Incidencia pública. El poder en el siglo XXI

«No podemos gestionar la economía del siglo XXI con los instrumentos del siglo XX». «Le laissez faire, c’est fini». «Estamos ante el fin de un mundo que se construyó sobre la caída del muro de Berlín, cuando una generación creyó que la democracia y el mercado arreglarían por sí solos todos los problemas». «Hay que refundar el capitalismo». El autor de estas afirmaciones es la misma persona. Lo dijo el conservador Nicolas Sarkozy, presidente francés, tras volver de un viaje a Nueva York. La transversalidad aceptada del diagnóstico podría ser un buen síntoma, porque podríamos estar ante un excepcional consenso. La crisis financiera del 2008, decía él, evidenciaba que nada podía seguir siendo igual. El capitalismo no se reformó, al contrario de lo que decía desear, pero unos cuantos capitalistas protagonizarían años después una nueva etapa. Nada podía seguir siendo igual. Porque para sobrevivir, para evitar el colapso, es necesario hacer las cosas de otra manera introduciendo nuevas fórmulas que contribuyan a la estabilidad y al progreso económico y social. Y porque si no se hace, quizá, la próxima vez no hablaremos de reformas, sino de revoluciones. Veamos.

La crisis del 2008 fue una crisis económica, política, social y también ética. Y sobre el origen ya hay hoy otro gran consenso: el sector financiero logró sus máximas cuotas de poder a nivel global tras sucesivos procesos de desregulación, cesión de soberanía por parte de los Estados, pérdida de poder por parte de los estados-nación, el triunfo de una determinada manera de entender la economía y la sociedad, la complejización de un sistema bancario incomprensible para muchos de quienes estaban dentro y fuera de las instituciones… Todo colapsó y algunos aprovecharon la ocasión. Fue la época en la que se evidenciaron en todo el mundo las limitaciones de los poderes públicos en un sistema en el que el poder también está repartido con los actores privados. Y entraron en competición. La mayoría perdieron. Miles de empresas cerraron en España. Centenares de miles de personas se quedaron sin casas. Millones de trabajadores perdieron sus empleos. Decenas de miles de autónomos cesaron su actividad. Nuevos actores políticos entraron en escena en todo el mundo. Crisis económica. Crisis política. Crisis de la democracia. La economía tardó años en recuperarse. Algunas heridas siguen. Y quienes fueron responsabilizados entonces del colapso de todo el sistema hoy siguen cuestionados.

La crisis del 2008 fue una crisis económica, política, social y también ética

Más de diez años después, en plena crisis de la Covid-19, volvían los temores. ¿Estaba preparado el sistema para sobrevivir asumiendo un nuevo colapso económico, político, social y ético tan solo una década después? Probablemente no. El mismo sector, la banca, que fue responsabilizado una década antes de lo ocurrido, podría ser ahora parte de la solución. ¿Lo fue? En gran medida, sí. Estamos ante una nueva crisis global de la que se pudo salir gracias a la colaboración entre el sector público y privado. Salvar lo privado salvando también lo público. O viceversa. En primer lugar, porque las vacunas nos permitieron volver a la normalidad. Y las vacunas fueron posibles gracias a grandes dosis de financiación pública e investigación y financiación privada. La alianza entre Oxford y AstraZeneca forma ya parte del (buen) legado de la colaboración entre instituciones y empresas. Y, en segundo lugar, porque sin las decisiones que tomaron las principales economías del mundo convirtiendo a las instituciones en los principales garantes del contrato social, a diferencia de lo percibido (y vivido) en 2008, a través de la protección de los trabajadores y las empresas, y con la ayuda de los bancos, no hubiera sido posible nuestra supervivencia.

La banca adoptó un papel clave a la hora de contribuir al mantenimiento de miles de puestos de trabajo y con ello a la supervivencia de muchas empresas y negocios. Al contrario que en 2008. Pero, sobre todo, la banca tuvo un papel fundamental inyectando liquidez al sistema, con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), en el caso de España, y evidenciando que la cooperación entre el sector público y el privado es una fórmula más inteligente que la competición. La combinación temprana de financiación bancaria y de avales públicos fue un soporte fundamental para que miles de empresas y trabajos se mantuvieran (Beck y Keil, 2021). Tras analizar el comportamiento de 125 países, Çolak y Öztekin (2021) concluyeron que allí donde hubo colaboración entre instituciones públicas y financieras, la economía resistió mejor y el dinero fluyó más. En el verano del 2021, en España se habían concedido más de 120.000 millones de euros de préstamo con esta fórmula: dinero privado y aval público, destinando el 98% de las garantías y el 70% del capital a pymes y a autónomos.

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Este texto es un fragmento de ‘Incidencia pública. El poder en el siglo XXI’ (Arpa Editores, 2024), de Nacho Corredor y Adrian Jofre Bosch.