Sociedad

El ¿derecho? a tener un móvil

Las nuevas tecnologías son un elemento cada vez más indispensable de nuestro día a día. Pero, si el ‘smartphone’ ya es fundamental a la hora de encontrar trabajo o hacer trámites en la Administración, ¿deberían los Estados sufragar el gasto derivado de adquirir un teléfono inteligente para asegurarse de que nadie se queda atrás?

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25
Abr
2022
móvil

Las nuevas tecnologías se han convertido en elementos fundamentales de nuestras modernas vidas. Es un argumento irrebatible. Sin embargo, cabe preguntarse si es tan cierto eso de que hemos elegido adoptar móviles, ordenadores, portátiles y tabletas como elementos centrales de nuestra cotidianeidad. Quizá sea más preciso decir que estos dispositivos se han situado socialmente como herramientas indispensables en nuestra interacción con el mundo porque no disponer de ellos supone quedarse al margen (en múltiples sentidos).

Las aplicaciones de descarga, los envíos de currículum exclusivamente a través de formularios web o mail y los trámites con la Administración Pública que solo pueden hacerse desde el ordenador son solo algunos de los ejemplos que demuestran hasta qué punto está dejando de ser posible desenvolverse en unas sociedades cada vez más digitalizadas. Si el smartphone se ha convertido en una herramienta casi de primera necesidad, ¿sería pertinente defender el derecho a disponer de uno? ¿Deberían los Estados sufragar el gasto derivado de comprar un teléfono inteligente? ¿Por qué siguen permitiéndose diseños basados en la obsolescencia programada?

Esta supremacía tecnológica se puso de manifiesto especialmente en la crisis originada por la covid-19. Durante los meses de confinamiento y los posteriores, en los que se fundió lo presencial con lo virtual, se presupuso que la vasta mayoría de ciudadanos (por no decir el cien por cien) disponía de ordenador, tablet o teléfono móvil. Pero lo cierto es que muchos hogares no cumplían con esta premisa, porque no disponían (ni disponen) de recursos económicos suficientes para invertirlo en tecnología.

Este apagón tecnológico sufrido por cierta parte de la población no es baladí, pues apela directamente a los derechos fundamentales (a la educación, a la información, a la comunicación). Algo similar ocurre con el teletrabajo: es el propio personal el que aporta en muchos casos sus dispositivos electrónicos a un mercado laboral que debería proveer de las herramientas necesarias para desempeñar la labor. Utilizamos tanto nuestros dispositivos tecnológicos que acaban con problemas, averías y desperfectos como resultado. ¿Es entonces ético que nos tengamos que hacer cargo de su reparación? 

¿Adaptarse a todas las situaciones, aunque no sean naturales, es siempre lo más recomendable a nivel social?

Es más: ¿consideramos ético que se estropeen y haya que reemplazarlos cuando podrían diseñarse para no hacerlo? El mundo tecnológico se ha convertido en un gran animal económico al que es necesario seguir dándole alimento para que crezca. En 2021, el Parlamento Europeo anunció una propuesta para la Comisión Europea encaminada a que a finales de este año se apruebe la iniciativa del derecho a reparar, buscando que los productos se diseñen para durar más tiempo para que puedan repararse de forma segura y con facilidad. Y es que, según una encuesta reciente del Eurobarómetro, casi el 80% de la ciudadanía europea considera que se deberían exigir ciertos requisitos a las empresas fabricantes de dispositivos móviles.

Otra rama que brota del mundo de las nuevas tecnologías es la necesidad de tener conocimientos relacionados con él. De poco sirve disponer de una herramienta a la que no se sabe dar uso. Las personas de edad más avanzada, las que cuentan con menos tiempo para la formación, las que desempeñan tareas menos centradas en lo digital o las que tienen menos recursos son quienes se encuentran con mayores dificultades. Al llegar a este punto, otra pregunta se vuelve pertinente. ¿Está actualmente la tecnología a nuestro servicio o somos la ciudadanía quienes estamos al suyo?

Recientemente, las personas mayores de España encabezaron una protesta por el cada vez más escaso personal humano en las oficinas bancarias, sobre todo en las zonas rurales, y la mayor cifra de cajeros automáticos y acciones que se deben realizar de manera telemática. Puede que haya quienes prefieran continuar con su dispositivo analógico de siempre, y en ese caso sus problemas empiezan a acrecentarse. Pero incluso aunque utilicen un teléfono inteligente, hay ciertas funciones a las que no acceden, por falta de conocimiento, de interés, o ambas. ¿Adaptarse a todas las situaciones, aunque no sean naturales, es siempre lo más recomendable a nivel social?

Quizá sea el momento de reflexionar sobre si el lugar al que nos dirigimos es más o menos humano que el actual. Una vez tengamos la respuesta será el momento de buscar alternativas u opciones para valorar si el uso y el desempeño con el teléfono móvil tendría que ser un derecho, una necesidad o una opción.

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