José María Beneyto

La tecnología es uno de los ejes esenciales para evaluar la prosperidad de un país, su seguridad, la calidad de empleo y el bienestar de los ciudadanos. Atraviesa todos los sectores sociales y económicos. La inteligencia artificial modificará no solo las tareas (desde las cotidianas hasta las más complejas), también las profesiones, la manera de organizar las empresas y las políticas gubernamentales. De todo ello hablamos con José María Beneyto (Valencia, 1956), presidente de la Asociación Española de Empresas de Consultoría, AEC, entidad que impulsó el Foro Tecnológico Global de España.

Más allá de las grandes cifras (alrededor de 27% de aportación al PIB, impacto económico de más de 455.000 millones de euros), ¿qué papel cumple la tecnología en la prosperidad de un país como España?

La tecnología se ha convertido en una de las principales fuentes de productividad y, por tanto, de prosperidad. Pero su valor no se mide únicamente por el peso directo de la economía digital. Importa, sobre todo, su capacidad para mejorar el funcionamiento del conjunto de la economía: una industria que produce con mayor eficiencia, una pyme que accede a nuevos mercados, un hospital que anticipa mejor sus necesidades o una administración que presta servicios más ágiles y personalizados.

En España, partimos de una posición favorable en servicios de consultoría y conectividad y avanzamos con rapidez en ámbitos como la inteligencia artificial y el análisis de datos. El desafío está en extender esas capacidades a todo el tejido productivo, y convertir la adopción tecnológica en innovación propia, con empresas capaces de escalar y de generar empleo de calidad. La prosperidad no surge de acumular tecnología, sino de integrarla en un proyecto económico y social que distribuya sus beneficios y refuerce las capacidades del país.

Inteligencia artificial, computación cuántica, semiconductores, ciberseguridad… ¿La seguridad nacional depende de la tecnología de la que disponga?

En Europa ha quedado patente la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía estratégica abierta y soberanía digital. La seguridad nacional depende hoy, en buena medida, de nuestra capacidad para gobernar la tecnología, mantenerla operativa y asegurar las cadenas de suministro sobre las que descansa.

Las infraestructuras críticas, las comunicaciones, el sistema financiero, la energía, la sanidad o la defensa funcionan sobre capas tecnológicas que pueden convertirse en puntos de vulnerabilidad. La seguridad exige conocer dónde están nuestros datos, quién puede acceder a ellos, bajo qué jurisdicción se encuentran y qué capacidad tendríamos para seguir operando ante la interrupción de un servicio o una crisis geopolítica.

Por eso, la soberanía digital debe entenderse ante todo como capacidad efectiva de decisión y control. Supone proteger los datos y las infraestructuras esenciales, conservar la posibilidad de trasladar sistemas entre distintos proveedores y evitar dependencias que puedan limitar nuestra autonomía. Todo ello debe ser compatible con el acceso a la innovación y a las mejores tecnologías disponibles.

La capacidad de fabricar semiconductores, proteger redes, entrenar modelos de inteligencia artificial o desarrollar comunicaciones resistentes a la computación cuántica tiene una indudable dimensión estratégica. Ahora bien, ningún país puede aspirar a dominar por sí solo toda la cadena tecnológica. En un mundo interdependiente, una autonomía viable combina capacidades propias en ámbitos críticos, infraestructuras europeas, proveedores diversificados, estándares que faciliten la interoperabilidad y alianzas fiables.

España debe definir con claridad qué tecnologías resultan esenciales para su seguridad y en cuáles puede aportar un valor diferencial dentro de Europa. Disponer de conocimiento propio, capacidad industrial y alternativas reales refuerza nuestra posición negociadora y reduce la exposición ante decisiones tomadas fuera de nuestro entorno. La soberanía comienza precisamente ahí: en conservar la capacidad de elegir incluso cuando las circunstancias cambian.

«España cuenta con fortalezas en energía, infraestructuras, salud, servicios financieros y tecnologías vinculadas a la seguridad y la defensa»

La crisis del covid nos enseñó la importancia de preservar la independencia en materias primas. ¿Qué grado de dependencia tecnológica tiene España? ¿De qué modo podría realizarse una planificación que fuera menguando esa dependencia?

España, como el resto de Europa, mantiene dependencias relevantes en componentes, plataformas digitales, capacidad de computación, materias primas críticas y determinados tramos de las cadenas de valor tecnológicas. La respuesta no puede ser la autarquía. Debemos hablar de autonomía estratégica abierta, es decir, reducir vulnerabilidades sin renunciar a la cooperación internacional.

El primer paso es identificar con rigor las dependencias críticas y distinguirlas de aquellas que forman parte de una interdependencia normal. A partir de ahí, necesitamos prioridades estables a largo plazo, coordinadas en el marco europeo; inversión en investigación e infraestructuras; contratación pública que impulse soluciones innovadoras; financiación para que las empresas tecnológicas puedan industrializar y escalar; y acuerdos con socios fiables que diversifiquen los suministros.

