Un ingreso mínimo vital de carácter temporal frente a la COVID-19

Estos días se está hablando mucho sobre la introducción de un ingreso mínimo vital de carácter temporal cuya aplicación, en estos momentos, es una buena idea. Según diversos organismos internacionales (ver figura 1), España tiene un importante problema de personas en riesgo de pobreza y, lo que es más preocupante, una de las tasas de pobreza infantil más altas de los países industrializados. Por tanto, es cierta la necesidad de luchar contra la pobreza, ayudando a personas con graves dificultades para encontrar trabajo (incluidos los parados de larga duración).

El debate no es nuevo. A finales de 2017 se presentó en el Parlamento una iniciativa legislativa popular sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos de la Seguridad Social.

La democracia participativa, buscando vencer la pobreza

La iniciativa legislativa popular, también conocida como iniciativa ciudadana, es un mecanismo de democracia semi-directa. Se trata de la posibilidad, amparada en la Constitución, de que las personas puedan presentar iniciativas de ley. En el caso de España, dichas iniciativas deben estar avaladas por al menos 500 mil firmas para que puedan tomarse en cuenta en la cámara legislativa.

El montante de la prestación propuesta en 2017 era del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). La ley también contemplaba un complemento adicional por cada uno de los menores u otros familiares a cargo y, para poder acceder a ella, había que cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de 18 años y menor de 65 años.
2. Residir legalmente en territorio español desde al menos seis meses antes de presentar la solicitud.
3. No reunir los requisitos suficientes para poder percibir otro tipo de prestación.
4. Estar inscrito en las oficinas de empleo desde al menos 12 meses antes.
5. Carecer de recursos económicos suficientes. Es decir, tener una renta per cápita familiar inferior al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI).

 

Dicha propuesta (todavía pendiente de debate), tenía dos grandes inconvenientes: no ofrecía incentivos suficientes para que sus beneficiarios aceptasen ofertas de trabajo, y fallaba en lo referente a la participación de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en asistencia social. Posteriormente, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) evaluó el documento original y propuso un nuevo diseño.

¿Para qué un programa permanente de ingreso mínimo vital?

La crisis de la COVID-19 hace urgente implementar un programa temporal de ingresos mínimos, que pueda servir como laboratorio para el diseño de otro posterior de carácter permanente, que complete nuestro estado del bienestar al apoyar a las familias en riesgo de pobreza.

Hay evidencias claras de la relación entre pobreza infantil y fracaso escolar. Por lo tanto, un programa de esta naturaleza no solo es justo, sino que también permitirá ganar en eficiencia, al reducir el fracaso escolar de muchos niños que en el futuro formarán parte de la fuerza laboral de nuestro país. Las medidas laborales y sociales diseñadas por el Gobierno para asistir a los colectivos más golpeados por la crisis de la COVID-19 se está centrando en definir beneficiarios y montos a percibir.

• Para los trabajadores temporales, un subsidio de desempleo excepcional (80% del IPREM).
• Para las empleadas del hogar, otro subsidio extraordinario (70% de la base reguladora).
• Para los autónomos, una nueva prestación por cese de actividad (70% de la base mínima de cotización).
• Para las familias vulnerables, diversas medidas que, entre otras, incluyen el aseguramiento de los suministros básicos (electricidad, gas, agua y telecomunicaciones), un bono social, la moratoria en el pago de las cuotas de hipotecas, el apoyo a los inquilinos vulnerables.

 

Una exhaustiva evaluación, previa al diseño de programas de este tipo, tiene la virtud de que permite que los recursos lleguen únicamente a quien los necesita. Pero tiene dos inconvenientes que pueden resultar claves en la situación actual: por un lado, requiere de mucha burocracia y papeleo, lo que retrasaría la llegada de la ayuda a sus beneficiarios. Por otro, es más probable que queden fuera colectivos vulnerables con características que no se ajustan a los requisitos del programa.

Podemos encontrar en esta situación a trabajadores de la economía sumergida que quedan fuera del radar de las instituciones, a parados de larga duración cuya probabilidad de encontrar un empleo es ahora más baja que nunca, o a trabajadores que iban a ser contratados para la campaña turística veraniega y que ya no lo van a ser. Para estos últimos, su vulnerabilidad no radica en que se les haya despedido o no se les haya renovado el contrato a causa de la COVID-19, sino que, probablemente, este año ya nadie los vaya a contratar.

El ingreso mínimo vital afianza nuestro estado del bienestar

Dado que las ayudas deben llegar cuanto antes a los más vulnerables, y para no dejar a nadie atrás, es preciso implementar de manera inmediata un programa urgente de rentas mínimas de carácter temporal que, además, debe cumplir dos condiciones.

1. Primero, tiene que ser un programa muy laxo en la concesión de las ayudas, pero con un estricto control o evaluación posterior. Así, quienes por el poco control previo hayan percibido la ayuda sin tener derecho a ella se verán obligados a devolverla íntegramente (en este sentido, la Agencia Tributaria será de gran ayuda).
2. La segunda condición para que este programa urgente funcione es que debe incentivar el empleo. Esto es, que si un beneficiario recibe una oferta de empleo, no por ello pierda su derecho a la prestación. Se trata de que pueda percibir al menos un porcentaje de la misma, a la vez que ingresa su nuevo salario.

 

Es este el mejor diseño posible para un programa de ingreso mínimo vital de carácter permanente, tan necesario para completar nuestro estado del bienestar con un programa de lucha contra la pobreza.

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Una versión de este artículo fue publicada originalmente en Nada es gratis.

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José Ignacio Conde Ruiz, Departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.