Sociedad

La España vacía (y olvidada) y la necesidad de un país ético

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15
Mar
2022
España vacía
Concejo de Allande, Asturias. Fotografía por el autor.

Vivimos en una sociedad compleja, interconectada y en ocasiones muy deshumanizada. Los avances científicos y tecnológicos deberían haber logrado en pleno 2022 el bienestar pleno para todas las personas del planeta, pero lo cierto es que no es así. Debemos replantearnos la necesidad imperiosa de construir alternativas sociales y económicas que nos permitan humanizar la sociedad y alejarnos del interés pleno en el rendimiento económico del sistema capitalista digital y programado.

En este sentido, y vinculado a la realidad de la España contemporánea, debemos analizar con honestidad y rigurosidad la situación del 42% de los concejos y municipios de España: mientras el gran capital económico se localiza en ciudades de tamaño medio y grande, una parte de nuestra tierra se muere de abandono. Algunos expertos en materia de desarrollo social y demográfico hablan de la España despoblada, y es que la cuestión poblacional va más allá de los censos y de las relaciones de habitantes por kilómetro cuadrado: afecta a la dignidad de cada una de las personas, implicando niveles de privilegio a la hora de desarrollarse como ciudadanos. A grandes rasgos, y evitando generalizaciones, no es lo mismo ser ciudadano rural que ejercitar la ciudadanía en contextos urbanos y desarrollados; a día de hoy, por tanto, existe una gran desigualdad entre los entornos rurales y los urbanos.

La reciente pandemia de la covid-19 ha dejado patente el abandono de las zonas rurales nacionales. Hablar de la España olvidada requiere citar la situación de abandono que sufren las antiguas áreas de desarrollo agrario y forestal que no fueron capaces de reconvertirse a las nuevas realidades económicas, generándose un proceso de desconexión de la vida moderna del siglo XXI; es la España desconectada. El mundo rural olvidado, abandonado y silenciado fue utilizado como vía de escape de los confinamientos decretados por los Estados, pero con la vuelta a la normalidad el olvido ha vuelto a la realidad cotidiana de nuestras aldeas y de pueblos; entidades donde, en realidad, reside la esencia cultural de la nación.

Mientras el gran capital se localiza en ciudades grandes y medianas, una parte de nuestra tierra se muere de abandono

Siendo sinceros con la realidad en la que vivimos, y recordando aquello de «saldremos más fuertes y cohesionados», se ha demostrado que la defensa de la «cuestión rural» es llevada a cabo, nuevamente, por aquellas personas que lo hacían antes. No podemos esperar a que las grandes corporaciones e instituciones ofrezcan soluciones a la España rural, hoy olvidada: es hora de empoderar a la ciudadanía y de ofrecer un proyecto ético para ella.

Las recientes elecciones en Castilla y León han dejado patente dos cuestiones. En primer lugar, que los derechos conquistados pueden sufrir involuciones, pero también que la España rural necesita un verdadero proyecto de país. Es así como podremos co-construir las líneas maestras de aquello que queremos ser tanto hoy como en el futuro.

¿Cuáles son los derechos inalienables de la ciudadanía rural?

Debemos de señalar una definición que pueda englobar a todas las personas que quieran formar parte de la nueva ruralidad: «Dícese de aquella persona que vive en el mundo rural o vinculado a él y que produce, consume, vive y convive y lucha por la dignidad rural allá donde se encuentre». Los derechos inalienables de toda la ciudadanía rural vendrían marcados históricamente por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Universal de Derechos Humanos y por la reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras Personas que trabajan en Zonas Rurales. A continuación, se propone una declaración sintética:

Art.1: Toda la ciudadanía rural nace y permanece libre. La ciudadanía rural organizada y empoderada, a través de la libre asociación, tiene el derecho a definir y desarrollar prioridades y estrategias para ejercer su derecho al desarrollo social y comunitario. Los Estados deberán consultar y cooperar de buena fe con el fin de lograr el máximo bienestar social, excluyendo cualquier interés no lícito que pueda perjudicar el bien general.

Art.2: La democracia y la cooperación social intergeneracional serán los sistemas de organización social que garanticen un mundo rural moderno, inclusivo y participativo. Se deberá corregir cualquier situación de dominación, control o caciquismo rural. El papel de la ciudadanía organizada es esencial en el devenir de cada uno de los espacios rurales modernos.

Art.3: La ciudadanía rural tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales sin sufrir ningún tipo de discriminación por motivos de origen, nacionalidad, raza, color, linaje, sexo, idioma, cultura, estado civil, patrimonio, discapacidad, edad, situación económica, identidad sexual o cualquier rasgo propio. Debemos de garantizar la igualdad y la no discriminación de colectivos históricamente castigados, como puede ser el colectivo juvenil, el femenino o el LGTBI+. Los planes de inserción social serán la herramienta básica a implementar, siendo apoyada por medidas de apoyo socioeconómico. La transformación de la mentalidad social será esencial, abandonando viejos cánones limitantes.

Art.4: El derecho al trabajo digno y de calidad deberá estar vinculado al derecho de acceso a la tierra y a los recursos naturales, garantizando a la ciudadanía rural ingresos que ofrezcan un bienestar físico, mental y social de la persona.

