Siglo XXI

La polarización, a imprenta

En la discusión sobre el bloqueo del Tribunal Constitucional, las diferencias entre los editoriales de ‘El País’ y ‘El Mundo’ dejan entrever la fuerte polarización social en España: mientras en un diario la democracia se ve en cierto modo amenazada, en otro, por el contrario, se ve salvada del «arrollamiento autoritario» del Gobierno.

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22
Dic
2022
polarización

Las palabras lanzadas estos días desde el núcleo del Gobierno y el principal partido de la oposición, el Partido Popular, en relación a la polémica decisión del Tribunal Constitucional, no han caído en saco roto. Y no por la grandilocuencia que pudieran contener: su eco ha sido recogido por los dos grandes diarios nacionales, El País y El Mundo, que, con su respectiva afinidad ideológica y en plena ola de polarización, parecen representar dos visiones irreconciliables de un mismo país. Así lo demuestran sus dos editoriales, donde si bien el hecho es el mismo –la inédita decisión del Tribunal Constitucional de paralizar una medida en pleno trámite parlamentario–, sus culpables difieren. Los titulares son reveladores: El pleno del sabotaje y El Estado de derecho se impone.

La polémica surge a raíz del discutido bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, cuya paralización acumula meses de retraso. El Gobierno, precisamente con el objetivo de deshacer el nudo jurídico, decidió hace escasos días reformar de urgencia la Ley del Poder Judicial a través de dos enmiendas votadas dentro de una proposición de ley  –que ya estaba en trámite– para reformar el Código Penal.

El objetivo era eliminar ciertos requisitos, como la rebaja de las mayorías necesarias para nombrar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, intentando con ello desbloquear la renovación de los tres jueces cuyo mandato caduco se alarga ya por meses. El PP, considerando que la falta de debate parlamentario suponía una vulneración del artículo 23.1 de la Constitución –es decir, del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes–, presentó un recurso contra ambas enmiendas. La decisión del Tribunal Constitucional, inédita por su capacidad de paralizar una votación con tamaña rapidez –capacidad que, hasta ahora, solo ha ejercido con leyes ya aprobadas y con recursos pendientes fechados más de una década atrás–, ha dejado al descubierto las costuras de una polarización que amenaza con rasgar el tapiz de la democracia española.

Un ojo a cada lado

«Entramos en terreno desconocido con una intromisión inédita del Constitucional en la autonomía parlamentaria de las Cortes españolas», reza el editorial de El País, que considera «inconcebible» la interrupción del órgano jurídico en el Senado. Desde este periódico se llega a mencionar el «retorcimiento de las reglas» del Tribunal, en clara alusión al rechazo a la propuesta de Unidas Podemos, que presentó un escrito previo a la votación solicitando la recusación de dos de los magistrados –entre ellos el presidente– al argumentar que la decisión, debido a su mandato caduco, les afectaba plenamente.

Para ‘El Mundo’, la democracia no peligra en modo alguno: la decisión del Constitucional es «la prueba de que el Estado de derecho se impone»

Es la sombra del lawfare (o guerra política mediante el derecho), popular en Estados Unidos, la que sobrevuela esta perspectiva. Los hombres con toga, aquí, serían responsables de los engorrosos obstáculos que impiden la realización de la voluntad popular. Un miedo legítimo: con la separación de poderes, Montesquieu reflejaba su miedo no tanto a un gobierno incontrolable, sino «a la sospecha de que los jueces podían sobrepasar fácilmente los límites de sus acciones», como apuntaba el politólogo Víctor Lapuente en una columna este mismo verano. No es para menos: desde el inicio de esta legislatura, la necesidad de renovar el órgano judicial y el CGPJ ha sido carne de diario una y otra vez.

Así, según destaca el periódico, «[la decisión] ignora la voluntad de los españoles expresada en las urnas, las mayorías parlamentarias conformadas tras las elecciones y las decisiones legislativas aprobadas en las Cámaras», si bien hace referencia a los «atajos legislativos sobradamente censurados por este periódico y cuya constitucionalidad una vez aprobados puede valorar el tribunal». Es la supuesta instrumentalidad del tribunal lo que causa la dura condena ideológica por parte del editorial, que no duda en hablar de la impotente voluntad de los legisladores, ahora «cercenada».

Poco coinciden desde El Mundo, donde la visión es completamente opuesta. Desde su editorial aseguran no solo que la democracia no peligra en modo alguno –sin intromisiones indebidas– sino que, de hecho, ha sido salvada. La decisión, aseguran en sus líneas, es la «prueba de que el Estado de derecho se impone»; dicho de otro modo, de que la separación de poderes funciona de forma adecuada.

‘El País’ señala que se está «ignorando la voluntad de los españoles expresada en las urnas»

La perspectiva choca frontalmente con El País: mientras en este último se había subyugado la voluntad popular expresada en las urnas, aquí está liberada, ya que es el Tribunal Constitucional el que precisamente permite que el Parlamento –en especial el Partido Popular, desde donde estos últimos cuatro años se ha esgrimido hacia el Gobierno las acusaciones de traición y golpismo– pueda debatir una medida de alto calado. Ambos enfoques chocan frontalmente.

Así, El Mundo no duda en calificar de «arrollamiento autoritario» la medida de un Gobierno al que ha criticado con dureza durante los últimos años. Es, afirman, algo deliberado, una «estrategia de polarización» que erosiona «la convivencia de la que España ha disfrutado». Aquí son los jueces, en definitiva, quienes «mantienen el baluarte de la Constitución en pie», y no al revés.

No es baladí: la profunda división entre ambas cabeceras refleja también la brecha de la sociedad española, para la cual ni siquiera los principales partidos políticos, antaño adalides del bipartidismo y la moderación, parecen estar libres de toda sospecha de ilegitimidad. Ambos revelan, a su manera, la «división en bloques alineados» del país, según las palabras del periodista José Ignacio Wert.

Una lucha soterrada por el corazón del país que aún se refleja en la apócrifa –aunque útil, como toda cita falsa que sobrevive a la historia– frase atribuida a Otto von Bismarck, el Canciller de Hierro: «Estoy firmemente convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos queriendo destruirse a sí misma y todavía no lo ha conseguido».

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