La revancha de los poderosos

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Moisés Naím

El problema fundamental al crear un Gobierno que verdaderamente rinda cuentas al pueblo es tan antiguo que su formulación más conocida viene del latín: quis custodiet ipsos custodes? ¿Quién vigila a los vigilantes? Un Gobierno necesita tener el poder para hacer cosas, pero ese poder debe limitarse de alguna forma para que no se descontrole y domine a toda la sociedad. Alguien tiene que vigilar a los vigilantes, observar con ojo atento aquellos en cuyas manos se deposita la autoridad para que no abusen ni puedan abusar jamás de ella.

Para ello, las sociedades modernas recurren a un inteligente diseño institucional integrado en el consenso liberal: un sistema interconectado de órganos de Gobierno que se vigilan entre sí para garantizar que ninguno pueda amasar todo el poder y lo utilice para sus propios fines en vez de para el bien público.

En la tradición estadounidense, ese sistema suele denominarse de «pesos, contrapesos y controles». Es una idea antigua pero acertada. En realidad, es seguramente de lo mejor que Estados Unidos ha exportado al resto del mundo.

Como es sabido, después de haber sufrido un aumento incontrolable del poder por parte del monarca británico, los fundadores de Estados Unidos se obsesionaron con el deseo de garantizar que el brazo ejecutivo del nuevo país no pudiera caer preso de la misma inclinación. El sistema de pesos y contrapesos que consagraron en la Constitución –escrita durante cuatro meses en 1787– sirvió de modelo a los que redactaron constituciones en todo el mundo. La influencia de los fundadores de Estados Unidos llega hoy muy lejos de sus fronteras. En todo el mundo, salvaguardias como la limitación de mandatos, la supervisión del Congreso, la revisión judicial, la libertad de prensa, la aplicación apolítica de la ley, la independencia judicial y parlamentaria, las elecciones periódicas y un ejército supeditado al poder civil están garantizadas por las leyes.

En la actualidad, los autócratas en ciernes que aspiran a hacerse con el poder absoluto necesitan, por encima de todo, un método fiable para sortear esos controles. Y la existencia de controles en todo el mundo hace que el intento de vaciarlos de contenido también sea un fenómeno mundial. En todos los países en los que se instauran límites al poder ejecutivo surgen a continuación métodos furtivos para anularlos.

Los autócratas que aspiran a hacerse con el poder absoluto necesitan un método para sortear los controles y contrapesos liberales

Los controles fundamentales se aplican mediante el Estado de derecho. De modo que, para ejercer un control autocrático sin restricciones, el primer requisito es encontrar una forma fiable de subvertirlo. No es algo que se pueda hacer a la vista de todos. La primera regla de las tres pes (3P) es mantener siempre las formas externas de la legalidad y el orden constitucional. El déspota desvergonzado vestido de uniforme con charreteras que cerraba tribunales y gritaba órdenes a sus subordinados es una reliquia del siglo XX que se desvanece en el espejo retrovisor de la historia. Lo que los autócratas del siglo XX hacían por la fuerza, sus homólogos del siglo XXI lo hacen mediante el sigilo. Si sus predecesores del siglo XX se proponían destruir el Estado de derecho empleando la fuerza bruta, los autócratas del siglo XXI lo socavan mediante el poder corrosivo de la falsa imitación.

En ese empeño, mantener una apariencia de legalidad, por mínima que sea, no es una cuestión superficial. A menudo constituye el elemento crucial. Es necesario mantener las apariencias para poder desmantelar el sistema de control que forma la base del consenso democrático liberal. Pero ¿cómo se consigue?

Pseudoley: la corrosión del Estado de derecho desde dentro

Una estrategia fundamental para lograrlo es la pseudoley: una imitación corrupta del Estado de derecho que, en realidad, es su enemigo mortal.

La pseudoley es a la verdadera ley lo que las pseudociencias son a las verdaderas ciencias. Así como las pseudociencias se apropian de las formas externas a las ciencias para pervertirlas, la pseudoley toma prestado el aspecto del principio de legalidad para vaciarlo de contenido.

