¿Puede la regulación impulsar la innovación sostenible?

Artículo

Raquel C. Pico

@raquelpico

Ilustración

Yvonne Redín

La reciente ola de grandes incendios o la actual sequía, consecuencia de un verano inusualmente caluroso, han supuesto para muchos la señal y advertencia definitiva de que, de no actuar con contundencia, nos enfrentaremos a un futuro plagado de desastres que alcanzarán todas las dimensiones de la sociedad. La presión de los consumidores, cada vez más preocupados por el desgaste del planeta, ha ido llevando a las compañías a crear planes más verdes y a apostar por una innovación más sostenible. Un camino en el que todavía queda mucho por hacer y donde los cambios apenas han empezado a tomar forma.

Para que esta evolución se produzca en los cortos tiempos que demanda la crisis climática, ya no vale solo con esperar la buena voluntad corporativa o incrementar la presión de los propios consumidores. Lejos de eso, quizás lo que realmente urja sea crear un nuevo marco normativo que se ajuste a las dimensiones del problema. Es decir, contar con unas normas que igualen el mercado y, sobre todo, marquen unos parámetros sostenibles que todas las empresas estén obligadas a cumplir. Y es aquí donde surge la siguiente cuestión: ¿puede convertirse la propia regulación en la principal guía para las empresas de cara a impulsar la innovación sostenible?

Algunas compañías llevan años reclamando marcos legislativos más ambiciosos en materia medioambiental

No es una cuestión nueva. De hecho, son las propias compañías las que llevan ya años reclamando la creación de estos parámetros. En su momento, ya un manifiesto firmado por los consejeros delegados de multinacionales de los más variados sectores tras una cumbre celebrada en Davos en 2015, reclamaba que se creasen normativas que regulasen el mercado en términos medioambientales de una manera más ambiciosa. Desde entonces, la respuesta ha sido cuanto menos variada, puesto que la guerras cultural y política que han inundado la cuestión medioambiental han tenido un impacto evidente en la forma de legislar.

Sin embargo, en algunas regiones y países sí se han ido creando normativas vinculadas a los objetivos de sostenibilidad. Unas regulaciones cuya puesta en marcha ha logrado reconducir el mercado allí donde impactan. En este sentido, la entrada en vigor del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenible en la Unión Europea –que potencia la inversión ASG y tiene en cuenta factores ambientales, sociales y de gobernanza– contribuyó a dar impulso a ese mercado y logró un mayor interés por las finanzas verdes.

Un ejemplo más cercano al consumidor final son las normativas que han ido penalizando el uso de plástico o potenciando packagings más respetuosos con el medioambiente, las cuales han acabado por modificar los patrones de comportamiento de la ciudadanía y, sobre todo, han igualado las reglas del juego para todos los players del mercado. Hemos transformado la cesta de la compra progresivamente, apostando por productos que, a priori, hace unos años eran más complejos de percibir, como las bolsas de fibra de patata, los anillos de bebidas de cartón y la sustitución del plástico en los productos de un solo uso como las pajitas. Un cambio de escenario que, además de la propia contribución en ese sector concreto, acaba produciendo un efecto llamada en nichos que quedaban fuera de la normativa inicial. Es el caso, por ejemplo, de las grandes cadenas de moda, donde se han adoptado políticas más sostenibles aprovechando que los consumidores ya estaban acostumbrados.

Cambios para la movilidad

Pongamos de ejemplo el transporte, uno de los sectores más contaminantes y en el que las normativas que crean un marco favorable para la descarbonización pueden ser más que una ayuda de cara a dar el salto a esa innovación sostenible (zonas de bajas emisiones en el centro de las ciudades para evitar el acceso de los vehículos más contaminantes, renovación de las flotas, uso de energías alternativas…).

Los planes para reducir la producción de coches de combustión y limitaciones como las zonas de bajas emisiones han impulsado las ventas de vehículos eléctricos

Es el caso de Cabify, una de las empresas líderes en la movilidad compartida y desde donde se han fijado la meta de que el 100% de sus viajes sean en flotas descarbonizadas o eléctricas en España para 2015 y en Latinoamérica para 2030. Con ese propósito, la empresa está apostando por tecnología (aumentando la accesibilidad, optimizando rutas o potenciando formatos sharing) y por la renovación de su flota con vehículos más respetuosos con el entorno. No es el único cambio tangible por parte de Cabify. La compañía acaba de crear en España la primera flota VTC que utiliza el hidrógeno como energía, para hacer de nuestras ciudades «un lugar mejor para vivir», tal y como manifiesta Daniel Bedoya, regional manager de Cabify en España. De esta manera y tras un acuerdo con Toyota, Cabify ha incorporado sus cuatro primeros vehículos impulsados por este componente en Madrid.

Un interés, el de potenciar ciudades verdes, que se ha visto favorecido por un marco normativo acorde. «Este acuerdo, en línea con el plan trazado en la Hoja de Ruta del Hidrógeno del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, supone un ejemplo de colaboración entre compañías y representa un hito en la movilidad sostenible», aseguraba en la presentación de la introducción de esta nueva flota Arturo Gonzalo, consejero delegado de Enagás, uno de los partners de la firma de movilidad en este proceso.

En esta transición, figuras económicas como los préstamos verdes –como el que recibió la compañía recientemente por parte del Banco Europeo de Inversiones para la descarbonización de su flota– y un marco normativo que apoye el cambio resultan esenciales. Consciente de ello, la Unión Europea (UE) ha activado un calendario para terminar la comercialización de coches de combustión, una medida que ha generado un gran efecto llamada. Prueba de ello es el aumento del parque de vehículos sostenibles y el crecimiento en las ventas, disparadas desde 2021.

Pese a que en la UE se han dado algunos de los ejemplos más evidentes, estos cambios no son exclusivos. Muchos otros países están aprobando leyes que impactan en la movilidad de una manera directa o indirecta. En Chile, por ejemplo, la Comisión para el Mercado Financiero obliga ahora a las empresas a reportar sus políticas, prácticas y metas adoptadas en materia medioambiental, social y de gobernanza. Es decir, en sus cuentas debe quedar muy claro qué han hecho en materia de sostenibilidad. En resumidas cuentas, alinear los objetivos de sostenibilidad de las empresas y las normativas regulatorias genera, no solo un contexto en el que el esfuerzo es más factible, sino un estímulo para alcanzar los compromisos marcados.