Reduciendo el trecho entre lo dicho y lo hecho

La inestabilidad se ha adueñado del mundo en el momento menos idóneo. La caída de la economía mundial –consecuencia tanto del efecto de la pandemia del coronavirus como de la guerra en Ucrania– ha puesto nuevamente en jaque la planificación que desde las instituciones se había realizado a corto y medio plazo. Europa no es ajena a esta situación. Bruselas ha entrado en un constante ajuste de previsiones y normativas que permitan mantener los objetivos comunes fijados, vinculados en su mayoría a paliar el desgaste del planeta y a construir una economía más verde y sostenible.

En ese esfuerzo por mantener la lucha climática activa, resulta fundamental el compromiso de todos los niveles de la sociedad, con una especial atención al papel protagonista que las empresas deben tomar en la transformación del tejido económico. Si bien antes y durante la pandemia se percibía una creciente concienciación entre las compañías –las potentes inversiones en sostenibilidad y los cambios en el sistema productivo así lo acreditan–, la llegada de un nuevo ciclo de recesión económica ha ralentizado ese proceso.

No obstante, en Europa son cada vez más los ciudadanos que, a la hora de consumir, seleccionan la opción más respetuosa con el medio ambiente en detrimento de otros productos menos sostenibles. Estas pautas de consumo y el crecimiento de las ayudas e inversiones en sostenibilidad han llevado a algunas empresas a caer en el greenwashing o blanqueo ecológico, una estrategia de afirmaciones exageradas, falsas o engañosas para vender productos presuntamente respetuosos con el planeta. Según cifras de la Comisión Europea, hasta el 42% de las compañías habrían caído alguna vez en estas prácticas.

Lejos de ponerse de perfil ante este tipo de comportamientos y conscientes de la importancia de que exista cierta fiabilidad para la transición ecológica, la Unión Europea ha puesto en marcha un sistema de control del cumplimiento de estos compromisos. Se trata de la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés) y busca fortalecer y ampliar el alcance de los requisitos de informes de sostenibilidad. Con ello, se abordará la divulgación de información adecuada sobre los riesgos, oportunidades, políticas y desempeños en sostenibilidad de las compañías, que deberán reportar información mucho más precisa y alineada con los reglamentos de la UE.

Son cambios significativos y que potenciarán considerablemente la ruta emprendida desde Europa hacia la sostenibilidad. Con la puesta en marcha de la CSRD, más de 50.000 empresas afrontarán un reto que –tal y como quedó patente en un webinario organizado al respecto en noviembre por la consultora KPMG– tendrá una influencia casi inmediata en el tejido económico, ya que estos nuevos estándares se aplicarán a partir del ejercicio fiscal de 2024. Estos puntos de referencia ponen especial énfasis en la información extendida a la cadena de valor, para que no haya discrepancias entre el dicho y el hecho, lo que las organizaciones comunican y lo que realmente hacen. Para ello, abordan desde el aspecto ambiental hasta lo social pasando por los transversales y por aquellos relacionados con la gobernanza, de una forma exhaustiva y minuciosa y con diferentes sistemas para garantizar la fiabilidad del proceso.

Son las herramientas comunes para un futuro sostenible y seguro, uno que ninguna circunstancia ocasional pondrá en jaque: la inestabilidad combatida con medidas y esfuerzo común.