¿Quién teme (y mata) a los activistas ambientales?

El cambio climático es la crisis más grande y urgente de nuestros tiempos. El aumento de las temperaturas ya está ocurriendo a gran velocidad con consecuencias devastadoras: desastres naturales cada vez más frecuentes e intensos, inseguridad alimentaria o fuertes disrupciones económicas.

Pero los expertos aseguran que aún estamos a tiempo para evitar una verdadera catástrofe. Y hay un grupo de personas muy  específico que juega un papel fundamental en este ámbito: se trata de los defensores y activistas medioambientales, que se encargan de proteger de manera pacífica las tierras, fuentes de agua, fauna y flora. Sin embargo, la organización Global Witness ha encontrado que, a medida que la crisis climática se intensifica, también aumenta la violencia en contra de estos importantes activistas. En la última década, de hecho, 1733 activistas medioambientales han sido asesinados (o lo que es lo mismo: una persona cada dos días). Pero ¿dónde ocurren los violentos ataques en contra de los activistas y quiénes son los autores de estos asesinatos? Y de hecho, ¿qué se debe hacer para prevenirlos?

El activista Bruno Pereira, que dedicó su vida a la defensa del medio ambiente y de las comunidades indígenas, murió a tiros, en junio de 2022, junto al periodista británico Dom Phillips. Ambos realizaban una investigación en un lugar de la Amazonía en el que proliferan el narcotráfico y las operaciones ilegales de pesca y extracción de minerales. Marcos es el líder de la tribu Xucurú, con la que Bruno Pereira colaboró, y tal como afirma, «la muerte de Bruno es una gran pérdida, no sólo para las comunidades indígenas sino para todo Brasil, […] porque defender la madre Tierra es defender la vida».

En la última década, hasta 1733 activistas medioambientales han sido asesinados en todo el mundo

No es el único lugar. En países tan diversos como Canadá, India, Filipinas y Kenia se han disparado los ataques letales contra los defensores ambientales. Muchos de ellos son indígenas, afrodescendientes y pequeños agricultores que denuncian el acaparamiento de tierras, la deforestación, la contaminación y la explotación indiscriminada de los recursos naturales por parte de empresas, gobiernos y actores criminales.

No obstante, lo cierto es que desde 2012 más de la mitad de estos asesinatos han ocurrido en América Latina, la región más peligrosa del mundo para los ambientalistas. Así lo explica Juanita Goebertus, directora para el continente americano de la organización Human Rights Watch: «América Latina tiene una combinación de factores que la hacen especialmente interesante, […] concentramos el 80% de la biodiversidad mundial, pero al mismo tiempo es vulnerable por esa falta de capacidad estatal e institucionalidad […] en ciertas zonas grises en donde realmente lo que termina primando son distintas estructuras criminales y legales que controlan el territorio. Esto hace que en los últimos 40 años la región haya perdido el 75% de su cobertura vegetal y que al mismo tiempo concentremos a nivel global tres de cada cuatro asesinatos de líderes ambientales».

Según la organización Global Witness, los autores de estos delitos van desde grupos de crimen organizado dedicados al tráfico de madera hasta sicarios que son contratados por compañías agroindustriales, de minería y otras.

Los gobiernos promueven a veces una narrativa que identifica a los defensores ambientales como enemigos

En Colombia, por ejemplo, más de 300 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en la última década. El ambientalista Óscar Sampayo y sus compañeros son algunos de los que han recibido amenazas de muerte: «Recibimos panfletos o comunicados membretados dados por estas fuerzas narco-paramilitares donde nos mencionan que somos un obstáculo al desarrollo, que estamos impidiendo que […] las empresas realicen y ejecuten sus trabajos. Por eso muchos de nosotros hemos decidido abandonar el territorio para que no nos asesinen o exiliarnos para que no nos criminalicen ni judicialicen».

A veces, los mismos gobiernos promueven una narrativa que tilda a los defensores ambientales como enemigos. México, por ejemplo, ha sido denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por criminalizar a los defensores ambientales con investigaciones penales y campañas de desprestigio.

La corrupción también es otro factor que contribuye al peligro de los ambientalistas. A este respecto, Global Witness informa de casos de corporaciones o fondos de inversión extranjeros que sobornan a las autoridades locales o a los jueces para que amenacen, arresten o ignoren a los activistas.

De hecho, los países donde más asesinatos se registraron en el año 2021 son percibidos como más corruptos que el promedio, según Transparencia Internacional: como lo son Brasil, Colombia, Filipinas, México y Nicaragua. «No es posible luchar contra la deforestación ni contra las amenazas y homicidios de líderes ambientales si no logramos comprometer a los Estados en luchar contra estos fenómenos de manera seria […] los votantes dentro de estos países les interesa el cambio de la política ambiental […] y eso implica que cada vez más la sociedad civil incluya como una de sus principales demandas a nivel local, la protección de nuestra biodiversidad y de nuestros líderes ambientales», explica Goebertus.

Ha habido algunos avances: en 2022, la Corte Suprema de Justicia de Honduras condenó a 22 años de prisión al exdirector de la hidroeléctrica DESA, Roberto Castillo, por ordenar y planificar el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres. El Acuerdo ambiental de Escazú, que está en proceso de ratificación en América Latina y obligaría a los Estados a prevenir e investigar los ataques contra los ambientalistas, parece ser también un paso en la dirección correcta: la labor de proteger los bosques, la biodiversidad y las fuentes hídricas es cada vez más importante para la supervivencia de la humanidad.