«Menos corrupción siempre equivale a más democracia»

El fenómeno de la corrupción en España acumula numerosos casos que, a lo largo de la historia, han sacudido el país. Pocas instancias de la Administración se libran de un político, responsable o director que haya cometido alguna ilegalidad. «La corrupción suele mencionarse como una de nuestras peculiaridades. Algo así sería impensable en otros países europeos, más identificados con la puntualidad, la excelencia organizativa o la precisión para fabricar relojes», reflexiona Joaquim Bosch,  magistrado y exportavoz de la organización Jueces para la Democracia en su recién publicado libro, ‘La patria en la cartera’ (Ariel), donde esgrime las claves de cómo este problema ha llegado a ser uno de los más lacerantes de España y aporta numerosas ideas para fortalecer los organismos de control: mayor independencia del poder judicial, transparencia en los partidos y reducción de los puestos públicos elegidos de forma discrecional.

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A la hora de abordar la conversación sobre la corrupción en España, puede llegar a parecer que lo se denosta es el país en sí y no esa práctica en concreto. Pero antes de ahondar en ello, ¿cuáles son las fortalezas democráticas del país? 

Este no es un libro amable ni pretende serlo, porque aborda la corrupción a lo largo de la historia más reciente de España y toda esta historia es compatible con los principios democráticos ya asentados en el país y las mejoras que se han producido en cada uno de los contextos. España tiene valoraciones muy positivas en los principales indicadores internacionales en materia de calidad democrática; estamos entre los primeros diez países en limpieza en procesos de elección, eficiencia en la organización de las elecciones a todos los niveles y también respecto al pluralismo político. Esto es algo muy positivo si tenemos en cuenta que en el siglo XIX éramos un país muy atrasado. El término ‘pucherazo’ viene de esos tiempos en los que la corrupción era absoluta. Sin embargo, esos mismos indicadores nos dicen que tenemos problemas de corrupción y de debilidades institucionales en materia de separación de poderes y solidez en los organismos de control.

En sus páginas refleja que, si se aplicaran las reformas estructurales necesarias contra la corrupción, España podría incrementar hasta un 20% su PIB per cápita en un periodo de 15 años. ¿En qué se basa para esos cálculos tan optimistas? ¿Cree que la sociedad es consciente de cómo la corrupción trastoca la economía?

Ese dato procede de una investigación impulsada por la Fundación del BBVA que realizaron dos expertos en 2018. Ellos parten de indicadores procedentes del Banco Mundial para constatar que las grandes diferencias de España con otros países que tienen un mejor nivel económico, como Francia o Alemania, no afectan a la potencialidad en la producción, formación y otros aspectos de desarrollo. La gran diferencia está en el desarrollo institucional.  En los casos de corrupción no solo se pierden cientos de millones de euros de forma directa en la contratación pública, sino que también se ralentiza la economía y empeora la competitividad de las compañías al premiar a grupos empresariales que no innovan por tener asegurada esa contratación. Hay un dato que es muy poco discutible: todos los países con niveles bajos de corrupción poseen los niveles más altos de capacidad económica, como Dinamarca, Suecia, Alemania o Suiza; sobre todo porque han podido utilizar al máximo sus potencialidades económicas.

«Hay que explicar las enormes consecuencias que la corrupción tiene en la calidad de la vida diaria de la ciudadanía»

En cuanto al desconocimiento de la sociedad, ese fue uno de los principales motivos para escribir este libro. Hay que explicar las enormes consecuencias que la corrupción tiene en la calidad de la vida diaria de la ciudadanía. Sin ir más lejos, estos países más avanzados económicamente aportan prestaciones muy importantes de tipo social, en educación y salud, y reducción de las bolsas de pobreza porque su capacidad económica no está lastrada por la corrupción.

La corrupción se traduce en un uso abusivo de lo público en beneficio privado. Esta parece haber sido una práctica presente en partidos políticos de toda ideología. ¿Cómo es posible legislar contra la corrupción en un contexto así?

