudadanos continúan percibiendo la impunidad y la politización de la justicia».

No es para menos: según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de principios de este año, solo una quinta parte de los condenados por corrupción con sentencia firme se encuentran en prisión o sujetos al régimen penitenciario. En total 82 personas cumplen condena por delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias, prevaricación u otro tipo vinculados a la corrupción, cuando, entre julio de 2015 y septiembre de 2016, los tribunales españoles condenaron a 399 personas con sentencia firme por estos delitos, según datos del propio Ministerio de Justicia.

En este periodo, los tribunales españoles procesaron por corrupción a 1.378 personas: 1.060 hombres y 318 mujeres. El total de procedimientos penales ascendía a principios de año a 166.

A finales de 2017, estas cifras serán aún mayores. ¿En qué momento nos encontramos ahora mismo? Aunque pocos partidos se libran, lo cierto es que este año el PP acumula el mayor número de investigaciones, imputaciones, procesamientos y condenas. La familia Pujol no le va a la zaga y la condena a Iñaki Urdangarín, por lo que salpica a la Familia Real, está al mismo nivel si existiera un baremo para medir el grado de escándalo que provoca en la sociedad.

Es un tarea demasiado ardua enumerar todos los casos que están entrando y saliendo este año de los tribunales. Pero el siguiente resumen debería bastar para trazar nuestro actual paisaje de la corrupción.

El caso Pujol: todo queda en familia

La liebre saltó en 2014, y desde entonces, el ‘molt honorable’ expresidente de la Generalitat, su mujer y su prole están siendo investigados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad, todo con innumerables cuentas opacas en Suiza y maletines andorranos de ida y vuelta. El primer condenado y detenido ha sido el primogénito Jordi Pujol Ferrusola, tras quedar demostrado que evadió los fondos cuando la investigación sobre su familia ya había empezado. Mientras tanto, la Policía ha registrado la casa familiar y el despacho del expresidente.

El ministro de Hacienda que defraudaba a Hacienda

Los sumarios de las diversas causas que se le imputan a Rodrigo Rato se multiplican como los panes y los peces, y se hinchan como globos. Las noticias que afloran sobre el exministro de Economía, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y expresidente de Bankia cada vez causan mayor estupor e indignación. No solo tenía cuentas en paraísos fiscales siendo ministro, sino que se aprovechó de su cargo para imponer que las contrataciones públicas en campañas publicitarias y comunicación, por parte del Gobierno, se hicieran con sus sociedades, sin mediar concurso. Esta misma semana, a su imputación por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, el fiscal ha añadido dos más: cohecho y malversación. Por el momento, ha sido condenado a cuatro años de cárcel por el caso de las ‘tarjetas black’.

Y después de Valencia… Madrid

El saqueo del PP de Valencia, demostrado en los juzgados, llegó a tal magnitud que perdieron las pasadas elecciones, después de décadas invictos. Pocos imaginaban que, al poco tiempo, estallaría en Madrid una turba de corrupción más escandalosa, si cabe. Pivotado sobre la gestión fraudulenta del Canal de Isabel II, el denominado caso Lezo se ha saldado con la entrada en prisión de expresidente de la Comunidad, Ignacio González, y la imputación de su mujer, su hermano, su cuñado, su padre y una buena recua de políticos y empresarios, a punto de desfilar por los juzgados: Eduardo Zaplana (ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno con José María Aznar), Juan Miguel Villar Mir (dueño de la constructora OHL), Alberto López Viejo (ex viceconsejero de Presidencia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, también en la cárcel), María Fernanda Richmond (exdirectora financiera del Canal de Isabel II) o Carmen Pliar Pazos Bajarano, fundadora de la red de guarderías Mis Pollitos que, según el juez, habrían usado para blanquear dinero de la trama. Son solo algunos ejemplos de las decenas de personas investigadas por el caso Lezo. La actuación del fiscal Anticorrupción, excesivamente benevolente con algunos imputados, entre ellos Ignacio González, está causando recelos en la opinión pública sobre el grado de independencia de la actuación de la justicia.

Ere que ere…

El caso de los ERE, investigado desde más de una década, es uno de los más sonados porque contempla la presunta malversación de la mayor cantidad de dinero público hasta el momento: la partida de más de 700 millones destinados por la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, a ayudar a las empresas con sus prejubilaciones. Muchas de ellas son presuntamente fraudulentas, pagadas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas. También se investigan subvenciones a empresas que no estaban presentando un ERE e, incluso, a personas que no llegaron a crear ninguna empresa. Este año, prosiguen las imputaciones: las últimas, a un exdiputado vasco y al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero.

Urdangarín se salva… de momento

El caso Nóos está visto para sentencia. El abogado de Iñaki Urdangarín ha apelado al Tribunal Supremo la pena inicial de seis años y tres meses de cárcel. A la espera del fallo definitivo, la sección primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha acordado este jueves dejar en libertad sin fianza a Iñaki Urdangarin y que comparezca el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial de Suiza, el país en el que reside actualmente. Efectivamente: Suiza. Para más inri. Por otro lado, la Infanta Cristina ha sido absuelta de las imputaciones penales, y «solo» debe abonar 265.000 euros como partícipe a título lucrativo.

La ética también es corruptible

No es un caso de corrupción como tal, porque no media imputación, ni siquiera acusación formal. Pero el asunto de Ramón Espinar, portavoz de Podemos en el Senado a finales del año pasado, levantó ampollas, por venir de un partido que hace de la pulcritud ética y la lucha contra la corrupción del ‘establishment’ su bandera: Espinar ganó una plusvalía de 30.000 euros vendiendo un piso protegido, sin haber llegado a ocuparlo. No hay nada ilegal puesto que todo se hizo cumpliendo las plazas (más allá de las dudas acerca de cómo le concedieron esa vivienda), pero muchos lo vieron como otro caso de un político haciendo uso de las subvenciones públicas para obtener ganancias personales.

La Púnica y Gürtel, capítulo tropecientos

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha dimitido tras la oleada de imputaciones que recaen sobre él: cohecho, fraude, prevaricación y malversación. El expresidente popular, presuntamente, se ha manchado las manos en dos casos: Púnica y el caso Auditorio. La investigación de la trama Gürtel, sumario abierto hace ya casi 10 años, sigue avanzando: el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido llamado por la Segunda Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para declarar como testigo sobre los presuntos tejemanejes con la caja B de su partido. Hace un año, en nuestra primera serie sobre corrupción, escribimos aquí que la imagen de una infanta sentada en el banquillo iba a ser insuperable. La de Mariano Rajoy, por mucho que lo haga a través de un plasma y en calidad de testigo, va a ser sin duda más impactante.