¿Dónde está la responsabilidad política ante la nefasta ley del ‘solo sí es sí’?

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Loola Pérez

@DoctoraGlas

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Moncloa

La entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como la ley de solo sí es sí, ha revuelto a la oposición y a la opinión pública. Su aplicación ha supuesto la rebaja de más de un centenar de condenas a abusadores y agresores sexuales, así como la excarcelación de algunos condenados por delitos sexuales y la revisión, en estos momentos, de tantos otros casos. El malestar está presente incluso en muchos miembros del propio Gobierno. Las deficiencias técnicas de la ley y sus consecuencias han agravado la crisis de credibilidad del Ministerio de Igualdad. El daño parece irreparable. Se hace muy difícil explicar a la ciudadanía cómo una normativa que buscaba proteger a las mujeres está fallando cada vez a más víctimas.

Con respecto al nefasto impacto de la ley, las explicaciones aportadas por el Ministerio de Irene Montero resultan torpes e insuficientes. Antes de la aprobación del texto, algunos juristas y el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtieron de que la nueva normativa podría provocar un efecto de desprotección en las víctimas. Al fusionarse los delitos de abuso y agresión –pasando a calificarse todos ahora como agresión sexual– no solo la pena mínima y la pena máxima variaban, sino que también cabía la posibilidad de que se rebajaran algunas condenas. Igualdad ignoró tales aspectos, calificándolos de «propaganda machista».

A día de hoy, Montero sigue culpando a los jueces de la interpretación que estos hacen de la ley. En su delirante exposición pública, no ha dudado en calificarlos de «machistas» e «insensibles». La sobregeneralización, además de sonrojante, evidencia una resistencia absoluta a la asunción de responsabilidades, ya sea entonando el mea culpa o dimitiendo.

«La ministra está contribuyendo al descrédito de la institución y a la desconfianza en las políticas de igualdad y el movimiento feminista»

Tampoco asume una eventual responsabilidad cuando las críticas parten de la oposición. Montero trata entonces de situar el foco en anteriores y desafortunadas campañas de sensibilización contra la violencia sexual o los derechos de las mujeres. Sus energías se dirigen, entonces, al conflicto por el conflicto y a la ausencia de soluciones, si bien de poco sirven las estrategias de distracción cuando se trata de cuestiones que causan una gran conmoción social. Es un equívoco frecuente, pero a medio y largo plazo certifica uno de los males de la clase política española: su falta de voluntad de servicio; la ciudadanía necesita respuestas, no excusas.

En su pretensión por mostrarse indefectible e incuestionable, la ministra de Igualdad está contribuyendo fehacientemente al descrédito de la institución y la desconfianza en las políticas de igualdad y el movimiento feminista. No resulta extraño que cada vez más personas consideren que su empatía hacia las víctimas es oportunista y ambivalente. ¿Tanto descendería su prestigio político al reconocer que la ley de solo sí es sí no solo es mejorable sino que hoy por hoy incluye errores que socavan los valores que la fundamentaron e impulsaron?

El fundamento ideológico para defender esta nueva ley consistía en «colocar el consentimiento en el centro» y aumentar la protección de las mujeres ante cualquier delito sexual. Las consecuencias prácticas de la normativa vienen a cuestionar esta motivación y a especular sobre otros intereses en su disposición. ¿Acaso la nueva ley no podría haberse impulsado desde un alarde de «populismo punitivo» y «miedo al delito»? ¿La aspiración de instrumentalizar a las víctimas? ¿La ambición electoral y no propiamente una finalidad social con la que contribuir al bien general?

Asimismo, merece poner atención a otro desgraciado efecto de la ley: la victimización secundaria. Parece que nadie en el Ministerio de Igualdad valoró el impacto psicológico que podría suponer las lagunas de la normativa en todas esas víctimas que confiaron en el sistema judicial y hoy son testigos de cómo sus agresores ven rebajadas sus condenas o evaden la cárcel. En este contexto, la víctima no es solo víctima de un agresor: también es víctima de una institución que no la comprende, que desprecia su dolor y sus derechos (como, por ejemplo, el derecho a la información, la reparación y la justicia).

La ciudadanía no debería conformarse con los berreos de la ultraderecha ante este despropósito. La queja por la queja y el insulto como forma de hacer oposición aseguran la confrontación, no el buen funcionamiento del sistema democrático. Nos merecemos una reflexión serena y crítica sobre los efectos de la ley de solo sí es sí. Se trata de conocer qué se pudo hacer y no se hizo, qué se hizo mal y si las consecuencias de tales decisiones merecen reprobación o no. Considero que esa reflexión debería proceder de la ministra de Igualdad y del Gobierno. Sin embargo, esto solo será posible si se asume una responsabilidad objetiva, si se admite el convencimiento moral y político de las propias acciones y, por supuesto, si se desea no repetir errores.