Yo no me atrevería a afirmar que los legisladores son corruptos, pero sí está claro que las reformas estructurales dependen de ellos, sobre todo de los principales partidos políticos. Realmente, la mayoría de los políticos son honestos, pero existe cierto conflicto de intereses que han impedido que las cúpulas de los partidos impulsen las reformas porque debilitarían su poder político interno. Tenemos el ejemplo de los cargos de confianza: existen cerca de 100.000 en toda España. Son designaciones discrecionales y puestos a dedo en las Administraciones públicas. Esa cifra no tiene equivalente, ni de lejos, en ningún país democrático y es un problema en la lucha contra la corrupción, porque no tenemos los controles internos independientes e imparciales que son esenciales para frenarla. Si hemos sustituido a los trabajadores de la alta dirección por cargos de partido es muy difícil que salten alarmas de corrupción por esos cargos puestos a dedo. Si evitamos tantos puestos de trabajo de estas características, también disminuiría el poder de las cúpulas de los partidos a la hora de situar a sus propios cargos en esas instituciones. Otro ejemplo son las listas electorales cerradas y bloqueadas. Así nos hemos acostumbrado a votar en España, pero en realidad es casi una excepción en Europa. Lo normal es votar listas desbloqueadas o tener un sistema que te permite elegir al candidato. Esto, que en otros países permite castigar a los corruptos por parte de la ciudadanía, también limitaría el poder de las cúpulas políticas a la hora de confeccionar la lista.

Sostiene que la dictadura franquista es un punto clave para la corrupción española, aunque esta cuente con una larga tradición anterior. Incluso llega a afirmar que «los costes políticos de cuestionar la corrupción del franquismo eran inasumibles para quienes pilotaron la Transición».

La corrupción actual es responsabilidad exclusiva de los políticos actuales, no del franquismo; pero si queremos entenderla debemos conocer su origen para comprender algunas resistencias a los cambios. En España siempre ha habido corrupción, aunque anteriormente a la dictadura de Franco las infraestructuras estatales eran mínimas. En la época de la posguerra mundial se dio un amplio desarrollo de los Estados en el mundo por todos los cambios y avances que aparecieron. Este fenómeno, que en otros países ocurrió con controles democráticos, aquí se efectuó durante una dictadura especialmente corrupta. Eso se consolidó en el ámbito sociológico con dinámicas institucionales a lo largo de 40 años, así que es ingenuo pensar que cuando Franco muriera, la corrupción se acabaría. Podría haber sido posible luchar más contra la corrupción si se hubiera dado una completa ruptura con la dictadura, pero las circunstancias de la Transición lo hacían imposible. Era muy difícil cuestionar la corrupción del franquismo por parte de la oposición de cara a los dirigentes del posfranquismo con los que se estaba negociado. En realidad, el problema de la corrupción se ignoró durante la Transición.

«Aunque la Transición consiguió articular un sistema democrático en poco tiempo, no pudo generar mecanismos anticorrupción fuertes»

El franquismo, a día de hoy, perdura en concepciones sobre la justicia propias de la dictadura, que no consideraba que los jueces tuvieran que ser independientes. Estas concepciones han continuado al seguir considerando que debe haber cierta subordinación al poder político. Falta convicción de que el poder judicial tiene que ser totalmente independiente, y eso se ve en organismos como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional o la Fiscalía: son instituciones históricamente colonizadas desde una concepción en la que falta una apuesta clara por la independencia.

De hecho, el tráfico de influencias no fue delito en España hasta los años 90, la financiación ilegal se añadió en el Código Penal en 2015 y fue en 1976 cuando se prohibió la financiación extranjera en los partidos. Y sin embargo, los castigos en ocasiones no parecen ser percibidos de forma adecuada por la ciudadanía. ¿Cree que los políticos corruptos temen las condenas judiciales lo suficiente?

Aunque la Transición consiguió articular un sistema democrático en muy poco tiempo y en una situación que en otras épocas históricas se habrían producido baños de sangre, no pudo generar mecanismos fuertes anticorrupción. Sí generó unos partidos políticos muy poco transparentes en sus cúpulas, lo que llevó a ciertos conflictos de intereses a la hora de aprobar reformas. Eso se ve en cuestiones tan escandalosas como que la financiación ilegal no haya sido delito hasta 2015, cuando existe desde 1977. Es muy significativo que hayan tenido que pasar 30 años para que haya una respuesta penal a eso. En cuanto a la percepción de la impunidad, más que insuficiencia en las regulaciones penales sobre las condenas se trata de falta de medios en los juzgados para poder perseguir estas conductas. No tanto que el castigo sea suave, sino que los propios corruptos sepan que lo que llega a los juzgados solo es la punta del iceberg.

¿Cuánto descrédito puede causar la corrupción a la democracia?

