Iberdrola vs Repsol: un juicio que va más allá de los tribunales

El enfrentamiento judicial entre Iberdrola y Repsol entra en escena, y con él un nuevo hito en la creciente lucha contra el greenwashing. La eléctrica acusa a la petrolera de publicidad engañosa por prácticas que exageran o falsean el impacto ambiental positivo de sus productos. Pero este juicio no solo será resuelto en los tribunales, también se está librando un juicio social, con consumidores, inversores y activistas como jurado.

El greenwashing se ha convertido en un obstáculo mayúsculo en la transición hacia un modelo económico más sostenible. Presentar productos como «neutros en carbono» o promocionar estrategias «verdes» sin bases verificables no solo confunde a los consumidores, sino que también desacredita los esfuerzos de sostenibilidad de otras empresas.

El caso de Iberdrola y Repsol no es un incidente aislado; es un reflejo de la creciente tensión entre las demandas del mercado sostenible y las prácticas corporativas tradicionales. El público, cada vez más informado, ya no tolera el engaño. Según estudios recientes, el greenwashing no solo mina la confianza de los consumidores, sino que obstaculiza la transición hacia un modelo más sostenible al perpetuar un consumo irresponsable.

Francia prohíbe la publicidad de productos como «neutros en carbono» sin un análisis completo que respalde tales afirmaciones

En Europa, este problema ha sido identificado como un freno para alcanzar los ambiciosos objetivos climáticos: reducir un 55% las emisiones para 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Para combatirlo, se han implementado normativas como la directiva sobre empoderamiento de los consumidores para la transición verde y la guía interpretativa de la directiva 2005/29/CE, que regulan las afirmaciones ambientales en el marketing.

A finales de abril, y como ejecución del Pacto Verde Europeo, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva de Diligencia Debida o CSDDD. Esta nueva directiva supone un antes y después contra el greenwashing. Entre otras obligaciones, se incluye que «los comerciantes tienen la responsabilidad de proporcionar información clara, pertinente y fiable». Pero Europa quiere ir más allá.  La UE está trabajando en la Green Claims Directiv, relativa a las alegaciones o eslóganes verdes que realizan las compañías y que está a punto de salir.

Sin embargo, las palabras no bastan. Las sanciones, multas y prohibiciones son las armas que gobiernos y entidades reguladoras han empleado para desmontar las estrategias de ecopostureo de las corporaciones más grandes del mundo. Francia introdujo medidas pioneras: prohíbe la publicidad de productos como «neutros en carbono» sin un análisis completo del ciclo de vida que respalde tales afirmaciones. Mientras, en el Reino Unido, anuncios de empresas petroleras, entre ellas Repsol y por dos ocasiones, han sido retirados por prometer emisiones «cero netas» sin bases científicas sólidas.

Hay que señalar que hay otra demanda contra la petrolera española que se presentó a mediados de abril por Ecologistas en Acción, la Federación de Consumidores y Usuarios y Greenpeace España por supuestas declaraciones ambientales engañosas ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y la Dirección General de Consumo.

El caso de Greenpeace contra Total Energies en Francia y las acciones legales contra Shell en los Países Bajos ejemplifican cómo el activismo también ha encontrado un lugar en los tribunales. Estas demandas buscan no solo sancionar, sino educar al público sobre cómo interpretar las promesas corporativas y exigir mayor transparencia.

El ‘greenwashing’ permite que empresas con prácticas cuestionables ganen participación de mercado frente a las que invierten en sostenibilidad

Estados Unidos no se queda atrás. En 2023, aerolíneas como KLM y Delta, y marcas deportivas como Nike, enfrentaron demandas por exagerar sus compromisos ambientales. En estos casos, el mensaje es claro: afirmar que un producto o servicio es sostenible sin pruebas verificables ya no es una opción.

Aunque la legislación y las sanciones han avanzado, el greenwashing sigue siendo un problema significativo. Su impacto no solo es ético, sino económico: crea competencia desleal al permitir que empresas con prácticas cuestionables ganen participación de mercado frente a aquellas que invierten genuinamente en sostenibilidad.

La Fundación Europea de Consumidores (BEUC) y organizaciones internacionales han demostrado que el ecopostureo no es un problema periférico, sino un elemento central que frena el cambio estructural. Por ello, iniciativas como los European Sustainability Reporting Standards buscan establecer criterios claros y verificables que impidan las prácticas engañosas en la comunicación de sostenibilidad empresarial.

Un desafío para el sistema

El juicio entre Iberdrola y Repsol no solo es una disputa legal, sino una oportunidad para que empresas, consumidores y reguladores reflexionen sobre el rol que deben desempeñar en la transición verde. Las empresas que se han comprometido con la sostenibilidad real tienen la responsabilidad de liderar con el ejemplo y promover prácticas de transparencia.

Las empresas que se han comprometido con la sostenibilidad real tienen la responsabilidad de promover prácticas de transparencia

No obstante, el desafío va más allá de las empresas. Las instituciones deben reforzar las normativas, las sanciones y los mecanismos de monitoreo. A medida que el escrutinio sobre las declaraciones de sostenibilidad aumenta, queda claro que el verdadero progreso no se mide solo en promesas, sino en hechos.

El juicio celebrado es también una prueba para la sociedad. ¿Estamos dispuestos a cuestionar los discursos corporativos y exigir pruebas? ¿Apoyaremos a las empresas que actúan con integridad, o seguiremos consumiendo con indiferencia los productos de quienes maquillan sus prácticas? El greenwashing no es solo una estrategia de marketing; es una forma de resistencia al cambio. Cada vez que toleramos una afirmación engañosa, damos un paso atrás en la lucha contra el cambio climático. En este contexto, el juicio entre Iberdrola y Repsol marca un punto de inflexión. El veredicto oficial será importante, pero el juicio social ya ha comenzado, y todos formamos parte del jurado.