¿A quién pertenece el espacio?

Artículo

Óscar Granados

Arthur C. Clarke era casi un vidente. Este escritor británico de ciencia ficción, autor de El centinela y de 2001: Odisea en el espacio, predijo a mediados del siglo XX que la humanidad llegaría a la Luna antes del próximo milenio. Su idea fue vista como fantasiosa por los expertos de entonces, quienes quizá quedaron boquiabiertos a finales de los años 60 cuando Neil Armstrong puso un pie en su superficie. Clarke (fallecido en 2008) sentía una profunda fascinación por el cosmos. En 1945, antes de que concluyera la Segunda Guerra Mundial, envió una carta a la revista Wireless World en la que sugería que los cohetes V2 nazis podían convertirse en satélites artificiales.

Propuso lanzarlos a una altitud de unos 35.786 kilómetros, desde donde podrían girar junto a la Tierra. Eso significaba que un transmisor de radio podría emitir señales desde un punto fijo sobre el planeta. Clarke anticipó lo que ocurriría 12 años después con el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite de la historia. También explicó que existía una región orbital en la que este fenómeno —la rotación sincronizada con la Tierra— podía ocurrir. Hoy se le conoce como órbita geoestacionaria u órbita de Clarke. Lo que quizá no previó fue que, en plena Guerra Fría, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética acabarían firmando tratados internacionales para regular la exploración espacial.

La gran pregunta fue entonces: ¿quién podía instalar satélites allí? Una cuestión aún vigente ante el auge del sector privado —con SpaceX a la cabeza—, responsable del lanzamiento de miles de satélites. «Siempre existe la percepción de que los tratados espaciales son de los años 60 y están obsoletos. Pero en realidad es lo contrario», afirma Rosanna Hoffmann, asesora jurídica y directora del Proyecto de Derecho Espacial para Nuevos Actores Espaciales en la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (UNOOSA).

Desde el hito de 1964, con la Declaración de Principios Jurídicos, el derecho espacial ha evolucionado. Pasó de un idealismo cooperativo a una regulación pragmática capaz de contener los rápidos avances tecnológicos. Lo que comenzó definiendo la libertad de exploración y la responsabilidad estatal se amplió a temas críticos: la ética en las telecomunicaciones (1982), la teledetección ambiental (1986) y la seguridad en el uso de la energía nuclear en el espacio (1992 y 2009).

Aunque la Declaración de Beneficios de 1996 cerró el siglo XX reclamando una justicia espacial equitativa —para que el cosmos no fuera un club exclusivo de potencias—, no fue hasta la llegada del nuevo milenio cuando la sostenibilidad se convirtió en una prioridad global. La congestión orbital impulsó la adopción de las Directrices de 2007 para mitigar los desechos espaciales.

Hoy, el gran reto es consensuar un marco global para la explotación de minerales lunares y de asteroides

Estas normas marcaron un hito: regular el ciclo de vida completo de una nave, desde un diseño que evite desprendimientos hasta las maniobras de «cementerio» para los satélites fuera de servicio, cuyo objetivo es prevenir el efecto Kessler, una reacción en cadena de colisiones que podría inutilizar las órbitas bajas. Hoy, el gran reto es consensuar un marco global para la explotación de minerales lunares y de asteroides. Los Acuerdos Artemis (2020), ya firmados por 56 países, permiten la extracción de recursos sin violar el principio de no apropiación del Tratado del Espacio Exterior de 1967, aunque aún no existe un tratado vinculante a escala internacional.

Y Europa también mueve fichas. En 2025, la Comisión Europea presentó la propuesta de Reglamento sobre Seguridad, Resiliencia y Sostenibilidad de las Actividades Espaciales (el EU Space Act), que busca establecer un marco armonizado para toda la Unión. Esta normativa pretende reforzar la seguridad operacional, la protección cibernética y la sostenibilidad ambiental, al tiempo que impulsa la competitividad del sector mediante la reducción de trámites y la innovación. La fragmentación actual —con 13 legislaciones nacionales distintas— eleva los costes y complica la actividad transfronteriza. La nueva ley creará un mercado espacial único, con autorizaciones reconocidas entre Estados, un registro unificado y requisitos proporcionales al riesgo y al tamaño de cada empresa, con especial beneficio para startups y pymes.

España también avanza: su anteproyecto de Ley de Actividades Espaciales —en consulta pública desde noviembre de 2025 y coordinado por la Agencia Espacial Española (AEE) —regulará las autorizaciones privadas y la mitigación de la basura espacial. «Pase lo que pase en el espacio exterior, ya sea por una empresa o por una agencia espacial nacional, el país de origen es legalmente responsable», subraya Hoffmann. Y recuerda: «Los Estados deben autorizar y supervisar la actividad». Esto incluye el turismo espacial y el lanzamiento de satélites. Garantizar la paz y la sostenibilidad de la última frontera no tiene cabida en la ciencia ficción. Por cierto, Clarke, poco antes de morir a los 90 años, dejó tres deseos: que los extraterrestres contactaran con la Tierra, que la humanidad dejara de depender del petróleo y que hubiera paz en Sri Lanka.