Reparaciones empresariales, ¿caridad o justicia?

Este 16 de agosto de 2022 se cumplen 10 años del peor episodio de violencia policial en Suráfrica desde la caída del Apartheid en 1994. A las 15.53h de la tarde de ese día en 2012, la policía, sin aviso previo alguno, abrió fuego sobre una muchedumbre de trabajadores en huelga desde hacía días en las inmediaciones de la mina Marikana. Pedían mejoras salariales y de condiciones de vida. El resultado fue de 34 trabajadores muertos y 78 heridos, a los que cabe añadir 10 muertos más durante los días previos. La conocida como Masacre de Marikana sumió el país en una profunda crisis política y empresarial. La comisión de investigación posterior dictaminó que la empresa Lonmin contribuyó a la masacre en la medida en que se negó en todo momento a negociar con los trabajadores y presionó a las autoridades para que, en palabras de su director general, el estado utilizase todo su poder en lo que consideraba era un conflicto de orden público y no un conflicto laboral.

Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas establecen que los estados tienen el deber de proteger y las empresas la responsabilidad de respetar los derechos humanos. La responsabilidad empresarial de respetar incluye también el deber de reparar, mediante las iniciativas oportunas (por ejemplo: compensación, restitución, rehabilitación, disculpas, etc.) las consecuencias negativas que las empresas hayan provocado o contribuido a provocar. Además de ser un imperativo moral, las reparaciones empresariales son importantes porque pueden complementar o suplementar aquellas que han sido ordenadas desde instancias jurídicas, y pueden facilitar también el acceso a reparación o prevenir la escalada de violencia ahí donde los incidentes no lleguen a ser relevantes en términos legales. 

La lógica caritativa de la empresa refuerza una narrativa donde los hechos no son una masacre, sino más bien un accidente fortuito

Ya en 2012 Lonmin, y posteriormente su sucesora Sibanye-Stillwater, han impulsado iniciativas de apoyo a las familias de los 44 muertos. Por ejemplo, la empresa desarrolló un programa para dotar de vivienda a las viudas de los mineros muertos en la masacre, creando un fondo destinado a la educación de los huérfanos, o dando empleo a familiares de los fallecidos. La compañía también se ha involucró en la organización de ceremonias de conmemoración anuales y construyó un memorial con los nombres de los 44 muertos a la entrada de su recinto.

A pesar de su variedad y si aparente calado, estas iniciativas no han tenido el efecto esperado. Tal y como se deprende de la investigación Reparations for Victims of the Marikana Massacre, han llevado a mayor insatisfacción y revictimización, así como división entre las víctimas. De hecho, la empresa nunca ha presentado sus iniciativas como formas de reparación, sino como actos altruistas a través de los cuales ha expresado su empatía con el dolor sufrido. La compañía decide, en todo momento, el alcance y la naturaleza de las reparaciones que quiere ofrecer. Por ejemplo, elige centrarse exclusivamente en las viudas y familiares de los 44 fallecidos y dejar de lado a los heridos. Evita también pedir disculpas o reconocer ningún tipo de responsabilidad sobre la masacre. Además, dichas reparaciones se realizan en un contexto en que el estado arrastra los pies en la investigación de los responsables y la reparación de las víctimas y esquiva también el reconocimiento de cualquier culpa sobre lo sucedido. El resultado es que la lógica caritativa de la empresa acaba por reforzar una narrativa donde los hechos no son una masacre, sino más bien un accidente fortuito, una tragedia.

Sin embargo, las reparaciones empresariales cobrarían mayor sentido y eficacia si fuesen abordadas desde una óptica de justicia y no de caridad. Una perspectiva desde la justicia pondría a las víctimas en el centro de forma inclusiva y dialógica para construir reparaciones que respondan a sus necesidades y experiencias. Este punto de vista evitaría, por ejemplo, construir viviendas ahí donde las viudas no quieren vivir, tener que aceptar un trabajo en la mina por no tener más opción a compensación, o construir memoriales donde los allegados no pueden acceder. A su vez, una perspectiva de justicia exigiría a la empresa reconocer públicamente su parte de culpa y presionar activamente para que el estado haga lo mismo y agilice la provisión de reparaciones, la investigación y la rendición de cuentas que le corresponde. Adoptar una perspectiva de justicia ante violaciones de derechos humanos puede no ser gratis para la empresa dado que puede acarrear consecuencias económicas, legales y reputacionales para la misma. Bajo una lógica empresarial reduccionista, donde lo que prevalece es lo económico por encima de lo humano, a menudo el enfoque de justicia «no sale a cuenta». Sin embargo, tomarse en serio los derechos humanos pide a las organizaciones saber priorizar, cuando es necesario, la perspectiva de justicia porque, al fin y al cabo, si las empresas no son para hacer un mundo mejor, ¿para qué son?

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Jordi Vives Gabriel es investigador en el Instituto de Innovación Social de Esade y Senior Research Fellow en el Institute for Business Ethics de la Universidad de St Gallen.