Un ejemplo son los esfuerzos de la industria del petróleo para subvertir la climatología. Durante decenios, las grandes empresas petroleras invirtieron todo el dinero del mundo en encargar «estudios» académicos que invariablemente llegaban a la conclusión de que se exageraba al valorar la amenaza que representaba la contaminación procedente del carbono. Los artículos de estos investigadores tenían todo el aspecto de auténticos ensayos científicos; imitaban de forma deliberada a la ciencia. Pero, como han demostrado de sobra autores como Steve Coll y David Michaels, esos informes no tenían nada de científicos: eran pseudociencia creada para esparcir dudas sobre la realidad.

La pseudoley adopta los aspectos formales de la ley para debilitar su contenido esencial

Es una dinámica similar a la que se ha utilizado para promover el tabaco, las bebidas azucaradas e incluso la prescripción pasiva de opiáceos: una y otra vez se utilizan argumentos falsamente científicos, disfrazados de forma que parezcan reales, con el fin de justificar lo injustificable.

Es fácil comprender por qué los grupos de interés más poderosos usan este método. Enfrentarse descaradamente a la ciencia sería inútil, porque todo el mundo reconoce que es la forma de adquirir conocimientos legítimos sobre el mundo natural. Por eso aquellos que quieren sembrar dudas sobre los procedimientos científicos prefieren imitarlos en vez de negarlos. El objetivo fundamental, por supuesto, es evitar, retrasar o suavizar cualquier regulación oficial que pueda reducir sus beneficios.

Los grupos de presión, en lugar de organizar un ataque frontal contra la ciencia, dedican años y años e invierten grandes cantidades de dinero para socavarla, subvencionan a expertos para que redacten informes científicos en apariencia, pero no en la realidad, para dar la impresión de que existe una polémica entre estudiosos cuando, en realidad, no la hay. La táctica es siempre la misma: apropiarse de las formas externas de la ciencia para ocultar las conclusiones de los verdaderos científicos.
Pues bien, la pseudoley sigue ese mismo modelo. Adopta los aspectos formales de la ley para debilitar su contenido esencial.

¿Cómo se plasma la pseudoley en la práctica? Por ejemplo, Donald Trump, en 2017, publicó un decreto ley elaborado a toda prisa para prohibir la llegada de viajeros desde varios países de mayoría musulmana y afirmó que era una medida necesaria por motivos de seguridad nacional. La entonces presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, prohibió en 2009 la exportación de carne de vacuno por motivos de «seguridad alimentaria», pese a que todo el mundo sabía que era un intento muy poco disimulado de castigar a sus detractores en el sector. La Sala Disciplinaria del Tribunal Constitucional de Polonia sancionó a los jueces que habían fallado en contra de los intereses del Gobierno tras una vista rápida conducida por magistrados dóciles que guardaron las formas habituales de los trámites judiciales.

Es una estrategia similar a la que el profesor Javier Corrales, del Amherst College, llama «legalismo autocrático». Corrales subraya que este método se ha utilizado de forma sorprendentemente parecida en países tan distintos como Estados Unidos y Venezuela, y señala: «En todo el mundo hay presidentes que emplean distintas tácticas para poder gobernar sin restricciones, pero utilizan una estrategia común que consiste en erosionar la imparcialidad de la ley. El objetivo siempre es utilizar y manipular las leyes para protegerse a sí mismos y a sus aliados. Ese es el legalismo autocrático».

La parte retorcida es que, cuando los autócratas de las 3P empiezan a utilizar las pseudoleyes para afianzarse en el poder, es frecuente que a sus adversarios les cueste resistirse a utilizar sus propias medidas pseudolegales para revocar esas pseudoleyes, si es que alguna vez llegan al poder.

Este es un fragmento de ‘La revancha de los poderosos‘ (Debate), por Moisés Naím.