Mutilación genital femenina: ni un paso atrás

El día 15 de julio conocimos una noticia esperanzadora: se rechazaba el proyecto de ley iniciado el pasado marzo que pretendía la derogación de la prohibición de la mutilación genital femenina (MGF) en Gambia. La MGF había sido prohibida y penalizada con multas económicas y hasta tres años de cárcel en el país africano en 2015. A pesar de ello, no fue hasta agosto de 2023 cuando se realizó la primera condena a tres mujeres por la mutilación de ocho bebés menores de 12 meses. Aquello desencadenó un debate en favor de reinstaurar la MGF como parte de los valores tradicionales del país, que finalmente se materializó en la propuesta de despenalización. Gracias a la presión ejercida por grupos de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales (ONG), la prohibición de la MGF se mantiene, protegiendo con ello a miles de niñas y mujeres.

A pesar de que 4 de cada 10 supervivientes de MGF se encuentran en zonas en conflicto y entornos altamente vulnerables, la MGF no es una cuestión de clase social ni religión. Es una práctica cultural, profundamente arraigada en algunas etnias y comunidades, donde se considera una «iniciación» a la edad adulta, un proceso de purificación que convierte a las niñas en esposas devotas y fieles. Estas justificaciones enmascaran en realidad prácticas discriminatorias y de violencia contra las mujeres cuyo principal objetivo es el control sobre su sexualidad. Los valores tradicionales nunca pueden servir como justificación de prácticas dañinas. La MGF es una clara violación de los derechos humanos. Atenta contra la salud, la seguridad y la integridad física de las mujeres, y viola la prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso en algunas casos, el derecho a la vida.

Los valores tradicionales nunca pueden servir como justificación de prácticas dañinas

La MGF consiste en el corte o la extirpación parcial o total de los genitales femeninos externos y en ningún caso tiene beneficios para la salud. Tan solo causan daño y trauma a las supervivientes. Las complicaciones pueden ir desde dolor intenso, infecciones y hemorragias hasta efectos a largo plazo como dificultades durante las relaciones sexuales o el parto. Además de las secuelas físicas, la MGF deja un profundo impacto psicológico en las supervivientes.

Datos recientes muestran avances en algunos países como Sierra Leona o Egipto, aunque en términos generales los números siguen siendo preocupantes. Según el informe de Naciones Unidas del 2024 (Unicef), más de 230 millones de niñas y mujeres en todo el mundo han sufrido mutilación genital femenina, principalmente en África subsahariana y, en menor medida, en Asia y Oriente Medio. Los países con mayor número de casos se encuentran en África occidental y central. Somalia encabeza la lista con un 99% de niñas y mujeres entre 15 y 49 años sometidas a MGF, seguido por Guinea (96%) y Djibuti (90%). En el caso de Gambia casi tres cuartas partes de las mujeres han sufrido MGF, más de la mitad de ellas cuando aún eran menores de cinco años.

La despenalización de la MGF hubiera supuesto un claro retroceso respecto de todos los logros conseguidos en los últimos años y hubiese abierto la puerta a la modificación de otras leyes de protección a niñas y mujeres como el matrimonio precoz y forzado. Se habría mandado un mensaje peligroso al resto de la comunidad internacional.

La educación y la sensibilización son herramientas esenciales para erradicar la MGF. Las campañas de concienciación y los programas educativos contribuyen a cambiar las percepciones y creencias que sostienen esta práctica. Por ejemplo, habilitar espacios seguros donde las victimas puedan hablar sin miedos sobre las consecuencias rompe tabúes y fomenta su empoderamiento. La persecución penal por sí sola no es suficiente para la erradicación de la MGF. De hecho puede tener efectos adversos, incentivando su clandestinidad y aumentando el riesgo para las víctimas. Además, la penalización puede llegar a convertirse en un obstáculo para la búsqueda de atención médica, por miedo a que las familias sean reportadas a las autoridades.

Solo a través del esfuerzo conjunto de gobiernos, ONG, sociedad civil, líderes comunitarios y religiosos, profesionales sanitarios y en general de toda la ciudadanía, sin olvidar el papel de los hombres, podemos conseguir el cambio social necesario para poner fin a esta práctica y proteger los derechos y la dignidad de todas las mujeres y niñas.

---

María González García es activista de Equipo de África Subsahariana de Amnistía Internacional.