¿Quién paga la factura de la adaptación climática?

Artículo

Inma Mora Sánchez

@inma_ms

Temperaturas extremas, inundaciones, incendios, sequías. El cambio climático obliga a prepararnos para unas condiciones diferentes a las que habíamos vivido hasta ahora. Adaptarse implica ampliar las zonas verdes para reducir el calor, restaurar humedales que amortigüen las inundaciones, mejorar los sistemas de alerta o acondicionar edificios frente a las altas temperaturas. También puede exigir cambios menos visibles, como modificar los horarios de trabajo o contratar seguros frente a los riesgos climáticos.

Todas estas medidas tienen un coste. Pero la factura de la adaptación, como los propios efectos del cambio climático, no se reparte de manera equitativa. Aunque solemos hablar de la crisis climática como un problema común que exige respuestas colectivas, ni la responsabilidad por sus causas ni sus consecuencias son iguales para todo el mundo. «Existen enormes diferencias entre ricos y pobres en lo que respecta a las emisiones globales de gases de efecto invernadero, que son la causa principal del calentamiento global», explican Mateo Aguado, doctor en Ecología e investigador de FUHEM Ecosocial y de la UAM, y Nuria del Viso, antropóloga, periodista e investigadora de FUHEM Ecosocial. «Son los países más ricos y con mayores niveles de consumo los que presentan unas huellas de carbono per cápita más altas», añaden.

Esos mismos países disponen de mayores recursos para protegerse y afrontar los daños. En cambio, los países y colectivos que menos han contribuido al calentamiento global soportan algunos de sus impactos más graves y cuentan con menos medios para adaptarse. Por ello, cualquier respuesta debe tener en cuenta las desigualdades sociales y analizar, como señalan Aguado y Del Viso, cómo el cambio climático «afecta de forma diferenciada a las personas, tanto geográficamente como por nivel económico, género, edad y ocupación, entre otros ejes de desigualdad».

Según Oxfam, solo el 11,3% de la financiación climática española declarada entre 2017 y 2024 se destinó exclusivamente a adaptación

Esta perspectiva de justicia climática está presente en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades, recogido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992. Según este principio, todos los países deben actuar, pero aquellos que más han contribuido a la crisis y disponen de mayor capacidad económica tienen una responsabilidad mayor a la hora de apoyar a los países del Sur Global.

Traducir este principio en cifras no es sencillo. Según un informe de Oxfam, a España le correspondería asumir alrededor del 1,85% de la financiación climática internacional, teniendo en cuenta su capacidad económica y su responsabilidad histórica. Aplicado al anterior objetivo internacional de financiación climática, por el que los países desarrollados debían movilizar 100.000 millones de dólares anuales para apoyar a los países en desarrollo, ese porcentaje equivaldría a una contribución española de 1.713 millones de euros en 2025. En la COP29 se acordó elevar el objetivo colectivo hasta alcanzar al menos 300.000 millones de dólares anuales en 2035. Si se aplicara el mismo criterio de reparto, la contribución justa de España ascendería a 5.225 millones de euros al año. Oxfam considera, aun así, que el nuevo objetivo está muy por debajo de los recursos que necesitan los países más vulnerables.

Pero el debate no afecta solo a la cantidad, sino también al tipo de financiación. España declaró una aportación de 1.768 millones de euros en 2024 (por encima del compromiso de 1.350 millones que había fijado para 2025). Sin embargo, esta cifra incluye préstamos, seguros de crédito y otros instrumentos que pueden generar deuda o favorecer inversiones españolas. Además, solo el 11,3% de los fondos contabilizados entre 2017 y 2024 se destinó exclusivamente a adaptación. Según Oxfam, si se tiene en cuenta qué parte responde realmente a fines climáticos y cuánto dinero se aporta sin obligación de devolución, el valor efectivo de la financiación podría representar únicamente entre el 24% y el 28% de la cantidad declarada.

