¿Podemos arreglar el ascensor social?

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Inma Mora Sánchez

@inma_ms

«No estamos ante un colapso del ascensor social, pero funciona de manera selectiva», afirma la socióloga y profesora de la UCM Olga Salido Cortés, quien ha analizado la evolución de la movilidad intergeneracional en España. La metáfora del ascensor social suele utilizarse para hablar de la posibilidad de mejorar la posición económica y social respecto a la generación anterior, pero detrás de esta expresión hay distintos fenómenos que conviene distinguir.

Por un lado, esta metáfora hace referencia a la movilidad intergeneracional, aquella que compara la posición social entre generaciones y permite observar si las oportunidades se transmiten o se transforman con el paso del tiempo. Por otro, también puede referirse a la movilidad intrageneracional, que analiza los cambios que experimenta una persona a lo largo de su propia vida.

Además, es necesario diferenciar entre movilidad absoluta y movilidad relativa. Como explica Salido Cortés, la primera mide cuánto cambio se produce en el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, cuando una economía crece y mejoran las condiciones de vida de la mayoría de la población, muchas personas pueden vivir mejor que sus generaciones anteriores. Pero esa mejora general no implica necesariamente una distribución equitativa de las oportunidades. La movilidad relativa analiza precisamente hasta qué punto el origen social sigue condicionando el destino de una persona. Es decir, aunque el ascensor suba para casi todo el mundo, no lo hace a la misma velocidad para todas las personas. Así, una sociedad puede mostrar altos niveles de movilidad absoluta y, al mismo tiempo, mantener una baja movilidad relativa.

Olga Salido Cortés: «La movilidad social sigue atravesada por relaciones de poder, herencias de clase y estructuras de dominación de género»

El estudio de Olga Salido Cortés compara la movilidad social desde distintas clases de origen hacia los estratos profesionales superiores de las cohortes nacidas entre 1940 y 1949 y las nacidas entre 1980 y 1989, cuando ambas tenían entre 25 y 35 años. Además, lo analiza con perspectiva de género. La elección de estas generaciones permite observar dos contextos históricos muy diferentes. Por un lado, el de la expansión de oportunidades durante la segunda mitad y finales del siglo XX y, por otro, el de una generación que trataba de incorporarse al mercado laboral durante la crisis económica de 2008. Después llegarían la pandemia y la crisis de la vivienda, que redujeron todavía más su capacidad de ahorro.

Aunque los datos no apuntan a una interrupción generalizada del ascenso social, sí muestran una movilidad condicionada por las diferencias estructurales. En el caso de las mujeres, Salido destaca que, aunque han experimentado avances importantes, aquellas procedentes de orígenes intermedios y obreros siguen enfrentándose a techos de cristal y suelos pegajosos que acentúan las desigualdades de clase y género. Por eso, concluye, «la movilidad social sigue atravesada por relaciones de poder, herencias de clase y estructuras de dominación de género».

Cuando la educación deja de garantizar el ascenso

La democratización educativa es uno de los grandes logros de las últimas décadas. Muchas personas que hoy cuentan con una carrera universitaria, un máster o un doctorado crecieron en familias cuyos padres y madres no pudieron finalizar sus estudios básicos. Sin embargo, aunque la educación sigue desempeñando un papel fundamental en la reducción de las desigualdades, su capacidad para compensar el origen social se ha debilitado. Ese esfuerzo educativo ya no garantiza las mismas oportunidades laborales y económicas que en generaciones anteriores.

Para Fabrizio Bernardi, catedrático de Sociología de la UNED, esto se debe a tres mecanismos que limitan la capacidad de la educación como motor de la movilidad social. El primero es la ventaja de compensación de las familias con mayor nivel socioeconómico o su capacidad de actuar como una red de seguridad ante los problemas que puedan surgir.

Por ejemplo, según expone Bernardi, repetir curso reduce en 24 puntos porcentuales la probabilidad de completar estudios posobligatorios entre el alumnado procedente de hogares con menor nivel socioeconómico, frente a solo 6 puntos entre quienes proceden de familias con mayores recursos. La diferencia muestra cómo un mismo obstáculo puede ser un tropiezo puntual para quienes cuentan con más recursos culturales, sociales y económicos, pero convertirse en un factor de abandono para quienes no disponen de esa red de apoyo.

Fabrizio Bernardi: «No basta con mejorar y ensanchar el ascensor; también es necesario reforzar y adecuar el edificio que lo sostiene»

El segundo mecanismo tiene que ver con el efecto directo del origen social sobre el logro ocupacional. Incluso entre personas con el mismo nivel educativo, quienes proceden de clases altas tienen más probabilidades de acceder a empleos de mayor estatus socioeconómico o con mejores ingresos. Entre las razones se encuentran la influencia de las redes familiares en los procesos de selección, el acceso a contactos profesionales o las habilidades desarrolladas para desenvolverse en entornos de prestigio. Además, también influye la posibilidad de rechazar empleos precarios y esperar hasta encontrar un puesto acorde con la formación adquirida.

El tercer mecanismo es el desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo cualificado. La democratización de la educación ha permitido que una proporción mucho mayor de la población acceda a estudios superiores, pero el mercado laboral no ha generado suficientes empleos de calidad capaces de absorber ese aumento de personas formadas. Es decir, la educación se ha democratizado, pero el acceso al empleo de calidad no. Por eso, para mejorar la movilidad social es necesario transformar el mercado laboral.

Garantizar un mercado de trabajo más justo implica que cualquier persona, con independencia de su nivel educativo, pueda recibir un salario digno por su trabajo y ejercerlo en condiciones adecuadas, con todos los derechos laborales. Conseguirlo pasa por mejorar las condiciones de los empleos más precarizados e infravalorados socialmente –algo que acortaría las distancias entre los distintos niveles profesionales–, pero también por desarrollar políticas sociales que sostengan este cambio de paradigma. En palabras de Bernardi, «para que el “ascensor social” funcione de manera efectiva, no basta con mejorar y ensanchar el ascensor; también es necesario reforzar y adecuar el edificio que lo sostiene».

Pero este patrón no es exclusivo de España. En 2018, la OCDE publicó A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility, uno de los estudios más citados sobre movilidad social. El informe también concluía que tanto las situaciones de pobreza como las posiciones de privilegio tienden a reproducirse entre generaciones y condicionan las oportunidades educativas, laborales y sanitarias. Sin embargo, esta transmisión de ventajas y desventajas no es inevitable. Las diferencias entre países muestran que la movilidad social puede mejorar cuando el gasto público se invierte en políticas eficaces.

Para ello, el informe propone actuar de forma integral a lo largo del ciclo vital, especialmente sobre quienes parten de posiciones de desventaja. Entre sus recomendaciones figuran la inversión en educación de calidad desde las primeras etapas, el refuerzo de los sistemas de salud y protección social, las políticas que faciliten la conciliación y compensen desigualdades de origen, medidas fiscales orientadas a reducir la concentración de la riqueza y políticas urbanas y territoriales que reduzcan la segregación residencial.