Cuidados comunitarios para quienes cuidan

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Esmeralda R. Vaquero

@EsmeRVaquero

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«Cuando llegué aquí me fue muy difícil encontrar trabajo. Durante dos años cuidé de personas mayores en El Maresme (Barcelona). Esta experiencia es muy desafiante, porque tú estás teniendo ingresos, pero paras la parte de tu vida del reconocimiento de tu crecimiento profesional y técnico», explica Sara Cuentas, presidenta de la Red de Migración, Género y Desarrollo, que funciona desde el año 2011. «Al migrar no sabemos lo que nos vamos a encontrar, crees que tus capacidades y saberes serán valorados y que toda esa trayectoria será reconocida. También vienes con la idea de que puede ser una posibilidad para fortalecer tu autonomía, tanto económica, como física –dejar espacios relacionados con violencias– y política –poder expresar con mayor reconocimiento lo que en tu propio territorio no puedes–», añade.

Mirta Guerra, secretaria y voluntaria en ACCOES Casa de Colombia, se considera afortunada, porque encontró pronto un empleo en el Estado español. Su marido ya tenía trabajo como chef, y en Colombia ella era administradora financiera en una universidad pública. Decidió migrar para reunirse con él. «Al poco tiempo de llegar conocí a una chica colombiana que tiene una inmobiliaria y llevo trabajando un año a tiempo parcial como administrativa, pero ha sido un proceso duro, porque allí tenía otro trabajo, otro poder adquisitivo, tenía familia y una red de apoyo, y aquí es empezar de cero. Es una experiencia muy dura. Y aun así creo que he tenido suerte, porque el 95% de las mujeres cuando llegan, al no tener documentos, solo tienen la opción de trabajar en las casas», señala.

El destino laboral de la mayoría de las mujeres migradas que llegan a territorio español pasa por la limpieza y los cuidados. Gracias a la lucha desarrollada por los colectivos de mujeres migradas como los mencionados, y otros en estos ámbitos, en junio de 2022 se consiguió la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de la creación de un decreto ley. El documento, que garantiza los derechos de las casi 600.000 personas afiliadas a este régimen de la Seguridad Social, se había convertido en una reivindicación prioritaria a lo largo de los años. En el Convenio se reconoce «la importancia de la contribución del trabajo doméstico a la economía mundial, pese a lo cual es objeto de infravaloración y afecta a un colectivo especialmente vulnerable, sobre todo mujeres y niñas y personas migrantes, que es objeto de discriminación con respecto a las condiciones de empleo». Entre otras medidas, las trabajadoras del hogar han conseguido derecho al paro, un reclamo histórico. Además, las mujeres que sean contratadas en un país para prestar servicio en otro deben recibir por escrito la oferta de empleo antes de cruzar la frontera.

El destino laboral de la mayoría de las mujeres migradas que llegan a territorio español pasa por la limpieza y los cuidados

Sin embargo, el Convenio 189 deja fuera algunas realidades, puesto que todavía 70.000 mujeres se encuentran en situación irregular, según datos del estudio Esenciales y sin derechos de Oxfam Intermón, elaborado en 2021. Unas 40.000 mujeres trabajan como internas y nueve de cada diez son migradas. Ante las dificultades para encontrar un empleo donde poder desarrollar con plenitud sus capacidades, muchas de ellas terminan aceptando trabajos precarios con jornadas excesivas, con pocos a ningún día de descanso y pésimas condiciones.

Lógicamente, las extensas jornadas laborales que desarrollan estas mujeres tienen consecuencias. Algunas de las más preocupantes se relacionan con las custodias de sus hijos e hijas. Y es que mientras ellas se encargan de cuidar a otras personas, con el consiguiente beneficio para buena parte de una población que puede externalizar sus tareas, en ocasiones la Administración considera que no atienden a sus hijos e hijas e inician procesos de quitas de custodias. «Madrecitas» es uno de los principales colectivos que luchan para evitar estas situaciones y la Red de Migración, Género y Desarrollo trabaja en alianza con ellas.

Y es que según se recoge en el Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia, publicado el año pasado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de los más de 49.000 casos de quitas de custodia que se ejecutaron en 2020, el 64% correspondió a una decisión administrativa de servicios sociales, con la denominación de «desamparo» del menor. En esta palabra comodín se incluyen situaciones de lo más diversas: ser hijo o hija de personas migradas sin papeles, tener dificultades económicas, estar en paro, que la madre sea víctima de violencia de género o que consideren que la alimentación del niño o niña no es la adecuada.

El sostén de las redes

Puesto que los recursos administrativos que tendrían que ofrecer soporte se convierten en muchos casos en problemas añadidos, estas mujeres recurren al apoyo mutuo entre iguales para intentar correr el menor riesgo posible. «Nadie piensa en las hijas e hijos de las trabajadoras del hogar y cuidados. A veces tienen que negociar llevarlas al trabajo, y no todas las personas están dispuestas a que vayas a trabajar con ellas. Si no fuera por nuestras propias redes nadie los cuidaría», señala Sara Cuentas, y añade: «Estas redes están sosteniendo la vida de estas compañeras, nosotras hablamos del cuidado comunitario. Porque desde el feminismo blanco no se habla de estas realidades ni empatizan con ellas. Una cosa es el techo de cristal y otra es el piso pegajoso».

Sara Cuentas: «Una cosa es el techo de cristal y otra es el piso pegajoso»

Para respaldar la actividad colectiva de distintos grupos de trabajo, Calala Fondo de Mujeres lleva más de una década apoyando el fortalecimiento del movimiento feminista migrante. Siguiendo esta línea de trabajo, en el año 2019 impulsaron un análisis del movimiento de mujeres migrantes y racializadas en el Estado español. De ahí partió Ilê  Ayé: Fugas en la Pacha, Narrativas Genealógicas. Feminismos antirracistas migrantes en el Estado español 1980-2020, una investigación desarrollada por Jeannette Tineo para Calala Fondo de Mujeres en la que se recogen aportaciones de 89 mujeres de diferentes comunidades autónomas pertenecientes a organizaciones y colectivos diversos. Esta genealogía persigue un objetivo principal: mantener viva la memoria desde las comunidades en las que se genera Herstory y crear narrativas históricas que den cuenta del movimiento feminista antirracista.

Mientras tanto, cada organización continúa su lucha y sostén grupal. En la Red de Migración, Género y Desarrollo, todas sus integrantes han tenido la experiencia de ser cuidadoras y, posteriormente, han logrado ubicarse laboralmente. Una de sus líneas estratégicas se centra en el fortalecimiento del tejido organizativo de otros colectivos. «Queremos romper esta lógica de ser un referente; cuanto más organizaciones de mujeres tengamos, más referentes habrá, será mucho mejor y tendremos más fuerza para reivindicar», afirma Sara Cuentas.

Otras organizaciones, como ACCOES Casa de Colombia, también llevan a cabo acciones para dar soporte a las mujeres: talleres de empoderamiento, de nacionalidad –donde conocer los derechos que tienen–, actividades de autocuidado y cuidado colectivo, un grupo de ahorro o la asesoría social, laboral y de extranjería son espacios y recursos hasta los que llegan muchas mujeres cada semana. «Valoro mucho a las personas que han luchado antes por sus derechos, porque gracias a eso las que hemos venido después o las que llegarán van a tener derechos adquiridos, va a ser diferente, y no les va a costar tanto. El derecho a tener derechos es importante, tener un empleo, el salario mínimo. Que nos cubra el sistema de Seguridad Social, que se respeten las vacaciones, el sueldo. Hay que seguir trabajando», apunta Mirta Guerra.