El descrédito puede hacer que baje la calidad democrática de un país. No basta que un país sea democrático para que ciertos valores estén interiorizados en la ciudadanía. En los barómetros de la Unión Europea, España se sitúa a la cola en cuanto a confianza en la clase política. No tengo ninguna duda de que la corrupción es una de las explicaciones a esa desafección. En la medida en que mejoremos estas instituciones y los cargos políticos tengan mayor credibilidad, el sistema democrático estará más interiorizado en la población. Menos corrupción siempre equivale a más democracia.

Cita el ‘caso Gürtel’ como una red corrupta «muy bien coordinada y apoyada por expertos en ingeniería financiera». ¿Se ha realizado alguna reforma con el objetivo de fortalecer los mecanismos anticorrupción tras su aparición?

El principal efecto que tuvo el ‘caso Gürtel’, en un momento de enorme indignación y rechazo a la corrupción, fue esa aprobación del 2015. De todas formas, fue insuficiente: hay que mejorar la legislación sobre contratos públicos y reforzar los medios de control internos con profesionales y no con cargos de confianza. En general, en España hemos aprobado las reformas tarde y mal, y forzados por la Unión Europea en base a sus directivas. Por ejemplo, una de ellas indica que hay que proteger a los denunciantes de corrupción, pero en nuestro país sigue sin transponerse. Habría que democratizar internamente los partidos, que actúen con mayor transparencia y solidificar la separación de poderes. Queda muchísimo trabajo por hacer contra la corrupción.

También afirma que «con frecuencia, las irregularidades en las instituciones catalanas se han pretendido esconder con pretextos políticos, presentadas sistemáticamente por los afectados como ataques al autogobierno catalán». A su juicio, ¿cuánta influencia ha tenido esta estrategia en el procés?

Las dinámicas de desviación son una constante cuando se produce corrupción política. Una forma muy habitual de proceder es embestir contra los jueces que investigan, y eso pasó en ‘Gürtel’, el caso de los ERE, o el ‘caso Filesa’. Las fuerzas políticas, en lugar de aceptar la realidad, depurar y expulsar a los corrompidos, casi siempre realizan estas maniobras. Así, en Cataluña, la maniobra por excelencia fue el victimismo que vinculaba investigaciones por corrupción con ataques a Cataluña en sí. Lleva ocurriendo desde los años 80, cuando Jordi Pujol fue investigado por el ‘caso Banca Catalana’. Ha pasado después con otros casos en los que las sentencias dictadas y los indicios de procedimientos en marcha nos indican que hay un serio problema de corrupción en la región que no se puede esconder con otros argumentos.

«En Cataluña, la maniobra por excelencia ha sido el victimismo que vincula investigaciones por corrupción con ataques a Cataluña en sí»

El tema del procés es algo muy importante para el conjunto de España, y a partir de ahí son muy legítimas las posiciones independentistas, autonomistas y centralistas, pero se debe afrontar sin mezclarlo con cuestiones con las que no tienen relación. ‘Caso Palau’, las mordidas que ingresó Convergencia, sobornos a ITV, el ‘caso del 3%’… Nada de esto tiene que ver con el procés: esta estrategia de embestir contra los jueces en situaciones de mucha polarización política puede calar y cohesionar a las bases del propio partido afectad y avivar fanatismos. Se utiliza por eso, porque puede dar resultado.

«La integridad institucional no debería ser de izquierdas o de derechas, sino un rasgo distintivo de nuestros organismos públicos», afirma. ¿Por qué cree que España carece de esa integridad institucional?

Yo me he esforzado todo lo que he podido para que el libro no tuviera un enfoque ideológico, aunque podría haber sido legítimo. Parto de una premisa previa a la ideológica, y es que nuestro país debe dotarse de unas reglas justas, igualitarias y constructivas de funcionamiento institucional para equipararnos con los países más avanzados en la material. En cuestiones de corrupción está casi todo inventado. Las reglas generales nos indican que no existe un gen corrupto que pueda tener un país o una cultura, sino problemas en la configuración de las instituciones. En la medida en que se dé un desarrollo con mecanismos sólidos de prevención, persecución y castigo de la corrupción, esta forma de delito se podrá mantener en niveles más bajos. Si tenemos este problema es porque están fallando las reglas básicas, no las ideológicas, sino el funcionamiento esencial de las instituciones.