Art.5: Toda la ciudadanía rural tiene derecho a la libertad de circulación, la libertad de asociación, la libertad de pensamiento y a trabajar por el bien común de la comunidad de la que forma parte. La participación social será la base de la nueva ruralidad moderna, digital, inclusiva y ecológica. Los poderes públicos garantizarán la participación social deliberativa para que no solo sirva como elemento formal del funcionamiento democrático.

Art.6: La dignidad humana de todas las personas rurales y la participación sociopolítica deberán ir acompañadas de dos derechos esenciales: el derecho a la protección jurídica y el derecho a la información.

Art.7: El derecho a la alimentación saludable y a la soberanía alimentaria sostenible favorecerá la existencia de un medio ambiente limpio, seguro y saludable, que deberá ser utilizado y administrado exclusivamente desde la perspectiva del bien común.

Art.8: Las instituciones, las universidades, las empresas y todos los agentes sociales deberán velar por el derecho a la salud física y mental, a la vivienda, a la formación y a la conexión de la ruralidad con el resto de entidades humanas.

Art.9: La diversidad biológica de los sistemas sociotécnicos rurales deberá ser promocionada en cada uno de los organismos e instituciones sociales. La democracia y los representantes elegidos democráticamente deberán luchar por la innovación y la resiliencia de la sociedad rural, protegiendo la cultura y los saberes tradicionales –e incorporando nuevas propuestas– desde la sostenibilidad y la protección de la naturaleza.

Art.10: El bienestar y la libertad de cada una de las personas rurales no podrá perjudicar en ningún caso al bien común. Toda la ciudadanía rural tiene derecho a contribuir a la dignificación de la España rural, bien sea personalmente o a través de sus representantes elegidos democráticamente. La diversidad será protegida y respetada en cada una de las áreas de actuación de la acción humana y específica. El bien común primará al bienestar personal, respetando el derecho a la propiedad y la reglamentación jurídica vigente.

Bases para una ética de la acción rural

La fraternidad, de la que brota la justicia, constituye la «salvación» para aquellas personas vulnerables de nuestra ruralidad abandonada. Para lograr solucionar los problemas de forma personalizada debemos superar una serie de barreras que limitan el empoderamiento ciudadano en relación a la cuestión rural.

Uno de los primeros obstáculos lo constituye el egoísmo de la sociedad: si bien las generalizaciones nunca son beneficiosas, hemos de afirmar –a grandes rasgos– que en el mundo rural actual prima el individualismo y el bienestar individual frente al bien común. Por tanto, hemos de apuntar hacia el egoísmo racional que paraliza el progreso comunitario en beneficio del desarrollo de todas las personas de la ruralidad específica. La unión hace la fuerza.

Es necesario denunciar el peligroso criterio de la rentabilidad que se tiene en algunas instituciones públicas

A ello se suma que al capitalismo, en realidad, no le interesa la España rural: en este ámbito no se produce ni se consume como en los entornos urbanos, por lo que el beneficio que enriquece al capitalismo es escaso. De este modo, las grandes corporaciones empresariales dejan de lado el desarrollo de una gran parte de la sociedad. Es necesario denunciar el peligroso criterio de la rentabilidad que se tiene en algunas instituciones públicas, algo que favorece la masificación en las medias y grandes ciudades. La acción individual de las personas deberá ser canalizada a través de la acción colectiva. Se ha de propulsar acciones colectivas que generen transformaciones sociales en beneficio de la sociedad rural y de toda su ciudadanía, sin exclusiones de ningún tipo.

En cuanto a la transformación, ¿necesitamos reformas parciales o auténticas transformaciones? Asumiendo nuestra historia social rural es posible observar cómo las altas clases sociales han ido conservando sus privilegios adaptándose a las realidades histórico-temporales. Por este motivo, la participación social consciente será la clave para promover verdaderas transformaciones humanísticas. La posible utopía deberá tener en cuenta las realidades imperantes sin olvidar la meta final. La acción política colectiva será la única herramienta que podrá garantizar una verdadera presión a los grandes lobbies económicos y políticos.

Vivimos tiempos difíciles y complicados: sabemos nuestra historia, pero no la de las demás personas que nos acompañan en la ruralidad, y mientras defendemos el derecho a la diversidad, en ocasiones nos convertimos en agentes normalizadores de nuestras identidades. Frente a la normalización sería necesario potenciar la diversidad y el compromiso a co-construir un mundo rural diverso e inclusivo.

Es hora de co-construir un verdadero proyecto ético de país para la España rural, asumiendo los derechos inalienables de su ciudadanía, propulsando la consecución de las metas humanísticas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asumiendo el actual modelo económico y de gobernanza nacional, europeo y global, la única metodología para dignificar la España olvidada y desconectada de la modernidad será la autogestión. Siendo conscientes de la ardua tarea que implica vivir en el sistema capitalista y ser coherentes a los principios humanísticos y éticos, toda la ciudadanía rural ha de replantearse una ética específica que module nuestro comportamiento de cara a la sociedad moderna, integrando la diversidad y complejidad de nuestros tiempos. En este caso, solamente a través del bienestar y de la participación social efectiva se podrá lograr un verdadero proyecto político de país; de lo contrario, la ciudadanía rural se convertirá en objeto de meras proclamas a agitar cada cuatro años.


Raúl Carbajal López es investigador en la Universidad de Oviedo.

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