Ética autonómica

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Víctor Lapuente

@VictorLapuente

En una serie de televisión (que alguien rodará un día), las regiones italianas se reúnen en Roma en el seno del Consejo de Política Económica Fiscal. Sobre la mesa, la reforma de un desfasado sistema de financiación que ha hecho que, entre todas las regiones, acumulen una deuda de más de 300.000 millones. La ministra de Hacienda les promete un aumento sustancial de los ingresos.

Pero, entonces, alguien se da cuenta. Falta la consejera de Campania. Se ha ausentado porque, en sus propias palabras, tiene «abierta una negociación singular» con el Estado. En su silla se sienta un cargo de rango inferior, sin voto ni voz, porque no se atreve a hablar ante una pregunta de la propia ministra. La razón de la ausencia de la consejera es que los dos partidos independentistas de Campania son decisivos para sostener la mayoría parlamentaria del gobierno italiano. Así que este ha pactado, primero, una quita de la deuda de 15.000 millones para Campania –extensible al resto de regiones, aunque ninguna se beneficiará tanto– y, segundo, que se establezca una comisión bilateral para negociar al margen del resto de comunidades de régimen común. El consejero de otra región, claramente un comunista radical por su insistencia en el ristretto para todos, dice que ellos comen de menú y Campania a la carta.

Para más inri, las concesiones fiscales a Campania serán validadas por un negociador salvadoreño en reuniones a puerta cerrada en un hotel de Ginebra. En lugar de un encuentro solidario junto a las demás comunidades, con luz y taquígrafos, uno solitario, con oscuridad y relatores.

Si esto ocurriera en la Italia ficticia, nos molestaría. Utilizando la afortunada expresión de Nadia Calviño cuando admitió que su cuerpo le pedía que Puigdemont fuera juzgado, algo dentro de nosotros (en la jerga científica se llama intuición moral), reclamaría un trato más equitativo a las regiones. Por un principio básico de justicia territorial.

Y recurriríamos a los expertos que han propuesto recetas imparciales para el problema de infrafinanciación autonómica. Por ejemplo, Antonio Zabalza, que defiende un coeficiente de condonación de la deuda, derivado del gasto óptimo de una comunidad y la deuda efectiva. O Santiago Lago, partidario de una restructuración de la deuda a largo plazo, a 50 años o más.

Hoy en este país la razón es política ficción

Pero es una utopía, porque hoy en este país la razón es política ficción. Y la situación va a peor, como demuestran las votaciones alocadas en el Congreso de estos inicios de 2024. Los partidos independentistas han dejado claro, en sede parlamentaria, que su compromiso es contrario a cualquier lógica de justicia territorial. Como dijo la representante de Junts en el debate del 10 de enero, «nosotros estamos aquí por Cataluña, no por ustedes ni por el Reino». Y el gobierno, en lugar de enfrentarse a esa visión de parcialidad territorial, contemporiza, insinuando que están dispuestos acceder a algunas peticiones, como conceder incentivos fiscales a las empresas que se fueron de Cataluña durante el procés y quieran volver ahora. Sería, de nuevo, una violación del principio de igualdad territorial amén de alterar el de libre competencia.

Ciertamente, el gobierno ha dejado claro, quizás hasta demasiado, su compromiso con la seguridad jurídica. Pero este no es un problema de garantías jurídicas, sino de justicia territorial, de ética autonómica. No puede ser que unos territorios gocen de ventajas en relación a otros. Y, lo que es todavía peor, independientemente de que sea verdad o no, no puede parecer que disfrutan de esos privilegios. Porque, si no, generaremos un descontento ciudadano en determinados territorios, precisamente en el momento histórico en el que las democracias, de los Midlands británicos al Midwest norteamericano pasando por la desindustrializada Francia oriental, sufren una revuelta de las regiones que se consideran menospreciadas por el poder político central.

La ética autonómica es uno de los problemas de justicia fundamentales de nuestro tiempo y, en lugar de contenerlo, los políticos en España lo están avivando sin descanso. Corren el riesgo de despertar el peor monstruo de nuestra historia: la tribu del terruño.