España cuenta con fortalezas en energía, infraestructuras, salud, servicios financieros y tecnologías vinculadas a la seguridad y la defensa. Concentrar esfuerzos en torno a esas capacidades permitiría ocupar posiciones de mayor valor dentro de las cadenas europeas, en lugar de limitarnos a importar y utilizar soluciones desarrolladas por terceros.

El 60% de las empresas españolas tiene problemas para encontrar profesionales cualificados en IA o ciberseguridad, ¿qué explica esta situación y qué podríamos hacer para atajarla?

La demanda de especialistas ha crecido más rápido que la capacidad del sistema para formarlos y, sobre todo, para actualizar sus conocimientos al ritmo que exige el mercado. Existe, por tanto, un problema de volumen, pero también de conexión entre la formación y las necesidades reales de las organizaciones, de retención del talento y de incorporación de más mujeres a estas profesiones. Para corregirlo necesitamos actuar en varios momentos de la vida profesional, inspirar a los más jóvenes, adaptar con mayor agilidad la oferta universitaria y de formación profesional, y facilitar la recualificación de quienes ya están trabajando.

La colaboración entre empresas, universidades y administraciones resulta esencial. El talento tecnológico no se forma una sola vez; necesita aprender de manera continua, combinar capacidades técnicas con criterio de negocio y humanístico, y encontrar en España proyectos atractivos en los que desarrollarse. Las consultoras son muy conscientes de la necesidad de capacitar, e invierten por empleado casi el triple en formación que la media española. En esta línea, la AEC ha puesto en marcha la iniciativa Tech Talent, que, a través de programas de microcredenciales universitarias, permite tanto a jóvenes recién graduados como a profesionales en activo adquirir competencias técnicas de alto valor.

Asimismo, participa con la Fundación Junior Achievement en distintos proyectos destinados a despertar las vocaciones tecnológicas; y colabora con el proyecto Mujer e Ingeniería, impulsado con la Real Academia de Ingeniería, para fomentar las carreras STEM y dar mayor visibilidad a la mujer en estos ámbitos.

«El talento tecnológico no se forma una sola vez; necesita aprender de manera continua, combinar capacidades técnicas con criterio de negocio y humanístico»

El talento es un diferencial competitivo en la era digital. ¿Está Europa invirtiendo lo suficiente en I+D para competir en tecnologías clave? 

Europa cuenta con centros científicos excelentes y una base industrial importante, pero la inversión sigue siendo insuficiente; además, está demasiado fragmentada. La distancia con Estados Unidos y China depende del volumen de recursos y también de la dificultad europea para transformar el conocimiento en empresas de gran escala, movilizar capital privado y desplegar con rapidez las innovaciones en el mercado.

Con frecuencia financiamos bien las primeras fases de la investigación y perdemos valor en el tramo que conduce a la industrialización. Europa necesita concentrar recursos en prioridades compartidas, completar el mercado único, profundizar en la unión de los mercados de capitales y ofrecer a las empresas innovadoras un entorno en el que puedan crecer sin tener que salir del continente.

En el sector de la consultoría, la innovación es fundamental para estar en primera línea de la transformación digital. Solo el año pasado las consultoras hicieron inversiones por valor de 1.440 millones de euros, cuatro veces más que la media en España.

¿Qué responsabilidad adquieren las universidades y centros de investigación españoles en la innovación tecnológica?

Las universidades y los centros de investigación son uno de los principales activos tecnológicos de España. Su responsabilidad esencial continúa siendo generar conocimiento independiente y formar a las nuevas generaciones, pero hoy deben reforzar también su capacidad para trasladar ese conocimiento a la sociedad.

España produce investigación de calidad; el cuello de botella aparece con frecuencia en la transferencia, la protección de la propiedad intelectual, la creación de empresas derivadas y el paso del laboratorio a la escala industrial.

Para superarlo, hacen falta incentivos profesionales que reconozcan la transferencia, programas de colaboración estables con las empresas y mayor movilidad de investigadores entre la academia y el tejido productivo.

Además, las tecnologías actuales exigen enfoques interdisciplinares: un proyecto de inteligencia artificial necesita ingeniería y ciencia de datos, pero también derecho, filosofía, ciencias sociales y conocimiento profundo del ámbito en el que se aplica. La universidad no debe limitarse a responder a las demandas inmediatas del mercado; debe ayudar a formular las preguntas que orientarán el desarrollo tecnológico de los próximos años.

«Europa ha situado la protección de la persona en el centro de su modelo, y ese es un activo que debemos preservar sin frenar la competitividad»

El mercado global de tecnologías cuánticas podría alcanzar 106.000 millones de dólares para 2040, mientras que la inteligencia artificial aportará 19,9 billones de dólares al crecimiento mundial en 2030. ¿Cómo afectará esto al empleo de los distintos países, una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos? ¿Qué riesgos sociales (desigualdad, desempleo tecnológico, vigilancia) plantea la digitalización?

Es razonable que el empleo preocupe, porque la transición será profunda. La inteligencia artificial y la automatización transformarán tareas, profesiones y formas de organizar las empresas, algunas funciones desaparecerán, muchas cambiarán y surgirán otras nuevas. Por eso hay que mostrar confianza en el desarrollo tecnológico. Los últimos datos de empleo de Estados Unidos muestran que la IA está aportando un saldo positivo en la creación de nuevos puestos de trabajo, desde nuevas profesiones vinculadas con esta tecnología a todo lo vinculado al desarrollo y mantenimiento de centros de datos e infraestructuras.

