Soberanía tecnológica: el Santo Grial de la autonomía europea

Artículo

Juan Ángel Asensio

Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca, muchos en Europa lo interpretaron como la confirmación de que el orden construido tras la Segunda Guerra Mundial lleva años desmoronándose en silencio. Y es que la guerra en Ucrania, las amenazas sobre Groenlandia, los aranceles punitivos y la tensión permanente en Oriente Próximo, lejos de ser episodios aislados, son síntomas de un sistema internacional que ha cambiado de naturaleza, y en el que Europa ocupa una posición incómoda: relevante en lo económico, frágil en lo estratégico.

En este nuevo tablero, el poder no se mide solo en divisiones militares o reservas de gas. Se mide también en chips, en algoritmos, en cables de fibra óptica, en servidores. La tecnología ha pasado a ser el tejido conectivo de la soberanía, el recurso que determina quién puede actuar con autonomía y quién está condenado a depender de las decisiones ajenas. Y, en ese terreno, Europa llega tarde y con la mano débil.

La anatomía de una dependencia

El diagnóstico para el Viejo Continente es complicado. En semiconductores, Europa produce apenas el 10% de la fabricación global y depende críticamente de Estados Unidos y del este de Asia, tanto para los chips de última generación como para los convencionales. En computación en la nube, tres hyperscalers estadounidenses –Amazon, Google y Microsoft– controlan más del 70% del mercado europeo, una cuota que no ha hecho sino crecer desde 2017. Y no, no es una dependencia abstracta: es una vulnerabilidad concreta que afecta a hospitales, a redes eléctricas, a sistemas de defensa y a la cadena de suministro de cualquier industria con un componente digital, que a estas alturas es prácticamente toda.

Europa produce apenas una de cada diez chips del mundo y tres empresas estadounidenses –Amazon, Google y Microsoft– controlan más del 70% del mercado europeo de computación en la nube

La economía global lo refleja con claridad. Asia concentra el 65% de las exportaciones mundiales relacionadas con la IA, y Estados Unidos alberga casi la mitad de los centros de datos del planeta. Europa, mientras tanto, sufre lo que los analistas denominan un «doble déficit», marcado por la falta de capital privado y unas políticas públicas fragmentadas, a diferencia de Estados Unidos, donde las empresas invierten cientos de miles de millones en infraestructuras de IA. El resultado es una brecha que se ensancha cada año y que tiene consecuencias geopolíticas directas: quien controla la infraestructura tecnológica controla, en buena medida, los márgenes de acción de quienes la usan. Siemens, Renault y Orange, entre otros, ya combinan modelos de IA de Estados Unidos, China y Europa para reducir su exposición a un único proveedor, lo que ilustra tanto el pragmatismo del sector privado como la ausencia de alternativas europeas con músculo suficiente. Francia tiene a Mistral; el resto del continente, prácticamente nada.

Europa responde, pero el tiempo apremia

Frente a esta realidad, Bruselas ha dado un paso que llevaba tiempo anunciando. La Comisión Europea presentó a principios de junio de 2026 el Paquete Europeo de Soberanía Tecnológica, un conjunto de medidas destinadas a reforzar la capacidad del continente en materia de semiconductores, inteligencia artificial, nube y código abierto. El paquete incluye dos iniciativas legislativas de calado. La primera es la Ley de Chips 2.0, que apuesta por construir la primera fundición europea capaz de fabricar chips de tres nanómetros o menos, con una inversión estimada de 120.000 millones de euros adicionales y producción piloto prevista entre 2030 y 2033. La segunda es la Ley para el Desarrollo de la Nube y la IA, concebida para triplicar la capacidad de los centros de datos en Europa en los próximos cinco a siete años y establecer un marco único a escala comunitaria para evaluar la soberanía de la nube y la inteligencia artificial.

Es un giro significativo, aunque los analistas advierten que la ambición normativa y la realidad industrial no siempre avanzan al mismo ritmo. Para 2030, el objetivo de la UE es lograr autonomía real en cloud y semiconductores, pero expertos señalan que sin una ejecución coordinada y financiamiento sostenido, Europa podría quedar atrapada en una brecha entre ambición regulatoria y capacidad industrial efectiva. Los obstáculos son estructurales: en algunas partes de Europa, los proyectos de centros de datos pueden demorarse hasta cinco años porque los operadores no consiguen conectarlos a redes eléctricas con capacidad limitada.

España tiene algo que aportar a este debate. Nuestro país cuenta con una producción científica universitaria homologable a la de sus principales socios europeos y ha puesto en marcha iniciativas como la Estrategia de Tecnologías Cuánticas 2025-2030, el proyecto Quantum Spain y el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, cuya ejecución movilizó 676,5 millones de euros en su primer año con una demanda industrial que rozó los 1.250 millones. El ecosistema de startups multiplicó por más de cuatro su valoración acumulada entre 2015 y 2021, hasta alcanzar los 46.000 millones de euros. Son señales de un ecosistema que ha respondido con ambición, aunque el reto de convertir esa base en tejido industrial de escala global sigue pendiente.

Asia concentra el 65% de las exportaciones mundiales relacionadas con la IA y Estados Unidos alberga casi la mitad de los centros de datos del planeta

Ese salto cualitativo es, en el fondo, el nudo del problema europeo en su conjunto. El continente no carece de talento, de investigación ni de regulación. Lo que le ha faltado históricamente es la capacidad de convertir ese conocimiento en infraestructura y en empresas capaces de competir a escala global. Europa no parece estar buscando un aislamiento tecnológico, y tampoco tiene margen para hacerlo. Sus empresas necesitan seguir utilizando las mejores herramientas disponibles, estén donde estén. Pero la dependencia acrítica ha dejado de ser una opción prudente. El verdadero desafío ahora es recuperar márgenes de decisión sobre las capas críticas de la economía digital sin renunciar a la apertura que ha sido una de las ventajas del mercado único.

La soberanía tecnológica no es, en ese sentido, un proyecto de autarquía. Es ante todo un proyecto político: la apuesta por que Europa pueda decidir, cuando sea necesario, sin pedir permiso a nadie. Construir esa capacidad exige alinear universidades, empresas, regulación, diplomacia e inversión detrás de una misma dirección, algo que Europa ha demostrado que puede hacer cuando la urgencia es suficiente. La pregunta ahora es si esta vez reconocerá esa urgencia a tiempo.