«El ingreso mínimo vital debe ser estructural: antes del COVID-19 ya había un problema de pobreza»

 La irrupción del coronavirus ha acelerado la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, una de las medidas estrella del Gobierno dentro de su plan de choque contra la pobreza y la desigualdad. En esta entrevista a Ethic, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, explica los pormenores de una medida que, según sus previsiones, alcanzará a tres millones de personas. 

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¿A quién y cómo va a beneficiar la renta mínima vital?

El ingreso mínimo vital se va a dirigir a aquellos hogares que en este momento estén en una situación de pobreza más severa. Sabemos que esos hogares suelen ser familias con niños y sabemos que, además, en un porcentaje muy significativo son familias monoparentales con niños. Lo que vamos a hacer es diferenciar la prestación de una forma muy clara atendiendo a la tipología de estos hogares para ser lo más eficaces desde el punto de vista de la reducción de la pobreza más grave.

¿A qué número de personas se espera que beneficie?

Estamos todavía contrastando información con el Ministerio de Hacienda y con otras bases de datos para poder saber una estimación, porque no va a contar solamente el nivel de renta, sino también el patrimonio. Es decir, ciertas personas que tengan un nivel más alto de patrimonio no van a estar dentro de los hogares a los que vamos a dirigir la prestación. Por lo tanto, todavía es pronto para dar una cifra exacta, pero creo que está por debajo del millón de hogares y en más o menos tres millones de personas.

«No puede haber personas en riesgo de exclusión social como consecuencia de las dinámicas de crecimiento económico»

Esta renta mínima va dirigida a las personas a las que más golpea la desigualdad. ¿Cuáles son las claves para trazar un itinerario inclusivo eficaz, que permita a los beneficiarios de esta ayuda incorporarse en el mercado laboral y no depender de ese ingreso mínimo?

Para trazar el diseño del ingreso mínimo vital vamos a prestar especial atención a que se generen incentivos a la incorporación del mercado de trabajo y a los itinerarios de formación para el mercado laboral. Un elemento que va a ser singular es que se va a poder compatibilizar el ingreso durante cierto tiempo, una vez que uno ha conseguido un trabajo. Así generaremos incentivos, porque hemos visto que, en medidas anteriores, esta falta de compatibilización puede ser un problema para el mercado de trabajo. Por otra parte, vamos a trabajar estrechamente con las Comunidades Autónomas y con Ayuntamientos que tienen competencias en este área para que se impliquen en los itinerarios de inclusión e integración. No solamente deberíamos poner el énfasis en el mercado laboral, sino también en que sabemos que hay un gran porcentaje de personas vulnerables que, para poder incorporarse a él, antes necesitan ayuda en otros temas que pueden estar vinculados al ámbito sanitario o educativo. No solamente nos vamos a centrar en un itinerario directo, sino que vamos a tratar cuestiones intermedias.

Los críticos dicen que esta medida puede desincentivar la búsqueda de empleo o impulsar que se compatibilice con el trabajo sumergido. ¿Contemplan medidas para evitar esos efectos?

Creo que es una crítica muy injusta. En aquellos Estados que tienen diseños parecidos al que proponemos nosotros, como serían los países nórdicos, no se producen estas situaciones, sino que tienen un bajo grado de informalidad. El ingreso mínimo va a tener unos elementos que van a facilitar la emergencia de la economía formal, como que tengan que informarse de la declaración de la renta u otros aspectos que estamos acabando de desarrollar.

¿Por qué el ingreso mínimo vital debe ser una medida permanente?

Cuando se hablaba de que fuera transitoria, se pensaba que iba a ser una medida exclusiva durante la crisis y que era una política a descontinuar, como pueden ser otras que hemos tomado, como la prestación extraordinaria para autónomos, las ayudas asociadas a los ERTES o los incentivos en el caso de los expedientes de regulación temporal de empleo por causa mayor. Pero España ya tenía un problema estructural de pobreza severa antes de la crisis y, por lo tanto, es evidente que tiene que ser una medida de carácter estructural.

Aceptaríamos entonces que el sistema siempre deja a alguien fuera.

Es una realidad que el sistema capitalista en el que nosotros nos desenvolvemos es el más eficaz en la gestión de recursos, pero sabemos –y hemos visto durante la crisis–, que tiene una tendencia a dejar a gente atrás: gente que no es capaz de incorporarse al mercado de trabajo o de una forma más plena a la sociedad. Por tanto, es una necesidad absoluta por parte de las Administraciones públicas garantizar que nadie se quede atrás.

En España, 1,8 millones de personas sufren los efectos de la pobreza extrema, según Cáritas. ¿Qué otras medidas se contemplan para proteger a las personas más vulnerables y a las capas de población que esta medida no alcance?

