Cultura de paz y educación: ¿de vuelta a los escenarios de la posguerra?

América Latina y el Caribe, una región rica en recursos naturales y oportunidades de desarrollo, enfrenta una profunda crisis social en un contexto de desigualdad, exclusión y un desenfrenado incremento de la violencia y la inseguridad con un impacto directo sobre el futuro y la educación de niñas, niños y adolescentes.

Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), la pandemia causada por la covid-19 aceleró el deterioro de los indicadores sociales y educativos provocando una crisis de la cual, todavía, la región no consigue salir. Al contrario, la desigualdad se ha profundizado: mientras un 10% de la población se queda con más del 50% de la riqueza, los grupos de menores ingresos y de ingresos medios más vulnerables no tienen acceso pleno a seguridad alimentaria, empleo decente, salud o educación, según han alertado diversas organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Unesco, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial o Save the Children.

De igual forma, una espiral de violencia estructural azota a varios países derivada de factores sistémicos como el incremento de la pobreza y la desigualdad, el desempleo, el debilitamiento de los sistemas políticos y de justicia, la falta de acceso a oportunidades educativas y laborales, la débil presencia del Estado en territorios marginados, la operación de cárteles transnacionales del crimen organizado o el aumento del tráfico de drogas y la corrupción, entre otros.

Esta violencia está minando la cohesión social y debilitando los sistemas democráticos; afecta especialmente a las mujeres constituyéndose en una «pandemia a la sombra» y, al mismo tiempo, son frecuentes manifestaciones de violencia política, ejecuciones extrajudiciales y persecución a defensores de derechos humanos, activistas ambientales, políticos y periodistas.

En América Latina y el Caribe uno de cada dos menores de 18 años está afectado por la pobreza

Esta crisis ha sido especialmente cruel con los más pequeños a quienes se niega un presente y un futuro de paz, crecimiento y felicidad. Cerca del 50% de menores de 18 años está afectado por la pobreza y la pobreza extrema y sus familias tienen un alto riesgo de no acceder a una cesta básica de alimentos. Más de 8 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de la explotación laboral y 7 de cada 10 niños en situación de movilidad humana tienen menos de 11 años, según señalan organizaciones como la OIT, Unicef o World Vision.

Con este panorama, no es de extrañar que su derecho a la educación esté vulnerado. Una gran parte de este grupo poblacional está afectado por escasez de oportunidades educativas, falta de incentivos para aprender y concluir sus estudios, abandono de la escuela por la migración de sus familias y muchos son presa de una cultura de violencia, de pandillas y bandas delictivas.

Las medidas de control y represión implementadas por algunos gobiernos para contrarrestar la violencia y el crimen organizado no están mostrando resultados satisfactorios. Atacar los orígenes requiere de la implementación de políticas integrales, multisectoriales y de largo plazo para la superación de la pobreza y la exclusión junto con acciones sostenidas de prevención, que privilegien estrategias educativas y culturales para la participación y el empoderamiento de la ciudadanía.

Es así como diversos expertos sostienen que la mejor política contra la violencia y la corrupción pasa por la educación y por la inclusión a través de una política para el desarrollo social en el marco del fortalecimiento del Estado como garante de los derechos humanos de toda la población.

La educación es imprescindible en la lucha contra la violencia y por la restauración de la paz. «La educación para la paz no es una opción más sino una necesidad que toda institución educativa debe asumir. Los principios para una convivencia pacífica entre pueblos y grupos sociales se han convertido en un imperativo legal. Ahora se trata de conseguir que el derecho formal de la paz se convierta en un derecho real». Esta afirmación, publicada por el investigador español Julio Vidanes en la Revista Iberoamericana de Educación de la OEI hace 17 años, adquiere plena vigencia frente al riesgo de normalización de la violencia, la intolerancia, la xenofobia, el racismo o el reclutamiento de niños y adolescentes para el crimen organizado.

La educación es imprescindible en la lucha contra la violencia y por la restauración de la paz

La contribución a la recuperación de la paz y la ética y la construcción de entornos educativos seguros que armonicen el aprendizaje y la práctica de los valores deben ser una prioridad de las políticas públicas de educación y una de las mayores preocupaciones de los sistemas educativos, los que a su vez están obligados a repensar su propia gestión para apoyar efectivamente a las escuelas.

Estructuras y gestiones verticales y autoritarias junto con currículos rígidos e hiper regulaciones sobre el trabajo docente son contrarios a la libertad y la creatividad de las escuelas para tomar las decisiones pertinentes a sus territorios. Del mismo modo, en climas de violencia exacerbada se complejiza y se añaden nuevas responsabilidades a la labor docente: las escuelas se han convertido, en varios lugares, en los únicos espacios seguros para niñas, niños y adolescentes. Los ministerios de educación necesitan, por tanto, fortalecer las políticas docentes e implementar estrategias de apoyo a la preparación, compromiso ético y mejoramiento de sus condiciones de trabajo.

Por su lado, las escuelas están frente al reto de avanzar hacia una educación para la paz que alude, simultáneamente, al desarrollo y adaptación de contenidos curriculares, así como a estrategias metodológicas para el aprendizaje de valores en todas las áreas del conocimiento. Asimismo, deben entender la educación para la paz como un elemento transversal en las diferentes dimensiones de la vida escolar y adoptar códigos de convivencia consensuados, junto a un trabajo articulado con las familias.

En definitiva, la región deberá apostar unida por la creación de ambientes de aprendizaje y convivencia en las escuelas en los cuales se practiquen cotidianamente valores como la justicia, la democracia, la solidaridad, la resolución pacífica de los conflictos, el trabajo colaborativo o la honestidad.

Hoy, como en los tiempos de la posguerra, cuando se creó la ONU, la restauración de la paz, el bienestar y la seguridad social son anhelos muy sentidos de la población y son, a la par, condiciones imprescindibles para el desarrollo sostenible y para el ejercicio pleno de los derechos en nuestra región.

Magaly Robalino Campos es miembro del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).