Qué puede suponer la vuelta de Trump para el medio ambiente

Cuando apenas llevaba medio año como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ya había anunciado su decisión de retirar a su país del Acuerdo de París contra el cambio climático. En su primer medio año como presidente no fue la única medida, durante ese tiempo la Casa Blanca, el Congreso y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) se lanzaron a desmantelar con rapidez un conjunto de normas relativas a la pureza del agua y del aire que habían sido impulsadas por la Administración de Barack Obama.

Esto solo fueron los primeros meses de su gobierno, pero a lo largo de los cuatro años de presidencia llevó a cabo muchos intentos para revertir regulaciones ambientales anteriores, viéndose algunos de estos truncados por los tribunales e incluso por la resistencia interna de los empleados del gobierno.

Pero si vuelve a ocupar la Casa Blanca en noviembre, esta vez se presenta un panorama que le pondría menos trabas para los cambios que promete implementar, ya sea por tener en estos momentos un cuerpo de trabajadores públicos más afines o por los planes que tiene para que el resto también lo sean.

Si sale reelegido, Trump estaría en una posición mucho mejor para desmantelar las normas medioambientales, con la ayuda de jueces más afines y aliados conservadores que ya están trazando formas de doblegar a las agencias públicas de protección del clima. «Lo va a tener más fácil», explica Myron Ebell, que fue designado por Trump cuando ganó las elecciones para liderar su equipo de transición de la EPA. Ebell, que no es un científico, ha sido descrito como negacionista del cambio climático y considera que si Trump vuelve a ganar «va a tener gente mejor, gente más comprometida, gente con más experiencia. Serán capaces de moverse más rápidamente, y con más éxito».

Una segunda administración Trump podría no tener que enfrentarse a tantas barreras legales o burocráticas como la primera

Christine Todd Whitman, que dirigió la EPA con George W. Bush de presidente, sostiene que Trump, con la actual «Corte Suprema, podrá salirse con la suya con mucho más de lo que nadie sospechaba». La que también fuera gobernadora de Nueva Jersey señala que los tribunales darían a una segunda administración Trump una «mano libre» para recortar las regulaciones.

Además, Trump ha propuesto reclasificar a decenas de miles de trabajadores, lo que facilitaría su despido. Considera esta medida, que ya intentó implementar al final de su primer mandato, necesaria para «destruir el deep Estado» que, según él, trabajó en secreto en su contra. El resultado es que una segunda administración Trump podría no tener que enfrentarse a tantas barreras legales o burocráticas como la primera.

‘Barra libre’ de emisiones

Con este panorama jurídico a su favor, en EE.UU. se produciría una barra libre de emisiones, según los expertos. Trump ya ha prometido eliminar dos importantes regulaciones de la administración Biden diseñadas para reducir los gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas. Y sus aliados han presentado propuestas específicas como parte de un plan de transición conocido como el Proyecto 2025, encabezado por la conservadora Heritage Foundation.

Un estudio del grupo de analistas Carbon Brief advierte y cuantifica el impacto que tendría la victoria de Trump para la lucha global contra el cambio climático: 4.000 millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono en EE.UU. para 2030 en comparación con los planes del partido demócrata.

Un estudio señala que una victoria de Trump conllevaría 4.000 millones de toneladas adicionales de CO2 en EE.UU. para 2030

Para ponerlo en contexto, estas emisiones equivalen a las anuales sumadas de la UE y Japón, o al total anual combinado de los 140 países con menores emisiones del mundo. Dicho de otro modo, anularían el doble de todos los beneficios climáticos obtenidos con la implementación de energía eólica, solar y otras tecnologías limpias en todo el mundo durante los últimos cinco años.

Este supuesto aumento de emisiones no solo tendría consecuencias climáticas, sino también económicas, ya que causarían daños medioambientales globales por un valor de más de 900.000 millones de dólares, según las últimas valoraciones del gobierno de la EPA.

Asimismo, el informe de Carbon Brief señala que en el caso de que obtenga la victoria, es muy probable que también incumplan por un amplio margen su compromiso climático global, y que las emisiones solo se reduzcan un 28% por debajo de los niveles de 2005 para 2030. El objetivo actual de EE.UU. en virtud del Acuerdo de París es lograr una reducción del 50-52% para 2030.

‘Freno de mano’ al coche eléctrico

Una de las grandes estrategias mundiales para frenar el cambio climático, que es muy palpable en el día a día de los ciudadanos, pasa por la reducción de emisiones procedentes del tráfico rodado, estando el foco puesto en los coches eléctricos. La administración Biden ha aprobado ayudas para que la gente pueda acceder a coches menos contaminantes, pero Trump se ha referido a ellas como «tonterías» y un «baño de sangre» para los empleos estadounidenses, por lo que ha prometido deshacer las normas económicas que lo favorecen.

Hay otras formas en las que Trump también podría retrasar la transición a la movilidad eléctrica, por ejemplo, su Departamento del Tesoro podría recortar los créditos fiscales para la compra de vehículos eléctricos. Diana Furchtgott-Roth, exfuncionaria del Departamento de Transporte de Trump y ahora en la Heritage Foundation, cree que es probable que una hipotética segunda administración Trump también intente revertir la exención federal que permite a California establecer sus propias normas de contaminación de los automóviles.

Créditos a las renovables, en el punto de mira

Uno de los grandes logros legislativos de Biden fue la promulgación de la Ley de Reducción de la Inflación (LRI), cuyo objetivo es la mayor inversión realizada en EE.UU. para hacer frente a los crecientes riesgos del cambio climático. Uno de los componentes de la LRI que están en el punto de mira de Trump son los créditos fiscales para invertir o explotar centrales eléctricas libres de emisiones que entrarían en funcionamiento en 2025. Estos créditos, denominados de tecnología neutra, pretenden sustituir a las subvenciones anteriores dedicadas a energías renovables como la solar y la eólica, abarcando un conjunto más amplio de posibilidades de producción de energía como la nuclear, la bioenergía o las centrales eléctricas con capacidad de captura de carbono.

Podrían desaparecer una serie de créditos fiscales que incentivan la descarbonización en la industria y los hogares

Teniendo en cuenta que es una política diseñada principalmente para acelerar el abandono de los combustibles fósiles, sería un blanco fácil en una segunda administración Trump, dado el apoyo de la industria al candidato y su oposición ideológica a la acción climática.

Y además de esta, dentro de la LRI también estarían en el disparadero otras medidas recién establecidas, como las tasas sobre las emisiones de metano de pozos, plantas de procesamiento y oleoductos, cuando superen determinados umbrales. Del mismo modo, podrían estarlo una serie de subvenciones para la justicia medioambiental y bonificaciones fiscales disponibles para proyectos que ayuden a reducir la contaminación, proporcionen energía limpia asequible y creen puestos de trabajo en zonas marginadas y de bajos ingresos; el restablecimiento del impuesto especial Superfund sobre el crudo y los productos petrolíferos, que podría recaudar miles de millones de dólares para financiar la limpieza de vertederos de residuos peligrosos; y una serie de créditos fiscales que incentiven a los consumidores a instalar paneles solares, bombas de calor y mejorar la eficiencia energética de sus viviendas.