Las claves de la reforma del mercado eléctrico

Artículo

Mariana Toro Nader

@MarianaToroN

Fotografía

Rawpixel

Desde mediados de 2021 y tras el estallido de la guerra en Ucrania, la Unión Europea sufre una crisis energética histórica. Los precios se han disparado y los Estados miembros tuvieron que tomar medidas de emergencia para garantizar el suministro.

De cara a esta situación, la Comisión Europea ha impulsado una reforma del mercado eléctrico «destinada a proteger mejor a los consumidores frente a la excesiva volatilidad de los precios, apoyar su acceso a una energía segura procedente de fuentes limpias, aumentar la resiliencia del mercado y acelerar la transición establecida en el Pacto Verde Europeo y el Plan REPowerEU».

¿Qué deficiencias tiene el modelo actual?

De acuerdo con el borrador que presentó Bruselas, la crisis energética puso de manifiesto las deficiencias del diseño actual del mercado. Entre ellas, está el fracaso que supone que los bajos costes de las energías renovables no se reflejen en las facturas de electricidad, la respuesta a la demanda y las dificultades de acceso a energías renovables mediante el intercambio de energía.

¿Cuál es la propuesta?

La Comisión ha propuesto un sistema que potencia los contratos a largo plazo y que, en caso de que se rebasen ciertos límites, pueda subvencionarse parte de la factura. También propone medidas para mejorar la integración de las energías eólica y solar en el mercado a corto plazo. E incluye medidas que impulsan el almacenamiento y mayor flexibilidad.

¿Cuál es el objetivo?

El objetivo de la propuesta de la UE es proteger a los consumidores de la volatilidad de los precios, acelerar la transición energética y disminuir la «influencia excesiva» de los combustibles fósiles en la formación de precios, particularmente del gas –actualmente la energía más cara–.

¿Por qué el foco en los contratos a largo plazo?

Según Bruselas, los contratos de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés), que son contratos de suministro a largo plazo entre una empresa eléctrica y un comprador privado, pueden proteger de la volatilidad de precios, «pero actualmente están disponibles para grandes consumidores de energía solo en algunos Estados miembros». Por otro lado, también quiere impulsar los contratos por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés). Este tipo de contratos se basa en que el comprador y el vendedor acuerdan un precio y luego liquidan la diferencia entre este y el precio del mercado. El estado juega un rol de regulador central.

España y Francia creen que la reforma debería zanjarse el próximo año, puesto que los altos precios de la energía hacen que Europa sea menos competitiva

¿Cómo se protegería a los consumidores más vulnerables?

La reforma permitiría que los países ofrezcan precios minoristas regulados para consumidores domésticos y pequeñas y medianas empresas (pymes) en caso de crisis. También busca «empoderar» a los consumidores con el derecho a compartir la energía renovable directamente, por ejemplo, compartiendo el excedente de energía solar con un vecino.

Asimismo, contempla el derecho a contratos de precio fijo, de precio dinámico, contratos múltiples e información contractual más clara. Un ejemplo sería que «los consumidores reacios al riesgo pueden fijar precios seguros a largo plazo para evitar sorpresas y/o pueden optar por tener contratos de precios dinámicos con los proveedores si desean aprovechar la variabilidad de los precios para usar la electricidad cuando es más barata (por ejemplo, para cargar coches eléctricos o utilizar bombas de calor)».

¿Cómo funcionarían las subvenciones?

Si los precios volvieran a descontrolarse, como sucedió el año pasado, la Comisión Europea permitiría que los países subvencionen hasta el 80% del consumo de los hogares y las pymes.

¿Cuáles han sido las posturas norte-sur?

El debate por la reforma del mercado eléctrico ha tenido dos bloques. Por un lado, están Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Luxemburgo, Finlandia, Estonia y Letonia, que defienden el modelo actual de mercado mayorista. Y, por otro, los países del sur –España, Francia, Portugal e Italia– y algunos países del Este.

Mientras las medidas de subvenciones para socorrer a empresas y ciudadanos favorecen a países como Alemania, Estados con menos margen presupuestario prefieren que la intervención pública se dé en la formación de precios para que, de esta manera, el esfuerzo fiscal no recaiga sobre el erario público.

¿Qué ha propuesto España?

España remitió en enero su planteamiento para la reforma en la que proponía el desarrollo de mercados a plazo de energía y de servicios de capacidad y flexibilidad que se adapten a las necesidades de cada país o región.

¿Cuándo se aplicaría la reforma?

Una vez que la Comisión Europea haya publicado su propuesta oficial, los Estados miembros tendrán que negociar una posición común para llegar a la versión final. El objetivo es que la ley se apruebe antes de las elecciones del Parlamento Europeo, programadas para mayo de 2024.

Sin embargo, Alemania quiere un amplio análisis de impacto, lo cual retrasaría la reestructuración para después de las elecciones europeas. Por el contrario, España y Francia creen que la reforma debería zanjarse el próximo año, puesto que los altos precios de la energía hacen que Europa sea menos competitiva frente a Estados Unidos. Según estos, un nuevo diseño del mercado eléctrico es atractivo para la carrera tecnológica por la energía verde.

Asimismo, el Consejo Europeo también ha pedido a la Comisión trabajar rápidamente en la reforma estructural, con un doble objetivo: garantizar la soberanía energética europea y lograr la neutralidad climática.