Los costes de la adaptación climática también se reflejan en los presupuestos de ayuntamientos, empresas, aseguradoras y hogares. Según un reciente informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, pequeños municipios europeos están impulsando medidas de adaptación pese a sus limitados recursos económicos, técnicos y humanos. Sin embargo, todavía existe una brecha considerable respecto a los de mayor tamaño. Entre los municipios adheridos al Pacto de las Alcaldías, solo el 16% de los que tienen menos de 20.000 habitantes dispone de un plan de adaptación, frente al 28% de los más grandes. Las diferencias también afectan a la evaluación de riesgos climáticos, completada o casi completada por el 29% de los pequeños municipios, frente al 46% de los mayores.

La voluntad local no es suficiente. Necesita financiación y asistencia técnica para traducirse en acciones concretas. A ello se suma la falta de un marco normativo común. En 2025, solo 12 países de la Unión Europea habían establecido obligaciones legales de adaptación para las administraciones regionales y locales.

Esta desigual capacidad para anticiparse a los riesgos climáticos también se observa en el sector privado, donde el tamaño de las empresas condiciona los recursos disponibles para protegerse. La última encuesta del Banco Europeo de Inversiones señala que más de dos tercios de las compañías europeas consultadas habían sufrido pérdidas relacionadas con fenómenos climáticos, pero solo alrededor de la mitad invertía en adaptación. El porcentaje ha crecido en los últimos años, aunque persiste una diferencia importante según el tamaño: el 62% de las grandes compañías invierte en estas medidas, frente al 44% de las pequeñas y medianas empresas. Las empresas pueden adaptar sus instalaciones, reforzar sus sistemas de prevención o contratar seguros frente a posibles pérdidas. Pero los seguros están lejos de cubrir los costes de todos los daños.

Las indemnizaciones por catástrofes naturales que afrontan las aseguradoras están aumentando en todo el mundo entre un 5% y un 7% anual en términos reales, según un estudio de Swiss Re Institute. En 2024, las catástrofes naturales provocaron pérdidas económicas por 318.000 millones de dólares a nivel global, pero solo 137.000 millones estaban asegurados. Los 181.000 millones restantes, alrededor del 57% del total, quedaron sin cobertura. Esa diferencia debe ser asumida por los hogares, las empresas y las administraciones públicas o, en muchos casos, se traduce en daños que no llegan a repararse.

Más de dos tercios de las compañías europeas han sufrido pérdidas relacionadas con fenómenos climáticos, pero solo la mitad invierte en adaptación

En Europa, las catástrofes naturales causaron alrededor de 900.000 millones de euros en pérdidas directas entre 1981 y 2023, según un informe de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) y el Banco Central Europeo. Durante ese periodo, solo una cuarta parte de las pérdidas ocasionadas por fenómenos meteorológicos extremos y relacionados con el clima estaba asegurada. El informe advierte de que, a medida que aumenten los riesgos, los seguros serán menos asequibles y la brecha de protección, ya considerable, podría ampliarse aún más. Esta tendencia afecta especialmente a las rentas bajas, ya que la proporción de personas con ingresos reducidos que disponía de un seguro frente a daños materiales causados por catástrofes naturales cayó del 14% al 8% entre 2022 y 2024. Estas personas tienen, además, más probabilidades de vivir en zonas expuestas, donde la vivienda y el suelo suelen ser más asequibles, y menos recursos para trasladarse o reforzar sus casas. A su vez, el coste del seguro compite con otros gastos esenciales, como el alquiler.

A esta falta de cobertura se suman las dificultades para adaptar las viviendas a los efectos del cambio climático. Mejorar el aislamiento o instalar sistemas de climatización exige una inversión que no todos los hogares pueden asumir. Las familias con menos recursos tienen, por tanto, menos capacidad para reducir su exposición antes de que se produzcan los daños y para afrontar la recuperación. Como advierten Mateo Aguado y Nuria del Viso, «se genera un círculo vicioso en el que distintos tipos de desigualdades —ambientales, económicas, políticas…— se refuerzan entre sí». Evitar que la adaptación al cambio climático amplíe esas brechas exige tenerlas en cuenta a la hora de decidir cómo se distribuyen los recursos y quién asume la factura.