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Ética pública y transformación digital

La respuesta a los desafíos de nuestro panorama político solo puede encontrarse a través de la conversación pausada, informal pero informada. Esta semana, la Universidad Autónoma de Madrid y el Círculo de Bellas Artes, con la colaboración de la Fundación Banco Sabadell y Ethosfera, han sentado en el ciclo de encuentros ‘Ética, política y virtud pública’ a Lucía Ortiz de Zárate, investigadora predoctoral en Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial, y a Ibán García del Blanco, diputado al Parlamento Europeo por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, para debatir sobre el progreso tecnológico y las virtudes democráticas.

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31
marzo
2023

Lucía Ortiz de Zárate es investigadora predoctoral en Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial. Ibán García del Blanco es diputado al Parlamento Europeo por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. Ambos tienen en común el interés por introducir el componente ético en la transformación digital y comparten la necesidad de debatir sobre los nuevos paradigmas que la tecnología trae a una velocidad mayúscula.

En un contexto de transformación digital e ilustración tecnológica, que abarca prácticamente la globalidad de la sociedad, es necesario plantear ciertas cuestiones sobre qué papel han de tener las empresas, el sector público y los ciudadanos en este ámbito, ya que nadie queda al margen de esta realidad que no deja de expandirse. Tal como expresa Lucía Ortiz de Zárate, este panorama no puede se puede separar de la ética, ya que es algo inherente a esta nueva realidad. Por ello, la virtud cívica es necesaria para poder ser capaces, como sociedad, de realizar una combinación entre el progreso tecnológico y la salvaguarda de ciertos valores como la libertad o la responsabilidad, tal como afirma Ibán García del Blanco.

Pero ¿cómo se ha llegado a este descontrol producido por el desarrollo tecnológico? Ambos están de acuerdo en que hay dos factores claves que han afectado: el poder de las empresas y la falta de regulación por parte de las instituciones públicas. Lucía explica que la estrategia que han llevado a cabo las empresas es una estrategia silenciosa.

La virtud cívica es necesaria para ser capaces de realizar una combinación entre el progreso tecnológico y la salvaguarda de ciertos valores

Las compañías tecnocientíficas gozan de un poder difícil de controlar y reconocer. Iván aboga por una regulación que limite el poder de dichas empresas y cree que la legislación establecida por la Unión Europea resulta una opción esperanzadora. No obstante, Lucía no está del todo de acuerdo: piensa que es muy limitada frente al poder de Estados Unidos y China y cree que hemos de traspasar los límites de Occidente y adoptar una visión más global.

Además, Lucía insiste en que es necesario abordar el debate desde un enfoque más profundo que ponga el centro de atención en los valores éticos, ya que la tecnociencia parece tener un futuro de incertidumbre que puede llegar a tener consecuencias graves. En este sentido, Iván expresa que se está poniendo en peligro la democracia: la tecnología está produciendo desigualdades entre distintas clases sociales mientras que se realizan negociaciones entre países y empresas que están teniendo unas influencias que los ciudadanos desconocen y quedan al margen de estas.

Llegados a este punto, está claro que la tecnología requiere de debates éticos y legislativos. Ambos están de acuerdo en que esta encrucijada entre los valores éticos y el progreso tecnológico puede ser una buena oportunidad para retomar temas en el ámbito político que habían quedado perdidos, como la virtud cívica y la concienciación de una necesaria implicación ciudadana en estos asuntos. Para ello, el poder público tendrá que desarrollar la capacidad de intermediación legislativa para la salvaguarda de esa libertad que requiere un desarrollo tecnológico ético.

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