El pasado 8 de septiembre, Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se preguntaba: «¿Dónde están las medidas decisivas para prevenir el genocidio?». Ese día, el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, anunciaba la adopción de un paquete de medidas con la finalidad de frenar «el genocidio en Gaza» cometido por Israel, situándose España en la primera línea de lucha contra los crímenes cometidos contra el pueblo palestino.
Las medidas son estas:
- Aprobación de un Real Decreto Ley prohibiendo la compra y venta de armas a Israel previsto, de facto, desde octubre de 2023. El 14 de julio ya hubo un acuerdo entre los socios del Ejecutivo para a`robar una ley, y la recogida de 1 200 firmas, impulsadas por la campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, ya solicitaban en Madrid un embargo inmediato.
- Prohibición del tránsito de buques que lleven combustible al ejército israelí.
- Prohibición, en el espacio aéreo español, de vuelos que lleven material militar a Israel.
- Prohibición de entrada al territorio español de personas implicadas directamente en la planificación, ejecución o justificación de actos de genocidio, violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra en Gaza.
- Prohibición de importación de productos originarios de los asentamientos ilegales israelíes en Gaza y Cisjordania, una demanda recurrente de Francesca Albanese, la relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados.
- Reducción de la asistencia consular a los ciudadanos españoles que residen en los asentamientos israelíes ilegales en Gaza y Cisjordania a la mínima legalmente obligatoria, ya demandada por la Asamblea General de la ONU (resolución de 13 de septiembre de 2024).
- Refuerzo del apoyo a la Autoridad Palestina con el incremento de personal en la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de cooperación en agricultura, seguridad alimenticia y asistencia médica.
- Aumento de la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en, aproximadamente, 10 millones de euros adicionales.
- Incremento de la ayuda humanitaria y la cooperación en Gaza hasta los 150 millones de euros el próximo año 2026.
Tras los pasos de España
La adopción de estas disposiciones por parte de España, que coinciden con la carta abierta firmada en agosto de 2025 por 209 exembajadores y altos funcionarios europeos reclamando medidas «inmediatas» para frenar las acciones de Israel, ha supuesto una irremediable presión sobre otros países.
- Eslovenia ha sido el primer Estado europeo en prohibir la importación de productos de asentamientos de colonos israelíes en territorio palestino y la importación, exportación y tránsito a/o desde Israel, habiendo declarado persona non grata a dos ministros del Ejecutivo israelí.
- Suecia y Países Bajos, junto a Reino Unido, Canadá, Noruega, Australia y Nueva Zelanda han sancionado a los ministros israelíes Itamar Ben-Gvir (Seguridad) y Bezalel Smotrich (Finanzas) por incitar a la violencia hacia los palestinos en la Cisjordania ocupada.
- Bélgica, por su parte, presentó un paquete de medidas condicionadas a la liberación de rehenes por Hamás.
- En Noruega, el Fondo de Pensiones del Gobierno Noruego ha retirado sus inversiones de empresas con sede en Israel.
Otras medidas colectivas propuestas
Son varias las iniciativas propuestas por diversos grupos de Estados. Por ejemplo, el borrador de proyecto (junio 2025) elaborado por Argelia, Dinamarca, Grecia, Guyana, Pakistán, Panamá, la República de Corea (Corea del Sur), Sierra Leona, Eslovenia y Somalia que solicitaba al Consejo de Seguridad la aprobación de un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente y la liberación incondicional de los rehenes retenidos por Hamás y otros grupos. Sin embargo, Estados Unidos vetó su aprobación.
Más tarde, se celebró en Bogotá la primera conferencia del Grupo de La Haya, formada por ocho Estados –Bolivia, Cuba, Honduras, Senegal, Sudáfrica, Malasia, Namibia y Colombia–, junto a 30 delegaciones estatales y otros organismos de la ONU liderados por Colombia y Sudáfrica. Su finalidad era adoptar seis medidas económicas y diplomáticas: no permitir la provisión de armas a Israel y revisar los contratos públicos para impedir el apoyo indirecto a la ocupación de los territorios palestinos y apoyar a la justicia internacional, entre otras.
En este sentido, el fiscal general del Estado español, Álvaro García Ortiz, ha aprobado la apertura de investigaciones sobre los actos llevados a cabo en Gaza por Israel.
Reconocimiento al Estado de Palestina
Un lugar destacado entre las medidas adoptadas ocupa el reconocimiento del Estado de Palestina el pasado 28 de mayo liderado por España, uniéndose Irlanda, Noruega y Eslovenia –Suecia ya lo hizo en 2014 y Colombia en 2018–. Mientras que Finlandia y Luxemburgo están considerándolo, Francia, Malta y Bélgica lo harán durante la reunión de la Asamblea General de la ONU.
Alemania, Italia, Hungría, República Checa, Bulgaria y Austria siguen siendo contrarios. Sin embargo, el número de Estados que reconocen al Estado de Palestina aumenta cada vez más. Así lo han hecho recientemente Reino Unido, Australia, Canadá, Portugal y Japón.
Irlanda, por su parte, también solicitó la exclusión de Israel de la ONU, algo poco probable al ser necesaria la recomendación del Consejo de Seguridad. Y Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel, creando una delegación diplomática donde tomó posesión el primer embajador colombiano ante el Estado de Palestina.
La necesaria presión internacional
El Observador Permanente del Estado de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, señaló que «lo que puede detener este genocidio es que los Estados tomen medidas inmediatas y reales para disuadir a Israel». Quizá las recientes recomendaciones de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sirvan para evitar una escalada mayor de esta barbarie que dura demasiados años ya.
Irene Vázquez Serrano es profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad de Murcia. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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