La atención sanitaria y sociosanitaria a las personas migrantes en España: acceso, coordinación y equidad

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Inma Mora Sánchez

@inma_ms

La migración suele analizarse en términos de cifras, flujos o impacto económico, pero en su base se encuentra el ejercicio de derechos fundamentales. El derecho a desplazarse y el derecho a la salud forman parte de ese marco que debería garantizar condiciones de vida dignas para todas las personas, independientemente de su origen. Sin embargo, la experiencia de muchas personas migrantes muestra que el acceso efectivo a la atención sanitaria sigue siendo un terreno lleno de obstáculos y desigualdades. 

Para analizar estos retos y debatir posibles soluciones, el III Foro del Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica, celebrado el pasado 4 de marzo bajo el lema Migración, salud y cohesión social: el compromiso de la Farmacia, reunió a profesionales y organizaciones comprometidos con la inclusión sanitaria. En este encuentro, también se presentó el estudio La atención sanitaria y sociosanitaria a las personas migrantes en España: acceso, coordinación y equidad, impulsado por el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y que ha sido elaborado por ISGlobal de Barcelona con la colaboración del Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica.

El derecho a la salud

La migración internacional se ha intensificado con la globalización, los conflictos armados, las crisis económicas y el cambio climático. Según el estudio presentado por el Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica, en 2024 había en el mundo unos 304 millones de personas migrantes, un 3,7% de la población mundial. En España, el informe señala que en julio de 2025 casi una de cada cinco personas residentes había nacido fuera del país.

Garantizar el acceso de las personas migrantes a la atención sanitaria y sociosanitaria es, ante todo, una cuestión de derechos. El bienestar físico y mental de quienes llegan forma parte del derecho a la salud y de las condiciones necesarias para una vida digna. Además, la manera en que una sociedad protege este derecho repercute más allá del ámbito individual, ya que influye en la salud pública, en el funcionamiento del sistema sanitario y en la calidad de los cuidados que afectan a toda la población.

Laura Agúndez: «La migración es un pilar estructural y económico necesario para la sostenibilidad del sistema de bienestar y del sector de los cuidados»

«La migración es un pilar estructural y económico necesario para la sostenibilidad del sistema de bienestar y del sector de los cuidados», recordó Laura Agúndez, policy officer del Instituto de Salud Global de Barcelona, al presentar algunas de las conclusiones del estudio. Entre los fenómenos que destaca el informe se encuentra el llamado «efecto del inmigrante sano»: en términos generales, las personas migrantes llegan con un estado de salud mejor que el de la población autóctona. Sin embargo, esa ventaja inicial no suele mantenerse. Con el paso del tiempo, «su salud tiende a deteriorarse, en gran medida, por las condiciones socioeconómicas adversas y las dificultades para acceder a la atención sanitaria», afirmó Agúndez. Además, el informe también muestra que hay «heterogeneidad y desigualdad en el acceso a la salud entre comunidades autónomas, centros de salud e incluso dentro del propio centro de salud y entre el ámbito rural y urbano». 

En el derecho al acceso a la salud intervienen distintos factores, como el género, la vivienda, la situación laboral, la edad o la discapacidad. Además, Agúndez destacó que a estos factores se suma la vulnerabilidad de la salud mental. Durante el proceso migratorio y en los primeros momentos tras la llegada, muchas personas afrontan experiencias traumáticas, la pérdida de redes de apoyo y barreras lingüísticas que dificultan la comunicación con el sistema sanitario. En este contexto, el informe subraya la importancia de incorporar figuras de mediación intercultural en los espacios asistenciales, capaces de facilitar el diálogo entre profesionales y pacientes y de atender las particularidades culturales que influyen en la forma de entender la enfermedad, el cuidado o la búsqueda de ayuda.

Por eso, el Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica también ha elaborado un decálogo de recomendaciones orientadas a avanzar hacia un acceso más equitativo de las personas migrantes a la atención sanitaria y sociosanitaria. Las recomendaciones abarcan desde la armonización de las normas de acceso a la atención sanitaria y la simplificación de los procedimientos administrativos hasta la coordinación entre servicios, la mejora de la formación intercultural del personal sanitario y sociosanitario e incorporar mediación cultural en los espacios asistenciales. El documento enfatiza asimismo la necesidad de asegurar una financiación estable y una planificación estratégica a largo plazo y potenciar la farmacia comunitaria como agente sanitario y sociosanitario de proximidad.

Historias que cruzan fronteras

Tras la presentación del informe, el foro dio paso al diálogo Historias que cruzan fronteras: el valor humano de la migración en España, un espacio centrado en las experiencias personales que hay detrás de las estadísticas. En él dialogaron Aminata Soucko, presidenta de la Red Aminata, y Edith Espínola, portavoz de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC) con la moderación de Gonzalo Fanjul, director de Análisis de Políticas y Desarrollo del ISGlobal.