La cuestión es conseguir que los profesionales puedan adaptarse, actualizar sus conocimientos y que cuenten con vías y el apoyo para hacerlo. La respuesta debe combinar formación continua, políticas activas de empleo y mecanismos de evaluación del impacto.

Las empresas tienen la responsabilidad de incorporar la tecnología contando con las personas. El objetivo debe ser ampliar las capacidades humanas, liberar tiempo de tareas repetitivas y mejorar la calidad del empleo. Si la productividad aumenta, los beneficios se pueden trasladar a toda la economía.

Otra de las grandes preocupaciones es la cuestión ética dentro del sistema tecnológico. ¿Por dónde, a su juicio, debería ir la legislación a este respecto? 

La legislación debe proteger derechos y generar confianza sin impedir que Europa innove. Para conseguirlo, conviene regular los usos y los riesgos concretos más que intentar anticipar cada evolución de una tecnología que cambia con enorme rapidez. Los principios son conocidos: transparencia, trazabilidad, seguridad, privacidad, no discriminación… pero deben traducirse en obligaciones proporcionadas y verificables. Siempre ha de quedar claro quién responde por una decisión automatizada, qué datos la sustentan y cuándo es necesaria la supervisión humana.

Al mismo tiempo, la normativa debe ser coherente entre países, evitar duplicidades y ofrecer espacios de prueba en los que empresas y administraciones puedan experimentar bajo control. Europa ha situado la protección de la persona en el centro de su modelo, y ese es un activo que debemos preservar sin frenar la competitividad.

Necesitamos capacidad técnica en los supervisores, diálogo continuo con la ciencia y la industria, y revisiones periódicas basadas en evidencia.

El hecho de que nuestras empresas sean cada vez más internacionales, ¿supone una sinergia sobrevenida o implica nuevos desafíos?

La internacionalización ofrece una sinergia evidente: permite acceder a mercados más amplios, incorporar conocimiento, diversificar riesgos y participar en proyectos que ninguna empresa podría abordar desde una perspectiva exclusivamente nacional. Para las compañías españolas, y en particular para el sector de la consultoría, trabajar en distintos países favorece la circulación de talento y acelera la adopción de buenas prácticas. Pero también aparecen nuevos desafíos. Las empresas operan entre marcos regulatorios diferentes, mayores exigencias de ciberseguridad, tensiones comerciales y restricciones sobre datos, inversiones o tecnologías sensibles. La respuesta consiste en combinar apertura e inteligencia estratégica. Debemos impulsar empresas españolas con escala internacional y, al mismo tiempo, fortalecer que puedan instalarse compañías aquí.

¿Cómo influye la digitalización en la competitividad de las pymes españolas, europeas, frente a otras regiones como Estados Unidos o China?

Para una pyme, digitalizarse puede significar producir mejor, conocer a sus clientes, acceder a mercados exteriores o automatizar tareas que antes consumían recursos escasos. La diferencia competitiva se juega menos en adquirir una herramienta que en cambiar procesos, formar a las personas y utilizar los datos con un propósito claro.

Ahí se encuentra una de las principales dificultades: muchas pymes carecen de financiación, talento especializado o tiempo directivo para convertir la tecnología en una estrategia. España presenta un nivel sólido de digitalización básica de sus pequeñas empresas, pero todavía debe avanzar en la adopción de tecnologías más complejas, especialmente la nube, y en su integración efectiva.

Frente a Estados Unidos o China, las pymes europeas operan en un mercado más fragmentado y soportan mayores costes de cumplimiento. Completar el mercado único digital, simplificar la regulación, facilitar financiación y ofrecer infraestructuras compartidas ayudaría a reducir esa desventaja. La consultoría puede desempeñar un papel muy concreto: traducir tecnologías complejas en soluciones viables, seguras y ajustadas al tamaño y a las necesidades de cada empresa.

¿Cómo condiciona la tecnología la situación geopolítica mundial?

La tecnología ya no es un elemento más de la geopolítica; se ha convertido en una de sus principales formas de poder. Quien controla capacidades críticas, desde las materias primas y la computación avanzada hasta las plataformas, modelos y datos, puede condicionar cadenas de suministro, limitar el acceso de otros países y proyectar influencia económica y política.

Las restricciones a la exportación, la competencia por el talento y las materias primas o la disputa por fijar normas internacionales muestran que la frontera entre política industrial, seguridad y diplomacia se ha difuminado. Este escenario obliga a Europa a abandonar cierta ingenuidad. Debe proteger sus infraestructuras y desarrollar capacidades propias, pero también fomentar la cooperación científica y el comercio.

España puede contribuir desde sus fortalezas, su posición geográfica y su pertenencia a la Unión Europea. Ese es uno de los ejes del Foro Tecnológico Global: cómo convertir la tecnología en una base compartida de crecimiento, competitividad y seguridad, manteniéndola al servicio de una sociedad abierta y democrática.