Buitres y palomas en la tumba de Maricarmen
La muerte de una mujer de 87 años se ha transformado en un festín político y mediático donde la compasión resulta tan sospechosa como el ensañamiento. Acabaron expulsándola de su casa y ahora pretenden expropiarle el cadáver.
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Maricarmen todavía no ha sido enterrada y ya se la disputan los buitres y las palomas. Los primeros se habían aplicado a desacreditarla cuando vivía. Las segundas han encontrado una mártir providencial en vísperas de las elecciones. Cambia el plumaje, pero coincide el apetito. La muerte de una mujer de 87 años se ha transformado en un festín político y mediático donde la compasión resulta tan sospechosa como el ensañamiento. Acabaron expulsándola de su casa y ahora pretenden expropiarle el cadáver. La indignidad consiste en que todos dicen actuar en defensa de Maricarmen, aunque el respeto a su memoria parece importar bastante menos que el rendimiento de su instrumentalización.
La difunta Maricarmen, recordemos, llevaba 71 años viviendo en un piso de Madrid del que fue desalojada el 23 de septiembre. La sacaron en camilla y permaneció hospitalizada hasta su muerte, el pasado miércoles. Su fallecimiento puede explicarse por razones biológicas, naturalmente. Sería temerario establecer una causalidad médica sin disponer de pruebas. Cuesta mucho más, sin embargo, desvincular el desenlace de las condiciones extremas a las que fue sometida. La discusión sobre la legalidad de la subrogación del alquiler importa poco frente a la evidencia de una anciana a la que se privó traumáticamente de su domicilio. Resulta especialmente cruel que llegara a alcanzarse un acuerdo para su regreso cuando ya no quedaba tiempo de cumplirlo.
El caso demuestra hasta qué punto la legalidad puede administrarse con una ausencia estremecedora de humanidad. También explica la conmoción que suscitaron las imágenes del desalojo y la magnitud de las protestas posteriores. Maricarmen adquirió una condición de heroína accidental. Su biografía terminó proporcionando una dimensión humana al problema de la vivienda y desencadenó una crisis política de consecuencias imprevisibles. Lo grotesco comienza cuando la causa colectiva exige disponer de una víctima irreprochable, investida de una pureza casi sobrenatural. La edad y el sufrimiento de Maricarmen bastaban para reconocer la gravedad de su situación. Algunos defensores parecen necesitar además una santa. Sus detractores han emprendido la tarea complementaria de demostrar que era una impostora.
Lo grotesco comienza cuando la causa colectiva exige disponer de una víctima irreprochable, investida de una pureza casi sobrenatura
La ferocidad con que cierta derecha se ha dedicado a escarbar en su vida privada resulta repulsiva. Se han fiscalizado sus ahorros y sus costumbres, incluida la afición al bingo. Iván Espinosa de los Monteros llegó a llamarla «jeta», indignado porque los impuestos pudieran contribuir a garantizarle una vivienda. Otros se dedicaron a investigar las opiniones de sus vecinos, como si una anciana poco simpática mereciera menos protección frente al desahucio.
La pesquisa alcanzó proporciones delirantes con la difusión de imágenes manipuladas y acusaciones sobre su supuesta impostura. Maricarmen debía acreditar una conducta intachable para merecer el derecho a la compasión. La hipocresía es formidable en quienes se proclaman guardianes de la dignidad humana y encuentran en una mujer de 87 años un enemigo público.
La destitución de la inteligencia alcanza su apoteosis con el llamado plan de La Mareta, de tal modo que Sánchez habría organizado durante sus vacaciones de Lanzarote una gran operación política y electoral a partir del caso en latencia. La conspiración comprendería el desahucio, la intervención del Sindicato de Inquilinas y la posterior movilización. La prolongación de semejante fantasía permitiría incorporar incluso el fallecimiento al guion del presidente. Sánchez habría descubierto la manera de administrar a distancia el metabolismo de una octogenaria. La teoría exige una fe sobrehumana en su omnipotencia y una indiferencia absoluta hacia la verdad. No existen pruebas de ese montaje. La conspiración sí permite evitar cualquier reflexión sobre la crisis inmobiliaria y dispensar al público de una mínima responsabilidad intelectual.