Desde nuestro Ministerio probablemente no, pero desde el Gobierno ya se han introducido durante las últimas semanas o meses medidas de distinto tipo, como la prevención de desahucios, ayudas a alquileres. el bono social y una amplia variedad de medidas que van orientadas a evitar que los más desfavorecidos se vean afectados por la crisis. En el ámbito de la Seguridad Social, esta es la más importante porque tiene un coste de estado significativo: todas las personas que estén en España en una situación regular entrarán en esta medida siempre que cumplan con las condiciones de patrimonio, de renta y de formación de hogar.

El déficit público se va a disparar vertiginosamente debido a la crisis y la realidad es que en los últimos años hemos comprobado las dificultades para cubrir servicios esenciales como la sanidad. ¿Cómo se financia la renta mínima, que se calcula en unos 3.000 millones de euros al año? ¿Es económicamente sostenible?

A diferencia de otros momentos en España –en los que se han producido situaciones de debilitamiento estructural de las finanzas públicas por subidas muy estructurales de gasto o reducciones permanentes de impuestos–, el incremento del déficit público y de la deuda son ahora transitorios. En este caso, excluyendo la renta mínima, el Gobierno lo que ha planteado son medidas de carácter temporal que acabarán agotándose cuando se recupere la economía. En ese momento el Gobierno ya previamente tenía un plan presupuestario que ahora deberá desplegarse con un desfase en el tiempo de unos dos años, en el cual ya había subidas de ingresos asociadas a máximas en positivo y a una reestructuración de gasto para dejar espacio a esta política que ya estaba prevista en el coste. Es algo asumible: España es un país que tiene un gasto social muy por debajo de nuestro entorno y esto está constatado por todo tipo de baremos internacionales. Además, sabemos que este gasto asociado al ingreso mínimo es con diferencia el gasto con más potencial redistributivo.

Hay cierta confusión entre la renta mínima vital, que incluye su programa de Gobierno y que va destinada a capas muy desfavorecidas de la sociedad, y la renta básica universal, que iría dirigida a toda la población. ¿Cree que en el futuro debería existir una renta básica universal? ¿Es viable?

Son dos debates distintos con objetivos distintos. La renta básica universal, que no se ha implantado en ningún país del mundo que yo sepa, indirectamente la tenemos nosotros a través del impuesto sobre la renta. Una renta básica universal debería llevar a un replanteamiento sobre cómo se proveen los servicios públicos del Estado de Bienestar. Es un tema extraordinariamente complejo y tiene un carácter más teórico que algo que se pueda plantear hoy en un horizonte próximo.

Desde que estalló la emergencia sanitaria, se han tenido que agilizar los expedientes en las Oficinas de Extranjería para incorporar inmigrantes a sectores como el sanitario y el agrario. ¿Va a impulsar una nueva Ley de Extranjería para mejorar la situación de los inmigrantes en España?

La Ley de Extranjería de España es la ley de 2001. Es decir, que se desarrolló prácticamente cuando no había inmigración en nuestro país. Es verdad que tiene muchas deficiencias que hay que abordar y por eso es una de las prioridades de este Ministerio, como ya anuncié antes de la crisis sanitaria. Probablemente haya que esperar más tiempo de lo esperado, porque las prioridades nos han cambiado las normativas, pero sigue siendo una necesidad y una prioridad.

«Deberíamos apostar por un Estado de Bienestar más amplio de lo que ha sido hasta ahora»

En el trasfondo de estos debates, existe una preocupación latente: cómo garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos. ¿Cómo ve usted el futuro del Estado del Bienestar?

De cara al futuro, veo una mayor necesidad del Estado de Bienestar. Sabemos que nuestro sistema económico tiende a dejar a personas en una situación vulnerable y no puede ser que haya personas que estén en riesgo de exclusión social como consecuencia de las dinámicas de crecimiento económico, las tendencias que marca la globalización y las nuevas tecnologías. Es absolutamente necesario que desde las políticas públicas se evite de una forma mucho más determinante y decisiva de cómo han sido en el pasado las situaciones de exclusión social. Eso quiere decir que deberíamos apostar por un Estado de Bienestar más amplio y probablemente más focalizado de lo que ha sido hasta ahora.

¿Cómo podemos mejorar la colaboración público-privada? 

Esto es una cuestión muy importante. Desde el lado público hay que diseñar mejor las políticas para que los incentivos de colaboración estén más presentes o sean más atractivos de lo que han sido hasta ahora. Hay mucho margen de mejora.

La crisis agita también cierto nerviosismo entre los pensionistas…

El mensaje es que el sistema de pensiones en España y su poder adquisitivo están garantizados. La Seguridad Social, a pesar de que contablemente presenta ciertos déficits de facto, está en una situación perfectamente capaz de garantizar los compromisos de pensiones no solo hacia adelante, sino también más a medio plazo: los retos de crecimiento de la población deben abordarse con diseños que sean factibles y que hagan que la edad efectiva de jubilación se vaya aproximando a la edad legal. Si conseguimos que eso sea así, podremos manejar los retos que plantea el crecimiento.