Thomas Marshall, setenta años de clase y ciudadanía

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David Lorenzo Cardiel

@davidlorcardiel

Escuchamos a menudo la palabra «ciudadanía», así como también pertenece al acervo actual el concepto de «clase social», casi siempre vinculado con el pensamiento de Marx, Engels y comentaristas posteriores. Sin embargo, ¿qué es la ciudadanía y cómo definir la clase social, más allá de la intuición?

Entre la multitud de cuestiones que azotaron el pensamiento de intelectuales, un ensayo, Ciudadanía y clase social, agitó particularmente el debate académico el siglo pasado. Su autor, el prolífico sociólogo y ensayista Thomas H. Marshall, saltó entonces a primera línea del interés internacional.

Clase, ciudadanía y transformación social

Aunque Thomas Humphrey Marshall fue un autor prolífico y expuso sus ideas en numerosos artículos y libros, fue la publicación de Ciudadanía y clase social el trabajo que lo expondría definitivamente en el debate académico. En aquellos años, con una Europa incendiada tras la Segunda Guerra Mundial y una Gran Bretaña que había perdido su estatus de principal potencia del mundo, Marshall intentó participar en la reconstrucción del nuevo mundo post-bélico. Y para ello, como sucedió en otras épocas de crisis, como durante la época de la Ilustración, con cruentas guerras azotando el viejo continente, el análisis de los conceptos de «ciudadanía» y «clase social» se hacían imprescindibles. Para ello, el británico combina diferentes perspectivas. En primer lugar, comienza con un punto de vista clásico: la división de la ciudadanía desde un punto de vista histórico (es decir, civil, política y social). En este sentido, ocurrieron dos momentos en que la idea de ciudadanía evolucionó. 

La primera evolución del concepto de ciudadanía surge cuando los países medievales comienzan lentamente a asumir un rol regulador de los derechos civiles

El primero de ellos sucedió alrededor del siglo XII, cuando los países medievales comienzan lentamente a asumir un rol regulador de los derechos civiles. Aunque Marshall manifiesta un enfoque anglocentrista, es legítimo universalizar sus apreciaciones si pensamos en las cartas de población que dotaron de ciertos privilegios y libertades a los ciudadanos de urbes y poblaciones importantes, muy habitualmente a causa de un momento de debilidad del poder real, de una conquista o del peso de la burguesía artesana local: una cosa son los títulos nobiliarios y otra la disposición de un capital que permitiese las habituales campañas militares de la época. En cualquier caso, el sociólogo limita esta primera evolución de la ciudadanía en el derecho común. El individuo todavía está sujeto a un claro feudalismo, pero estaba afectado por la existencia o la ausencia de unos derechos ciudadanos. Este acontecimiento también produjo un crecimiento paulatino de las ciudades, en especial de las capitales y las poblaciones abiertas al rico comercio marítimo, como la Hansa en los mares del norte de Europa. 

El segundo momento sucedió, en opinión de Marshall, en el siglo XVIII, cuando se produce una ampliación de los derechos sociales del común al individual. El concepto de «libertad» se desliga de la pertenencia a un país, población, clase social o grupo y recae sobre el individuo. El diálogo filosófico en que se enmarca la Ilustración tiene, precisamente, a la persona como eje vertebral para la construcción del derecho, que ya no puede emanar de los intereses y voluntades de las clases sociales dominantes ni afectar al individuo a través de habitar un lugar u otro, sino que recae sobre su naturaleza. Se trató de un esfuerzo que perseguía alcanzar una definición universal. Las leyes de control de la pobreza (Poor Laws en Inglaterra), la estructura del Estado burgués y la separación de poderes –teniendo al poder judicial como garante de los derechos individuales y colectivos– son elementos surgidos de este segundo episodio de evolución de la noción de ciudadanía.

Sin embargo, es obvio que las circunstancias ambientales juegan un papel decisivo. El acceso a los recursos según el nivel civilizatorio, la cultura a la que se pertenece, el país de nacimiento o residencia o el contexto social y político de la época histórica en la que se vive siguen afectando a la universalidad del derecho. Para Marshall, la ciudadanía queda definida como «aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad», mientras que la clase social representa un «sistema de desigualdad» apoyado en ideas, elementos contextuales, valores morales, etc. Ciudadanía y clase social se revelan, entonces, como principios opuestos. ¿Cómo pueden, por tanto, convivir entre sí y construir una –más o menos– estable paz social?

