Cuando la vida se convierte en un activo financiero

Desahuciar a Maricarmen, una mujer de 87 años, de la casa en la que ha vivido durante siete décadas porque un fondo de inversión quiere multiplicar el precio del alquiler no es una anomalía del mercado inmobiliario. Es el retrato de un sistema que ha aprendido a poner precio a casi todo. Y debería preocuparnos. No solo por lo que ha significado para ella, incluido su lamentable fallecimiento, sino por lo que revela de la sociedad que estamos construyendo.

Hemos aceptado que una vivienda pueda valer más como activo financiero que como hogar. Que su valor se mida por la rentabilidad que puede extraerse de ella y no por la vida que sostiene. Detrás de cada operación inmobiliaria hay metros cuadrados y expectativas de beneficio, pero también familias, relaciones, barrios, historias y algo más difícil de medir: estabilidad, vínculos y la posibilidad de hacer planes.

Cuando la lógica de la inversión se impone a todo eso, ya no estamos hablando solo de mercado. Estamos decidiendo qué valor concedemos a la vida frente al beneficio.

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes motores de desigualdad en España. Tres de cada cuatro personas inquilinas sufren ya directamente la crisis habitacional, según un informe reciente de Oxfam Intermón. Una de cada tres ha sufrido en el último año un «desahucio invisible»: una subida inasumible o el final de un contrato que obliga a buscar otra casa. En seis de cada diez casos, esa mudanza implica además abandonar el barrio o el municipio.

Pero la vivienda no es el único ámbito en el que aparece esta tensión entre derechos, poder e intereses económicos. Madrid, Ceuta, Gaza o Nepal son escenarios radicalmente distintos y sería un error equipararlos, pero permiten plantear una misma pregunta: quién tiene capacidad para imponer sus intereses y quién acaba soportando las consecuencias.

En Ceuta esa tensión adopta una forma de frontera. Una persona no debería tener que demostrar su utilidad económica para ser reconocida como sujeto de derechos. Sin embargo, buena parte del debate migratorio oscila entre dos miradas igualmente reductoras: la persona migrante como amenaza cuando llega a nuestras fronteras y como mano de obra cuando nuestra economía necesita su trabajo. Entre una y otra desaparece con demasiada facilidad lo esencial: la persona.

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes motores de desigualdad en España

El problema se agrava cuando esa mirada termina condicionando sus derechos. Cuando el lugar de nacimiento, la situación administrativa o la utilidad que atribuimos a alguien determina los derechos que deberían ser universales e inalienables, la deshumanización deja de ser una metáfora. Se convierte en una forma de organizar la sociedad.

En Gaza la tensión entre intereses y derechos alcanza una dimensión brutal. Mientras la población civil soporta una devastación insoportable, la guerra alimenta una economía armamentística global que mueve cantidades ingentes de dinero. El gasto militar mundial alcanzó en 2024 los 2,7 billones de dólares. Y,  pese a las denuncias de posibles vulneraciones del derecho internacional, Estados Unidos ha mantenido su apoyo militar a Israel, mientras otros gobiernos occidentales han adoptado posiciones distintas y cambiantes.

Cuando los intereses estratégicos, económicos o geopolíticos se anteponen a la protección de la población civil, la impunidad deja de parecer una excepción.

La crisis climática muestra otra versión de esa misma asimetría. Las actividades que más contribuyen al calentamiento global siguen generando enormes beneficios para unos pocos, mientras una parte considerable de sus costes quedan fuera de las cuentas de quienes los producen. El Fondo Monetario Internacional estimó que los combustibles fósiles recibieron en 2022 unos siete billones de dólares en subsidios explícitos e implícitos.

Las recientes inundaciones de Nepal son un ejemplo entre muchos de una injusticia global. El país genera apenas el 0,1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y, sin embargo, se encuentra entre los especialmente expuestos a los impactos del cambio climático.

Vivienda, migración, guerra y crisis climática son realidades diferentes. Pero en todas  aparece una pregunta sobre un sistema económico predador y violento, que deshumaniza la vida y mercantiliza cada vez más ámbitos de nuestra existencia.

Hay quienes convierten la vivienda en un activo rentable, quienes encuentran en la guerra un mercado en expansión y quienes obtienen beneficios de actividades cuyos costes ambientales terminan pagando otros. Mientras tanto, las personas migrantes pueden ser reducidas a una amenaza o como mano de obra, y las comunidades que menos han contribuido a la crisis climática sufren algunas de sus consecuencias más graves.

Una de las mayores victorias de este modelo ha sido convencernos de que las consecuencias de problemas estructurales son responsabilidades individuales

Hemos construido una economía extraordinariamente eficaz para privatizar los beneficios y repartir los costes entre quienes tienen menos capacidad para evitarlo. Y quienes concentran más poder económico y político cuentan también con más capacidad para decidir qué costes se asumen, dónde recaen y quién acaba pagándolos.

Quizás una de las mayores victorias de este modelo haya sido, además, convencernos de que las consecuencias de problemas estructurales son responsabilidades individuales. Que quien no puede pagar el alquiler piense que simplemente no gana suficiente; que quien no encuentra oportunidades crea que no se ha esforzado bastante; que quien vive en la precariedad cargue con la sensación de haber tomado malas decisiones. Así, quien sufre las consecuencias termina cargando también con la culpa, mientras las reglas que producen y reproducen esas desigualdades quedan fuera de foco.

Por eso la pregunta no puede ser únicamente cómo corregimos los excesos del mercado. Es más incómoda: ¿qué ocurre cuando dejamos que la lógica del beneficio decida sobre aquello que debería estar protegido de ella?

Una vivienda debería ser antes un hogar que un activo. La protección internacional, un derecho antes que un problema de gestión fronteriza. La vida de la población civil, un límite a cualquier cálculo geopolítico. Y la estabilidad del planeta, una condición indispensable para nuestra economía, no una externalidad.

Al final, también la economía consiste en decidir qué protegemos del mercado, qué derechos consideramos irrenunciables, qué responsabilidades asumimos colectivamente y cómo repartimos la riqueza y los costes que generamos. Es decir, decidir para quién queremos que funcione la sociedad que estamos construyendo.