Transparencia

El paisaje de la corrupción (I)

Ethic comienza una serie en la que repasa los casos de corrupción protagonizados por partidos políticos e instituciones públicas de nuestro país.

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15
May
2016

El panorama en España es desalentador. La corrupción de nuestros políticos se ha instalado definitivamente en los titulares de cada día, y una sociedad cada vez menos impactada empieza a recibir palabras como estafa, malversación, prevaricación o, sencillamente, robo como ese murmullo constante que nuestro nervio auditivo deja de procesar.

Ethic comienza hoy una serie en la que irá desgranando los casos de corrupción más relevantes. En esta primera entrega hemos analizado el periodo enero-mayo. Nuestro país arrancó 2015 con 2.000 imputados por corrupción, y en 2016 el goteo es constante, con la aparición de escena (o en el banquillo) de rostros tan espectaculares como el de Rodrigo Rato, exministro de Economía, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y expresidente de Bankia, o el de la Infanta Cristina, salpicada por el caso Nóos.

No se libra prácticamente ninguna institución o partido, y aunque los casos surgidos en el PP superan ampliamente a los del PSOE, lo cierto es que los socialistas andaluces son, actualmente, quienes ostentan el desdoro de haber estafado la mayor cantidad de dinero: 3.200 millones en el desvío de fondos de los ERE y los cursos de formación. La ONG Transparencia Internacional denunció en 2015 que España, junto con Turquía y Brasil, es el país que más ha empeorado en este aspecto en los últimos cuatro años.

Los papeles de Panamá

Tener una sociedad offshore en el extranjero no es en sí mismo un hecho delictivo, más allá de su dudosa ética, más si sus propietarios son representantes públicos que reclaman el pago religioso de los impuestos a sus ciudadanos. Esta filtración ha destapado que 140 políticos de todo el mundo tenían una sociedad panameña para sortear al fisco. Entre ellos el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que dimitió hace unas semanas «para no afectar a la imagen» de su partido.

Pero, por otro lado, los papeles de Panamá están trenzados con multitud de casos delictivos que ya llevan tiempo en las mesas de los juzgados de instrucción de nuestro país. Es el caso del ático marbellí del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que presuntamente se valió de una de estas sociedades para la adquisición del lujos inmuebles, pagado por el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, a cambio de adjudicaciones. También ha salido a la luz una fundación de Luis Bárcenas, que se enfrenta actualmente a 21 años de cárcel por estar acusado de 14 delitos que incluyen blanqueo de capitales, cohecho y estafa, entre otros. En la cuenta de la sociedad panameña, el extesorero del PP llegó a tener hasta 25 millones de euros en 2007. Asimismo, se han destapado varias sociedades que usaba la familia Pujol para desviar su fortuna, y del exduque de Palma Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres, para tributar menos por los servicios de su empresa Nóos. Son solo tres ejemplos del lodazal español de corrupción en el que ahora también chapotean despachos de abogados y consultores panameños.

Adjudicaciones ilegales en Lanzarote

El pasado marzo dimitía el alcalde de Arrecife (Lanzarote), José Montelongo, del PSOE, después de que el Juzgado de Instrucción número 4 le impusiera una fianza de 1,9 millones de euros. El juez ha hallado indicios suficientes para juzgarle por seis delitos repartidos en dos procedimientos: dos por prevaricación, dos por fraude a la administración y dos por malversación de fondos públicos.

La investigación gira en torno a un grupo de concejales y funcionarios del Ayuntamiento que, supuestamente, adjudicaron ilegalmente servicios a empresas que gozaban de un trato de favor entre los años. Esto sucedía entre 2009 y 2011.

Prevaricación urbanística en Granada

El alcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, dimitieron el pasado abril tras ser detenidos en sus domicilios por los agentes de la UDEF en el transcurso de la investigación del ‘caso Serrallo’, una trama de corrupción urbanística.

La denuncia partió de la sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía, y abarca a cinco altos cargos del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada por la posible comisión de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, una operación que permitió la construcción de una discoteca con sala de fiestas y una pista cubierta de patinaje con bar en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana, junto al centro comercial Serrallo Plaza.

