Ecoterrorismo, un nuevo peligro ambiental

En el verano de 2017, Ruby Montoya y Jessica Reznicek se situaron frente a la Iowa Utilities Board, un organismo público estadounidense, y empezaron a leer ante los medios allí congregados una sorprendente declaración. Confesaban que en los meses anteriores habían saboteado varios oleoductos. Habían empezado en la noche de las elecciones de 2016, con cierto sentimiento de desesperación por el escaso efecto que habían tenido hasta ese momento las protestas no violentas contra un oleoducto en construcción. Desde entonces, habían causado millones de dólares en daños.

«Algunos verán estas acciones como violentas, pero no os equivoquéis. Actuamos desde nuestros corazones y nunca amenazamos la vida humana o la propiedad personal», dijo entonces Montoya. Se podía no estar de acuerdo con sus métodos, concedían, pero según defendían, se tenían que entender las razones que las habían llevado a actuar. Tanto Montoya como Reznicek fueron sentenciadas a penas de cárcel.

Hace algunos meses, las calles de Berlín amanecieron con algo más de un centenar de vehículos con las ruedas desinfladas. Todos los coches afectados eran SUVs o todoterrenos ligeros: un modelo en el punto de mira por su elevado consumo energético. Berlín es el ejemplo más reciente, pero no el único de este tipo de acciones. Desinflar las ruedas de este tipo de vehículos para hacer reflexionar a sus propietarios es una táctica que los grupos de defensa del medio ambiente llevan ya años empleando. 

La creciente preocupación general de la sociedad por las cuestiones medioambientales está haciendo que la extrema derecha le preste más atención.

La escala del impacto que tiene dañar un oleoducto o dejar sin aire las ruedas de un vehículo parece diferente, pero ambas acciones entran dentro de una misma corriente de reacción a la falta de respuesta ante la crisis medioambiental. Si la respuesta pacífica y las campañas de concienciación no dan resultados, algunos activistas canalizan su frustración hacía acciones más virulentas. «Hasta ahora, el movimiento para impedir la catástrofe climática no solo ha sido civil, ha sido educado y templado en extremo», escribe Andreas Malm en Cómo dinamitar un oleoducto. En su libro, Malm reflexiona sobre el escaso efecto que ha tenido el «pacifismo estratégico» a la hora de influir en la actividad de empresas y gobiernos con respecto al medio ambiente. Y llega a la siguiente conclusión: ha llegado el momento de pasar a la desobediencia civil y los sabotajes. 

Malm usa el ejemplo de las sufragistas británicas para explicar qué supone: hartas de ser olvidadas y sin acceso a los centros de poder en los que se tomaban las decisiones, las sufragistas iniciaron una campaña de violencia para presionar en la lucha por sus derechos. Solo destruían propiedades y se aseguraban siempre de que ninguna persona fuese a resultar herida en sus acciones, pero sus acciones levantaron una gran polvareda en la sociedad de su época. 

Pero en el momento en el que se cruza la puerta de la violencia, también cambia la visión que se tiene de la actividad contra el cambio climático y la posición que esos activistas ocupan en términos legales. Aunque el libro de Malm da un contexto histórico y hasta una justificación ética para este tipo de acciones, el debate es más profundo. Hay quienes hablan ya de «ecoterrorismo» y ven estas acciones de violencia de un modo preocupante. 

El temor al ecoterrorismo 

¿Ha llegado el momento de preocuparse por el llamado ecoterrorismo? Los organismos de seguridad están empezando a abordar la cuestión, pero lo hacen conectándola con otras amenazas más amplias. 

El último informe de Europol sobre amenazas terroristas en Europa alerta sobre los riesgos del eco-fascismo, algo que, si bien no es exactamente reciente, preocupa cada vez más: la creciente preocupación general de la sociedad por las cuestiones medioambientales está haciendo que la extrema derecha le preste más atención. «Aunque este no es un fenómeno nuevo para 2020, el pensamiento eco-fascista podría volverse crecientemente atractivo para los extremistas por el crecimiento en el foco global en preocupaciones medioambientales», se lee en el informe. Aunque el informe da más peso al eco-fascismo, también apunta al peligro del extremismo de ultraizquierda.

«Se han radicalizado», aseguraba este verano una fuente de la Policía Nacional al diario La Vanguardia hablando de cómo algunos grupos habían llevado el ecologismo un paso más allá. ¿Se ha convertido entonces el ecoterrorismo en una amenaza potente? El informe sobre tendencias en terrorismo de Europol aborda la cuestión un tanto de paso y vinculada a ideologías que ya son de partida extremistas. Aunque la Policía Nacional ha identificado la presencia de grupos vinculados con la violencia ecologista en España, reconoce también que su capacidad «lesiva» es limitada. 

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos ven las cosas de una manera completamente distinta. En 2019, Human Rights Watch ya aseguraba que se estaba produciendo un «injusto etiquetado de los ambientalistas como amenazas a la seguridad», metiendo bajo el paraguas del terrorismo a quienes estaban reclamando una mayor protección para el planeta. Solo en «casos excepcionales» se podía hablar de ecoterrorismo, entendiendo por terrorismo aquellas acciones que crean un estado de terror. Según han documentado, los defensores de la lucha contra el cambio climático han afrontado en varios países «actos de intimidación y violencia, discriminación, acoso y falsas acusaciones de ecoterrorismo».