De hecho, el oportunismo de Sánchez merece un reproche bastante más serio que las fantasías de sus enemigos. El presidente ha hecho del desahucio de Maricarmen el detonante de una campaña electoral que le permite presentarse como defensor de los inquilinos frente a la mayoría conservadora del Congreso. La maniobra reviste la astucia de ocultar ocho años de Gobierno detrás de una súbita urgencia legislativa. Sánchez ha descubierto en septiembre de 2026 la gravedad de un problema que llevaba mucho tiempo agravándose bajo su presidencia. El pésame presidencial resulta legítimo. Mucho menos decorosa parece la explotación propagandística de una desgracia que revela también la insuficiencia de su gestión.
Incapaces de comprender el caso humano, el Partido Popular y Vox han intoxicado el cuadro con una frivolización indolente sobre el desahucio. Para la derecha formal y la ultraderecha, la expulsión de una mujer de 87 años se despacha como el mero cumplimiento del tráfico mercantil, una contingencia legal ajena a toda consideración ética. La propiedad privada se eleva a dogma absoluto e incontestable, sobre el cual la angustia de la desposesión no merece más consideración que la de una molestia estadística.
Y no es que las palomas concedan tregua al cadáver. Irene Montero y otros dirigentes han descrito la muerte como un asesinato. Gabriel Rufián ha aportado un «qué hijos de puta» de extraordinaria contundencia expresiva. ¿Quién ha asesinado exactamente a Maricarmen? ¿A quién se dirige el insulto? La indignación se ha emancipado de la necesidad de precisar sus acusaciones.
La tragedia merecía una reflexión sobre los límites de la justicia y la responsabilidad de los poderes públicos
Existe una responsabilidad política que merece ser examinada y una responsabilidad moral que resulta difícil eludir. La acusación de asesinato pertenece a una categoría de gravedad que exigiría identificar a un homicida. Convertir la metáfora en una imputación indiscriminada procura grandes satisfacciones a quien la pronuncia. El duelo adquiere las características de una subasta en la que cada participante procura superar al anterior en ferocidad verbal.
La peripecia de Maricarmen evoca una escena extraordinaria de Tiempos modernos. Chaplin contempla cómo se desprende de un camión la bandera roja que advierte del peligro de una carga sobresaliente. La recoge y comienza a agitarla para llamar la atención del conductor. La casualidad dispone que aparezca a sus espaldas una manifestación obrera. La policía interpreta entonces que Charlot encabeza una revuelta comunista y lo detiene. El personaje había recogido una señal de tráfico y termina convertido en agitador revolucionario. El equívoco connota la genialidad de condensar el absurdo de la política y el desamparo del individuo. Maricarmen se encontró al frente de una movilización de dimensiones históricas por razones igualmente imprevistas. Quería conservar su vivienda y acabó precipitando unas elecciones generales.
Quizá la verdadera obscenidad consista en que la muerte haya terminado multiplicando el valor político de Maricarmen. Los buitres pueden seguir escarbando en su pasado para desacreditarla. Las palomas disponen ahora de una tumba ante la que exhibir sus credenciales humanitarias. La maquinaria mediática se encarga de distribuir los papeles y de prolongar una ceremonia donde la difunta ha perdido definitivamente la capacidad de defenderse. Maricarmen sobrevivió durante más de siete décadas en la misma casa. No sobrevivió al desahucio, aunque tampoco sea posible afirmar que este causara médicamente su muerte. La tragedia merecía una reflexión sobre los límites de la justicia y la responsabilidad de los poderes públicos. Hemos terminado convirtiéndola en una disputa por los derechos de explotación de un cadáver.
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