¿Perseguir el trabajo sexual o escuchar a las prostitutas?

Artículo

Loola Pérez

@DoctoraGlas

El posicionamiento sobre la prostitución constituye una de las fisuras más manifiestas del actual movimiento feminista, cuestión que tampoco resulta ajena a la clase política. Con el reciente escándalo del exministro socialista José Luis Ábalos, que hacía uso de los servicios de varias trabajadoras sexuales junto con su asesor Koldo García, el debate vuelve a estar de actualidad.

Explícita, contundente, obvia. Así se ha expuesto la capacidad de agencia y de decisión de las trabajadoras sexuales que rondaban a José Luis Ábalos. Al revelarse el escándalo, ninguna ha sido rescatada ni ha pedido auxilio por ganarse la vida intercambiando sexo por dinero. La imagen de la prostituta como eterna víctima se ha roto y en consecuencia, me pregunto, ¿también lo ha hecho la narrativa abolicionista del gobierno?

Ábalos y sus colegas de partido llevan varias legislaturas negando la autonomía de quienes se dedican al trabajo sexual, dificultando sus condiciones de vida y mezclando interesadamente la trata de personas con fines de explotación sexual con el ejercicio libre y no coercitivo de la prostitución. Radicalizados en sus propios prejuicios, evitan que la atención se sitúe en otros factores de vulnerabilidad al margen de la actividad sexual, como el estigma, la criminalización y la falta de reconocimiento jurídico y social de quien intercambia voluntariamente sexo por dinero.

Más allá del rechazo e indignación social que provoca que tales servicios se hayan podido contratar con dinero público o hayan sido demandados por un antiguo representante de un gobierno que clamaba contra la prostitución, se problematiza sobre la credibilidad del PSOE y su agenda abolicionista. En vistas de reestablecer su imagen y compromiso, así como de continuar apropiándose del capital político del feminismo, el Ministerio de Igualdad ha presentado recientemente un anteproyecto de ley para abolir la prostitución.

Aunque tal reivindicación haya sido constante en el gobierno de Pedro Sánchez, la iniciativa no resulta novedosa. La propuesta acoge una vez más un análisis simplista y sesgado sobre la realidad social de las prostitutas. O, dicho en otros términos, parte de una visión puritana de la sexualidad, coloca el sexo como la base de la opresión de las mujeres y oculta otros ejes de opresión en el ejercicio de la prostitución.

Además, la solución explícitamente punitiva que los socialistas plantean contra el sexo de pago no ha convencido en otras ocasiones. El punitivismo no solo se ha mostrado ineficaz: se asocia con las políticas neoliberales del pánico moral y es contrario a los valores de emancipación que defiende el feminismo. Para los socios y no socios del gobierno, hay otros aspectos que no resultan tampoco seductores: la prescripción a golpe de ley sobre qué conducta sexual debe ser adecuada y aceptable, la arbitrariedad administrativa y policial en el control de las diversas formas de trabajo sexual, la no concreción conceptual de qué es la trata de personas con fines de explotación sexual, qué es prostitución y qué es violencia o la persecución de las posibilidades de autoorganización de las prostitutas en relación a sus espacios, servicios y condiciones de ejercicio. Sin una visión de justicia social y apostando todo esfuerzo contra la prostitución en el castigo penal es muy probable que el anteproyecto vuelva a fracasar.

Quizá resulte idealista, atrevido o simplemente, razonable, pero, como ciudadana, al margen de mi postura sobre el trabajo sexual, me pregunto: ¿acaso no sería útil para un gobierno, que necesita desesperadamente recuperar la coherencia sobre sus principios políticos, sentarse y negociar con quienes buscan salvar, proteger, ayudar? Los socialistas parecen muy preocupados por los derechos de las mujeres y las personas trans, sin embargo, se olvidan intencionadamente de que las trabajadoras sexuales también forman parte de esos grupos.

Atribuir de forma generalista que la prostitución es una actividad que se realiza siempre desde la coacción de las mujeres es negar la agencia sobre sus vidas

Si hubiera un interés intelectual (y no moral, electoralista e identitario) en el análisis socialista de la prostitución, el Ministerio de Igualdad debería haber optado ya por reunirse con las principales asociaciones formadas por trabajadoras sexuales o que velan, en un contexto de persecución, discriminación y estigma, por sus derechos. No puede haber planteamiento más contrario al espíritu revolucionario que defiende el PSOE que invisibilizar las voces protagonistas de las luchas sociales. Al respecto, resulta oportuno preguntarse ya no solo por los valores sexuales y punitivos que perfilan el contenido y medidas de ese anteproyecto sino también por cómo se construye, con qué ausencias, con qué exclusiones. Lo reaccionario no es ajeno a la militancia feminista del partido socialista.

Si considerarse feminista conlleva defender, proteger y reconocer a las mujeres como sujetos sociales activos y no infantilizarlas, ¿por qué el PSOE continúa vetando a las trabajadoras sexuales en lo que concierne a su situación social? Como defendía Carla Corso, prostituta y activista, ¿será la voz de las trabajadoras sexuales peligrosa para el sistema y por ello el continúo esfuerzo del gobierno para mantenerlas calladas y al margen de los espacios de análisis y debate? Atribuir de forma generalista y totalitaria que la prostitución es una actividad que se realiza siempre y en todo momento desde la coacción, la explotación y la falta de libertad de las mujeres es simplificar su realidad y negar la agencia sobre sus vidas.

Asimismo, la persistente negativa del Gobierno a reunirse con las trabajadoras sexuales parece responder a un tipo de control sexista. El hecho de que las trabajadoras sexuales no cumplan con los tradicionales mandatos de género parece justificar su exclusión en los espacios de poder, donde se evalúa y se prescribe sobre su situación social.

En su prolífica trayectoria, la antropóloga Dolores Juliano ya planteó que el estigma que sufren las trabajadoras sexuales no es ajeno a las construcciones sociales de género. Al respecto, cabe destacar que las mujeres que se dedican a la prostitución experimentan la sexualidad desde lo no normativo, establecen relaciones que cuestionan el paradigma del amor romántico, rompen con la imagen puritana de la maternidad o buscan un reconocimiento de sus derechos a través de la actividad sexual (algo que históricamente ha potenciado el prestigio de los hombres y devaluado la identidad y reputación de las mujeres).

El escándalo político no debería utilizarse como un velo para esconder la represión permanente del Gobierno contra las trabajadoras sexuales. La intención y propósito de vetarlas no es representativo de quien se presenta, en un intento de ostentar la representación única del feminismo institucional, como «el gobierno más feminista de la historia». Ahora bien, quizás en términos de género e igualdad cabría no eludir el siguiente interrogante: ¿será este el gobierno más hipócrita de la democracia?