España ante una revolución que ya ha empezado

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Jorge Ratia

@JorgeRatia

Una pieza de silicio del tamaño de una uña podría detener la producción de un país entero. Este es el –inmenso– poder de los chips, a veces referidos como «el petróleo del siglo XXI», con el que se desarrolla la inteligencia artificial y la computación cuántica.

Los chips son la prueba de que la tecnología condiciona enormemente la vida económica y política. Lo hizo a su manera durante la Primera Revolución Industrial y lo hace ahora, en tiempos de algoritmos y prompts. Al fin y al cabo, de la tecnología dependen la productividad de una empresa, la seguridad de una red eléctrica o incluso la capacidad de un Estado para tomar decisiones sin quedar expuesto a proveedores externos.

Las grandes potencias entendieron esto hace ya tiempo, por lo que Estados Unidos y China destinan cantidades ingentes de recursos para asegurar componentes, atraer investigadores y controlar tecnologías que tendrán efectos durante décadas. Por su parte, la Unión Europea intenta reducir dependencias acumuladas en ámbitos como los semiconductores, la nube o las plataformas digitales. Es en esa competencia donde se decide quién conservará el valor generado por la próxima etapa industrial.

Todo esto sucede en un momento en el que, según un informe de McKinsey & Company, el mercado mundial de tecnologías cuánticas podría alcanzar los 106.000 millones de dólares en 2040. Además, la inteligencia artificial aportaría casi 20 billones de dólares a la economía global en 2030, tal como apunta un informe de IDC. Son estimaciones sujetas a la evolución de tecnologías todavía emergentes, pero muestran la magnitud de los intereses en juego.

En 2025, España alcanzó el 92,7% de la media europea en innovación y mejoró por cuarto año consecutivo

España afronta esta etapa desde una posición mejor que en anteriores procesos de transformación industrial. El European Innovation Scoreboard 2025 situó al país en el 92,7% de la media comunitaria, después de cuatro años consecutivos de mejora. Las universidades y los centros públicos de investigación mantienen una producción científica reconocida, mientras el ecosistema emprendedor ha ganado madurez. Entre 2015 y 2021, la valoración acumulada de las empresas emergentes españolas pasó de 10.000 a 46.000 millones de euros.

Asimismo, se ha construido un marco público más amplio en nuestro país. Quantum Spain, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, la Estrategia de Tecnologías Cuánticas 2025-2030 y el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa muestran una voluntad de vincular investigación, industria y autonomía estratégica. Durante el primer año de ejecución de este último plan se impulsaron actuaciones por valor de 676,5 millones de euros, ante una demanda industrial que alcanzó los 1.245 millones.

El avance, sin embargo, sigue siendo insuficiente para el tamaño de la transformación en curso. España ocupa el puesto 15 de la Unión Europea y permanece en el grupo de innovadores moderados. Una parte considerable del conocimiento producido en universidades y centros de investigación encuentra dificultades para convertirse en compañías capaces de industrializar sus soluciones, crecer fuera del mercado nacional y conservar aquí el valor generado.

La distancia entre la investigación y el mercado sigue frenando la creación de empresas tecnológicas de nuestro país capaces de competir a escala global

El Informe de la Década Digital 2026 de la Comisión Europea aporta un relato similar. España cuenta con conectividad avanzada, una población con capacidades digitales y unos servicios públicos ampliamente digitalizados. Sin embargo, la adopción empresarial de tecnologías avanzadas permanece por debajo de ese potencial y la disponibilidad de especialistas TIC continúa siendo limitada. La infraestructura digital existe; falta aprovecharla con mayor intensidad dentro del tejido productivo.

Esa brecha obliga a elegir prioridades. Ningún país dispone de recursos suficientes para liderar todos los campos tecnológicos, pero España puede concentrarse en aquellos ámbitos donde coinciden una base científica consolidada, capacidad empresarial y demanda real. En este sentido, energía, infraestructuras, salud, defensa y servicios financieros reúnen buena parte de esas condiciones.

Dicho lo cual, la elección tiene consecuencias que van más allá del crecimiento. Por ejemplo, la reciente pugna internacional por los chips ha mostrado la fragilidad de las economías dependientes de unas pocas cadenas de suministro. Algo similar ocurre con la ciberseguridad o los sistemas de comunicaciones, con las que se muestran que la capacidad de respuesta de un país depende de aquello que sabe investigar, producir, integrar y proteger. La soberanía tecnológica tampoco puede reducirse a fabricar dentro de las fronteras nacionales, y por ende España deberá combinar capacidades propias con una integración más ambiciosa en la arquitectura industrial y de seguridad de la Unión Europea.

Este escenario explica la convocatoria del Foro Tecnológico Global, organizado por la AEC los días 7, 8 y 9 de octubre de 2026 en Madrid y San Lorenzo de El Escorial. El encuentro reunirá a responsables institucionales, empresas consultoras y tecnológicas, investigadores, académicos e inversores. El programa recorrerá la relación entre innovación y crecimiento económico, la convergencia entre inteligencia artificial y computación cuántica, las nuevas exigencias de la ciberseguridad y la defensa europea, y los dilemas de gobernanza que plantea la incorporación masiva de tecnología.

España ya dispone de capacidades científicas y empresariales sobre las que construir. Ahora bien, las decisiones adoptadas durante los próximos años determinarán cuánto valor económico y cuánta capacidad de decisión permanecerán en el país. El Foro Tecnológico Global llega en el momento en que esa elección empieza a resultar inaplazable.