Edith Espínola: «La migración aparte de resistente, es resiliente»

Aminata Soucko relató cómo llegó a España desde Malí en un contexto de gran vulnerabilidad y violencia de género. «Muchas veces llegamos sin saber nada de castellano y nuestros maridos tampoco», explicó, recordando cómo tuvo que romper barreras dentro de su propia comunidad. El aprendizaje del idioma y el acceso a redes de apoyo fueron clave para recuperar tanto su autonomía como su salud. Hoy trabaja como agente de salud comunitaria y acompaña a mujeres migrantes que, como ella, han sufrido mutilación genital femenina y facilita la comunicación con el sistema sanitario explicando particularidades culturales que pueden afectar la atención médica. Además, Aminata acompaña a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, como mujeres víctimas de trata.

Por su parte, Espínola puso el foco en la situación de las trabajadoras del hogar y de los cuidados, un sector profundamente feminizado y precarizado. Muchas de estas trabajadoras, señaló, se enfrentan a largas jornadas, aislamiento laboral y escaso reconocimiento de derechos, una situación que se agrava cuando las personas se encuentran en situación administrativa irregular. «La migración aparte de resistente, es resiliente. La tarjeta de residencia no determina nuestro valor, sino que aporta para que mejoremos, para que construyamos». De ahí la importancia de avanzar en procesos de regularización y en políticas que reconozcan plenamente su contribución social y económica.

Cuidar sin preguntar de dónde venimos

La segunda mesa del encuentro, moderada por Rita de la Plaza, tesorera del Consejo de Colegios Farmacéuticos, titulada Cuidar sin preguntar de dónde venimos, sino hacia dónde vamos, abordó algunos de los temas que trata el informe en el que han participado la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Cáritas, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Cruz Roja, Farmamundi, Fundación ONCE, IMSERSO, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) y Unicef.

En este contexto, Fátima Cabello, subdirectora del Área de Salud de Cruz Roja, recordó que «los determinantes sociales son algo totalmente transversal para la salud que afecta a la población general, pero en especial a la migrante». Por eso, factores como la situación administrativa, el acceso a la vivienda, el empleo o la existencia de redes de apoyo influyen directamente en la salud y en la relación con los servicios sanitarios. Además, «debido a esa falta de información y a la opacidad de su situación administrativa, muchas personas no acuden al sistema sanitario por miedo a ser deportadas o detenidas», afirmó. Todo ello, añadió, ocurre incluso cuando «cada vez llegan más personas con situaciones de dependencia o enfermedades crónicas que requieren seguimiento». 

Paula Echeverría, técnica de Incidencia Política y Defensa de Derechos en la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), también puso el acento en las dificultades específicas de las personas migrantes con enfermedades crónicas. La incertidumbre sobre los derechos sanitarios, la movilidad geográfica o la falta de coordinación entre servicios puede interrumpir los tratamientos y retrasar el diagnóstico. Además, las barreras lingüísticas y la escasa alfabetización sanitaria dificultan la comprensión de los procesos médicos y afectan a la adherencia terapéutica. Por ello, insistió en que «la información accesible, adaptada y comprensible es esencial».

Jesús Aguilar: «Cuidar la salud no es solo atender enfermedades, sino comprender contextos, reducir desigualdades y acompañar a las personas en todas las etapas de su vida, independientemente de su origen o de su trayectoria. Ese es el compromiso de la farmacia»

Además, la forma en que estas barreras afectan a la atención varía según cada persona migrante. Como explicó Sara Valverde, presidenta de Farmamundi, no se trata de un colectivo homogéneo. Mientras algunas personas migrantes están plenamente integradas en el sistema sanitario, otras son totalmente invisibles para el sistema. En muchos casos, explicó, la farmacia comunitaria se convierte en el primer punto de contacto con el sistema de salud, especialmente, para aquellas personas que no tienen un empleo ni una situación regular. «El primer contacto con el sistema sanitario va a ser a través de la farmacia y tenemos que ser capaces de trascender la barrera lingüística», señaló.

Para Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer, uno de los principales obstáculos para las mujeres migrantes son las barreras ideológicas que aún tenemos como sociedad. «No vienen porque quieran desarraigarse de su país», señaló, «sino en busca de un proyecto de vida para mantener a sus familias». Sin embargo, aún existe una percepción que cuestiona su derecho a trabajar, a cuidar de su familia o a acceder a servicios básicos. Quintanilla destacó, además, el papel clave de las mujeres migrantes en los cuidados en trabajos y reclamó la necesidad de campañas que fomenten la integración y visibilicen su contribución.

En conjunto, las intervenciones coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación entre los distintos actores implicados —servicios sanitarios, organizaciones sociales y administraciones públicas— y de avanzar hacia protocolos más claros que garanticen la continuidad de la atención. También subrayaron la importancia de la mediación cultural, la formación intercultural y la creación de redes comunitarias que faciliten el acceso a la información y a los recursos sanitarios.

La jornada fue clausurada por Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, y María Jesús Herrera, jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que insistieron en la necesidad de garantizar un acceso equitativo a la atención sanitaria. Aguilar resumió el espíritu de la jornada: «Cuidar la salud no es solo atender enfermedades, sino comprender contextos, reducir desigualdades y acompañar a las personas en todas las etapas de su vida, independientemente de su origen o de su trayectoria. Ese es el compromiso de la farmacia». Herrera añadió que «la salud debe situarse en el centro de los procesos de inclusión de las personas migrantes, y no abordarse de forma puntual o aislada».