Además, se investigan posibles irregularidades en otra supuesta operación urbanística para favorecer a un empresario.

De la trama delictiva en Euskadi… 

El pasado marzo, la Fiscalía pidió para el ex ‘número dos’ del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, 54 años de cárcel y 25 millones de euros fianza. Tamaña pena se debe a que el fiscal jefe lo considera el «cerebro» de una trama delictiva para el cobro de comisiones ilegales. Lleva arrestado desde marzo de 2010. También están imputados otros miembros de la Ejecutiva Alavesa pertenecientes a la llamada ‘trama de Miguel’, que supuestamente se valieron de esta organización para cometer hasta 21 delitos que incluyen cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos o falsificación de documentos mercantiles.

…a la gran estafa del clan Pujol

Esta semana hemos tenido también nuevas noticias sobre la trama de los Pujol y su desfalco a las arcas públicas. Un exdirectivo de banca ha declarado a la Policía, a petición del juez que llevado el caso en el que están implicados cinco miembros del clan Pujol, que entre los años 80 y 90 altos cargos de la Generalitat se repartían ‘propinas’ en efectivo con el rendimiento de las nóminas de empleados públicos.

En estos momentos se investiga no solo el origen de la fortuna oculta por la familia en Andorra sino también los negocios millonarios del hijo mayor con empresas adjudicatarias de la Generalitat. El 30 de diciembre de 2015 el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, citó a declarar como imputado a Jordi Pujol Soley y a su esposa, Marta Ferrusola, por un delito de blanqueo de capitales continuado. En el auto de citación del matrimonio, el juez apuntó a que todos los miembros de la familia habían venido «orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos». Fuentes policiales apuntan a 500 millones de euros desfalcados por el clan.

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Los nuevos partidos, ¿se suben al carro?

Las formaciones más jóvenes han irrumpido con fuerza en el mapa político, logrando en apenas un par de años una atención mediática sin precedentes y un pedazo de la tarta electoral los suficientemente grande como para ejercer de bisagras fundamentales e incluso impedir investiduras. O, dicho de otro modo: los dos principales partidos de nuevo cuño, Ciudadanos y Podemos, han acabado con el bipartidismo. Si bien ambos difieren en su línea ideológica, coinciden en un mismo discurso que ha sido su punta de lanza desde lo inicios: acabar con la corrupción y acabar con la opacidad que habían tejido a su alrededor las formaciones tradicionales.

Por este motivo resulta, si cabe, aún más lacerante para la sociedad que en el seno de estos nuevos partidos surjan siquiera polémicas, dudas de su honestidad o, en ocasiones, incluso algún proceso judicial. Que un concejal de Ciudadanos cometa un hecho tan execrable como apropiarse de donativos para niñas huérfanas da una idea de hasta dónde pueden llegar algunos de nuestros gobernantes. Al partido naranja −todo hay que decirlo− no le tembló el pulso: hace un mes suspendió cautelarmente de militancia a un concejal de su partido en Casinos (Valencia) tras ser denunciado por estafa. Según la Fiscalía Anticorrupción, Salvador Murgui se apropió, supuestamente, del dinero que pedía a sus vecinos para destinarlo a unas monjas de Guatemala que trabajan con niñas que habían perdido a sus progenitores. El número de engañados superaría los 200, y el caso se investiga actualmente en un juzgado de Llíria.

Podemos no cuenta en estos momentos con ningún imputado por corrupción, pero en varias ocasiones le ha sobrevolado la duda de su transparencia. La Universidad de Málaga sancionó e inhabilitó el pasado marzo a Íñigo Errejón, portavoz de la formación morada en el Congreso, por haber compatibilizado su trabajo de investigador (por el que recibía una subvención pública) con el sueldo que cobraba como asesor del partido. El fundador y exnúmero dos de Podemos, Juan Carlos Monedero, estuvo a punto de ser querellado por dejar de pagar 100.000 euros en impuestos, si bien su rapidez de reflejos (a los 11 días de la primera noticia en prensa presentó dos complementarias a Hacienda para saldar la deuda) le evitó un proceso penal. En cualquier caso, fue el detonante de su salida de la dirección del partido.

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