América Latina y el Caribe en el mapa de la emergencia climática

Los desastres naturales son cada vez más frecuentes y graves en América Latina y el Caribe. Durante los últimos 50 años, cuatro de cada diez personas han sido impactadas por tormentas tropicales, huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor o incendios forestales, un promedio de un desastre natural por semana, con cerca de 100.000 víctimas mortales y pérdidas económicas que superan los 360.000 millones de dólares. 

Tormentas, inundaciones, sequías y olas de calor se vuelven cada día más intensas y frecuentes. Pero eso es solo la punta del iceberg. Debajo están las viviendas destruidas, las cadenas logísticas interrumpidas y la caída de los ingresos públicos, que obligan a desviar recursos hacia la atención de emergencias y la reconstrucción y, en muchos casos, dejan efectos prolongados sobre el crecimiento, la pobreza, la cohesión social y la estabilidad fiscal.

La experiencia demuestra que, aunque la región ha avanzado de forma significativa en materia de protección civil -sistemas de prevención, alerta temprana y evacuación ante una emergencia- los países necesitan disponer de una estrategia adicional para reforzar la resiliencia regional y acelerar la reconstrucción tras este tipo de desastres de origen natural. 

Desastres de origen natural registrados en América Latina y el Caribe

Ante la recurrencia de estos fenómenos, es clave contar con instrumentos financieros predefinidos, adecuados a distintos tipos de riesgo y momentos de intervención, como los seguros, esquemas público-privados y otras herramientas de liquidez y transferencia de riesgo que permiten disponer de fondos y reglas de actuación ya definidas, evitando improvisaciones cuando se produce una emergencia. 

Los expertos indican que para los incidentes más habituales y de menor impacto pueden utilizarse reservas presupuestarias, y fondos de contingencia, mientras que para eventos menos frecuentes y de mayor severidad son necesarios instrumentos de transferencia; entre ellos los seguros, reaseguros, esquemas paramétricos y bonos catastróficos, que ayudan a cubrir los costes de recuperación.

Los países siguen necesitando disponer de una estrategia adicional para reforzar la resiliencia regional

Son algunas de las conclusiones del informe Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas, que la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE) ha presentado a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para que pueda ser analizado en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Madrid.  El informe ha sido impulsado de forma conjunta por la FIE, Mapfre, y CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, y ha sido elaborado por los economistas, ingenieros y expertos en estrategias de políticas públicas Manuel Balmaseda, Ángel Melguizo y Víctor Muñoz.

El documento propone avanzar en una estrategia que refuerce la protección civil con una segunda línea de defensa basada en la resiliencia financiera a través de los seguros, la financiación preventiva, la innovación tecnológica y la colaboración entre el sector público y el privado que, según los autores, son elementos clave para contribuir a reducir la brecha de protección aseguradora (81% en la región), acelerar la recuperación tras una catástrofe y fortalecer la resiliencia económica y fiscal de los países que forman parte de esta región. 

Urgencia social y económica

Reforzar la capacidad de respuesta de América Latina y el Caribe ante los desastres de origen natural es una urgencia social y económica, con una dimensión financiera decisiva.

El informe propone un decálogo con principios claros, accionables y medibles, que permitan a los países pasar a la acción y disponer de recursos suficientes y rápidos para acelerar la reconstrucción tras los desastres naturales y reducir sus consecuencias sociales y económicas.

Reforzar la capacidad de respuesta de Iberoamérica ante los desastres naturales es una urgencia social y económica

Entre ellos, destaca el hecho de convertir la resiliencia financiera en una prioridad de Estado; disponer de recursos para la recuperación de forma rápida; proteger las infraestructuras, servicios y actividades económicas cuya interrupción tenga un mayor impacto social y económico; mejorar la accesibilidad aseguradora para que una parte importante de la población y de las pequeñas empresas tengan mayor acceso a mecanismos de cobertura frente a riesgos catastróficos, aumenten la proporción de pérdidas cubiertas debido a barreras económicas, limitaciones de información y dificultades de distribución; y asegurar pagos rápidos, ya que la agilidad en los desembolsos es fundamental para una recuperación eficaz.

El decálogo también hace referencia a la importancia de: impulsar alianzas público-privadas, ya que la colaboración entre administraciones y empresas es clave para aprovechar la capacidad técnica, financiera y de innovación del sector privado y mejorar la protección; vincular protección y prevención, para que los mecanismos de cobertura estén acompañados de medidas que reduzcan los riesgos y fomenten una mejor planificación y preparación ante los desastres; y avanzar con una cooperación flexible y orientada a resultados, ya que cada país debe poder progresar según sus necesidades y capacidades con el objetivo común de ampliar la protección, acelerar la recuperación y reducir el impacto de los desastres.