Para Marshall, la ciudadanía queda definida como «aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad»

La misma pregunta se hizo el sociólogo londinense, que resolvió el conflicto dividiendo la clase social en dos tipos: una, como jerarquía de estatus (títulos nobiliarios, estado legal de libertad o esclavitud, etc) y otra explicada como un accidente; es decir, clases sociales surgidas de las diferencias naturales entre los individuos y sus circunstancias, recordando al español Ortega y Gasset. Así, durante el siglo XVIII comenzó la disolución de la clase social como jerarquía de estatus, erradicando los privilegios nobiliarios y la condición servil heredada de tiempos pretéritos. El segundo tipo de clase social, la circunstancial, era objeto de una tercera evolución de la noción de ciudadanía. Los trabajos libertarios y marxistas habían ahondado precisamente en este conflicto: ser ciudadano implicaba intrínsecamente una igualdad entre los miembros de la comunidad, pero era y sigue siendo claro que las condiciones laborales y de relevancia y posición en una sociedad divergen entre unos u otros individuos. 

Marshall propuso entonces una solución: los derechos sociales. Si el segundo tipo de clase social no podía eliminarse, este debía ser compensado, por tanto, desde el Estado moderno. Para ello, el Estado debía evolucionar desde una posición de arbitraje para implicarse en el bienestar de los ciudadanos.

La manera de conservar un equilibrio eficiente es que el Estado se centre en incentivar la ciudadanía. Para ello, las instituciones públicas deben garantizar un acceso a ciertos bienes y servicios elementales que sean capaces de construir comunidad, tales como la sanidad, la educación o ciertos derechos –como al desempleo– que impidan la caída en situaciones de pobreza para el ciudadano de condición trabajadora cuando no esté empleado. Marshall, además, examinó en el libro diversos intentos previos de paliar estas deficiencias sociales, en especial en el mundo anglosajón, como es el caso de la Legal Aid and Advice Bill. 

Crítica y validez

Desde su publicación en 1950, Ciudadanía y clase social ha despertado análisis y críticas desde muy diversas perspectivas ideológicas y económicas. El sociólogo y profesor Derek Heater subrayó el constante carácter anglocentrista del ensayo, restándole validez a las diferencias políticas, sociales, constitutivas y culturales de otros países desarrollados y que no necesariamente poseen una homogeneidad en estructura social como ocurre en el caso británico, donde las guerras civiles del siglo XVII sentaron una solidez en las relaciones políticas entre la monarquía, las cámaras y los distintos territorios de la corona.

Otros autores, como el filósofo canadiense Will Kymlicka, critican en Marshall el hecho de que defina una «ciudadanía pasiva» que posee derechos individuales en función del reconocimiento que el Estado haga de los mismos, y que parece no disponer de ellos per se, que es el progreso epistémico alcanzando durante la Ilustración y que, de hecho, sostiene acuerdos internacionales tan importantes como la Carta de Derechos Humanos de la ONU. El pensador italiano Danilo Zolo apreció la necesidad de separar los derechos sociales de los políticos y civiles. Por su parte, el filósofo y jurista italiano Luigi Ferrajoli añadió una inteligente apreciación al trabajo de Thomas Marshall: los derechos sociales son más bien «derechos de expectativa», no se les puede imponer un carácter social.

En los actuales tiempos, el riesgo de desmoronamiento de este modelo de hacer sociedad es evidente

No obstante, Ciudadanía y clases sociales sigue en plena vigencia. Las contribuciones del trabajo de Marshall y la discusión que desde su publicación sigue generando han conseguido fijar la creación del Estado de bienestar, fundamentado en los derechos sociales. La transformación del Estado de una estructura reguladora y controladora de los miembros de una sociedad a un interventor que armoniza, desde la fuerza de sus instituciones, la relación entre los grupos y miembros del conjunto fue clave para construir el panorama que del que hoy disponemos. Con todas las críticas y discrepancias posibles, la implantación de los derechos sociales supuso un cambio absoluto, mejorando la vida de la ciudadanía y ampliando notablemente el horizonte de la democracia. Hoy somos incapaces de pensar la vida sin un acceso a ciertos servicios gratuitos, como la educación o la sanidad.

Sin embargo, en los actuales tiempos turbulentos de crisis económica y bélica en Europa, el riesgo de desmoronamiento de este modelo de hacer sociedad es evidente. Los sistemas sanitarios de Europa se han visto saturados durante la pandemia de coronavirus, derechos como el acceso gratuito a una educación de calidad o el derecho al desempleo y a unas prestaciones sociales garantistas han sido objeto de limitaciones e intentos de expansión en los últimos 15 años. Es necesario replantear la relación entre ciudadanía, clase y derechos sociales para mantener con firmeza y buen rumbo una sociedad que aspire a la igualdad, que pueda acoger diversidad y sostenerse bajo criterios racionales, duraderos, y no sólo estéticos, cambiantes con cada legislatura y que explotan la inmediatez de la emoción.